El Directorio del Partido Nacional resolvió enviar a la Comisión de Ética el caso de Nicolás Hernández y Joaquín Campos, los dos ediles de la lista 22 que acompañaron los cuatro préstamos solicitados por la Intendencia de Montevideo. La decisión abre una nueva tensión interna en la oposición, después de una votación que habilitó US$ 260 millones para saneamiento, limpieza, calles y veredas.

La votación que quebró la línea blanca

El Partido Nacional abrió un frente interno después de la aprobación de los cuatro préstamos extrapresupuestales impulsados por la Intendencia de Montevideo. El Directorio blanco resolvió derivar a la Comisión de Ética la actuación de Nicolás Hernández y Joaquín Campos, ediles de la lista 22, que votaron junto al Frente Amplio los proyectos de saneamiento, limpieza, calles y veredas.

La decisión no implica una sanción automática, pero sí instala una señal política fuerte hacia dentro del partido. La Comisión de Ética deberá estudiar el caso y luego elevar un informe al Directorio, que será el órgano encargado de definir los pasos siguientes.

El punto que generó molestia en la interna nacionalista fue que la mayoría de los ediles blancos acompañó únicamente el préstamo de saneamiento, una línea que el partido ha respaldado históricamente. Hernández y Campos, en cambio, votaron los cuatro proyectos. Con esos apoyos, más los del colorado Federico Paganini y el independiente Guillermo Kruse, la Intendencia alcanzó la mayoría especial necesaria para aprobar el paquete completo.

La discusión deja expuesta una tensión más profunda: si la oposición debe bloquear los instrumentos de financiamiento de una administración frenteamplista o si puede negociar cambios, controlar la ejecución y votar obras concretas para los barrios.

US$ 260 millones para saneamiento, limpieza, calles y veredas

El paquete aprobado quedó en US$ 260 millones, después de varias negociaciones y cambios respecto a la propuesta inicial. El plan de saneamiento será el de mayor peso, con US$ 130 millones. Ese proyecto fue aprobado por unanimidad e incluye obras de ampliación de redes, drenaje, mitigación de inundaciones y mejoras de infraestructura.

El plan de limpieza quedó en US$ 50 millones, luego de reducirse el monto original. Uno de los cambios relevantes fue retirar del fideicomiso la compra de camiones recolectores, un punto cuestionado por sectores de la oposición. La Intendencia deberá financiar esa parte por otra vía de corto plazo.

Los planes de calles y veredas quedaron en US$ 40 millones cada uno. En el caso de veredas, se eliminó el fondo rotatorio que había generado resistencias, y se incorporaron obras vinculadas a accesibilidad e iluminación en zonas costeras. En calles, también hubo ajustes y reducciones respecto a la propuesta original.

La Intendencia además dejó por fuera el plan de revitalización de Ciudad Vieja, que no reunía los votos opositores necesarios. Ese retiro facilitó el acuerdo sobre los cuatro proyectos finalmente aprobados.

Los ediles de la lista 22 defendieron su voto con un argumento político claro: acompañar obras no equivale a respaldar toda la gestión de la Intendencia. Según esa mirada, la oposición podía incidir en los montos, exigir modificaciones, lograr obras puntuales y después controlar la ejecución.

El castigo político a la negociación

El pase a la Comisión de Ética coloca al Partido Nacional ante una contradicción visible. Por un lado, el partido cuestiona el endeudamiento de la Intendencia y busca marcar distancia con la administración de Mario Bergara. Por otro, dos de sus ediles decidieron priorizar obras que atienden problemas concretos de Montevideo: saneamiento, inundaciones, basura, calles rotas y veredas deterioradas.

La interna blanca quedó atravesada por esa diferencia. Para los sectores más duros, la votación de Hernández y Campos debilitó la estrategia opositora y le dio aire político al gobierno departamental. Para los ediles de la lista 22, la negociación permitió bajar montos, sacar puntos cuestionados y asegurar recursos para obras que los vecinos reclaman desde hace años.

La decisión del Directorio también proyecta un mensaje hacia otros dirigentes departamentales: apartarse de la línea mayoritaria puede tener costo político. La discusión ya no se limita a los fideicomisos de Montevideo. También toca el margen de autonomía que tienen los ediles, la forma en que los partidos procesan sus diferencias internas y el lugar que ocupan las necesidades barriales frente a la disciplina partidaria..