El Ministerio del Interior analiza adaptar al fútbol uruguayo una herramienta utilizada en Reino Unido: oficiales policiales asignados de forma estable a los clubes, con vínculo directo con dirigentes, encargados de seguridad e hinchadas. La clave estará en evitar que la prevención derive en vigilancia indiscriminada y en exigir a los clubes una responsabilidad real frente a los grupos violentos.

El modelo británico que mira Uruguay

El Ministerio del Interior estudia incorporar policías permanentes vinculados a los clubes para monitorear, coordinar y anticipar situaciones de violencia asociadas al fútbol. La idea surge después de una misión oficial a Londres y de un intercambio con autoridades británicas especializadas en seguridad deportiva.

El esquema tomado en cuenta es el de los Dedicated Football Officers, oficiales policiales asignados al fútbol que trabajan de forma estable con clubes, hinchas, responsables de seguridad y autoridades. Su tarea no se limita al día del partido. Conocen la realidad de cada institución, siguen la evolución de los grupos de riesgo, coordinan operativos y actúan de puente entre la Policía y el entorno de los clubes.

Reino Unido desarrolló ese modelo tras décadas de violencia vinculada al hooliganismo. La respuesta británica combinó presencia policial especializada, inteligencia, control judicial, exclusión de personas violentas, coordinación con clubes y seguimiento de hinchadas en partidos locales e internacionales.

Uruguay busca tomar elementos de esa experiencia, no copiarla de forma automática. El fútbol uruguayo tiene otra escala, otra estructura social y otra historia de vínculo entre clubes, barras, dirigentes y Policía. Por eso la discusión no debería quedar reducida a traer una receta extranjera, sino a ordenar una política pública capaz de prevenir sin criminalizar a la hinchada en general.

Conocer antes, intervenir mejor

La Dirección General de Seguridad en el Deporte ya existe dentro del Ministerio del Interior. Es una unidad especializada que trabaja en prevención, detección, colección de información, análisis, producción de inteligencia e investigación de hechos de violencia vinculados al deporte. También asesora al mando superior, coordina espectáculos con federaciones, asociaciones e instituciones deportivas, controla personas impedidas de ingresar y ejerce el derecho de exclusión en los casos previstos.

La novedad estaría en dar un paso más: asignar referentes policiales permanentes a los clubes. Eso permitiría pasar de una lógica centrada en el operativo de cada partido a una estrategia más cotidiana, con conocimiento previo de las hinchadas, los liderazgos internos, los focos de conflicto, los desplazamientos, los antecedentes y las señales de riesgo.

Ese punto puede ser útil. La violencia en el fútbol no aparece solamente en la tribuna durante los noventa minutos. Se organiza antes, circula en redes, se mueve por barrios, viajes, entradas, favores, códigos internos y relaciones de poder. También se alimenta de zonas grises entre dirigentes, referentes de barras, seguridad privada y beneficios entregados durante años sin demasiada transparencia.

Un policía que conoce el terreno puede prevenir mejor que un operativo que llega tarde. Puede detectar tensiones, advertir desplazamientos, identificar personas con prohibición de ingreso, coordinar con clubes y evitar que la única respuesta sea el choque en la puerta del estadio.

Los clubes también tienen que responder

El problema de las barras bravas no se resuelve solo con más Policía. Durante años, parte del poder de esos grupos creció por tolerancia, conveniencia o miedo dentro de los propios clubes. Entradas, viajes, acceso a espacios internos, vínculos con dirigentes, presión sobre jugadores, manejo de tribunas y capacidad de intimidación formaron parte de un fenómeno que no se explica únicamente desde la seguridad pública.

Por eso la medida puede ser útil si se acompaña de una exigencia política y deportiva: los clubes deben cortar cualquier relación funcional con grupos violentos. No alcanza con pedir operativos más grandes al Estado si puertas adentro se mantienen beneficios, silencios o negociaciones informales con quienes dañan al fútbol.

La ley uruguaya define la violencia en el deporte en sentido amplio: agresiones de hecho o de palabra contra público, participantes o autoridades, producidas antes, durante o después del espectáculo, incluso en las inmediaciones del escenario. Ese marco permite actuar, pero la aplicación necesita coordinación sostenida, información seria y decisiones firmes.

El modelo británico también muestra otro elemento central: la exclusión judicial de personas violentas. En Inglaterra y Gales existen órdenes que impiden asistir a partidos y pueden incluir obligaciones adicionales ante torneos internacionales. Esa herramienta no reemplaza la prevención social ni la responsabilidad de los clubes, pero marca una diferencia: la sanción se dirige contra quienes generan violencia, no contra toda una hinchada.

Fuentes

Ministerio del Interior, conferencia “Seguridad en eventos deportivos: el enfoque del Reino Unido sobre la gestión policial del fútbol”, 14 de mayo de 2026.