La inseguridad alimentaria moderada o grave en hogares con niños pequeños cayó del 18,9% al 14,8% en un año, según datos preliminares de la Encuesta Continua de Hogares. El presidente Yamandú Orsi celebró el resultado, que representa la mayor reducción interanual para este grupo desde que comenzó la medición en 2022.
Uruguay registró una mejora significativa en uno de los indicadores sociales más sensibles: el acceso a la alimentación en los hogares donde viven niños menores de seis años. Los nuevos datos oficiales muestran una reducción de 4,1 puntos porcentuales en la inseguridad alimentaria moderada o grave durante el último año.
El presidente Yamandú Orsi celebró este martes 27 de octubre la información a través de su cuenta oficial de X, donde destacó que una mejora en la alimentación de los niños es una de las noticias que más satisfacción produce comunicar.
El mandatario también dejó claro que el resultado no significa que el problema esté resuelto: el objetivo es que ningún niño tenga que pasar hambre en Uruguay.
La mayor reducción en cuatro años de mediciones
Los resultados fueron presentados el lunes 26 de octubre por la directora del Instituto Nacional de Alimentación (INDA), Micaela Melgar, durante la Jornada Nacional sobre Derecho a la Alimentación, realizada en el salón de actos de Torre Ejecutiva, en Montevideo.
Según la información publicada oficialmente por Presidencia de la República, la inseguridad alimentaria moderada o grave en el conjunto de los hogares uruguayos descendió del 13,2% al 12,4%, mientras que la inseguridad grave pasó del 1,9% al 1,5%.
La mejora más pronunciada se registró en los hogares con niños menores de seis años, donde el indicador general bajó del 18,9% al 14,8%. En ese mismo grupo, la inseguridad alimentaria grave disminuyó del 2,2% al 1,8%.
Se trata de datos preliminares obtenidos mediante la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE), que utiliza una escala internacional para medir las dificultades de acceso a los alimentos por falta de recursos.
La distinción es importante: estos porcentajes no representan diagnósticos médicos de desnutrición infantil, sino hogares que experimentan restricciones en su alimentación.
Aunque la reducción es significativa, el 14,8% indica que aproximadamente uno de cada siete hogares con niños pequeños continúa enfrentando inseguridad alimentaria moderada o grave.
Políticas públicas y reducción de las desigualdades
La evolución del indicador adquiere particular relevancia porque afecta a una población que depende directamente de las condiciones económicas y sociales de sus hogares.
Durante la presentación, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, relacionó los avances con las decisiones adoptadas por el gobierno para reducir la pobreza infantil, mejorar los ingresos familiares y fortalecer las políticas de alimentación escolar y liceal.
El informe también muestra una mejora entre los hogares de menores ingresos. En el primer quintil, que reúne al 20% de los hogares con ingresos per cápita más bajos, la inseguridad alimentaria moderada o grave pasó del 33% al 31,8%, mientras que la grave descendió del 5,8% al 4,8%.
Las cifras constituyen una señal favorable para las políticas sociales, aunque por sí solas no permiten establecer cuánto de la reducción corresponde a cada medida gubernamental.
El acceso a una alimentación suficiente y saludable depende de factores que van más allá de la entrega de alimentos: los ingresos del trabajo, las transferencias sociales, el costo de vida y las condiciones materiales de las familias forman parte del mismo problema.
En ese sentido, el informe nacional del INE sobre inseguridad alimentaria de 2025 ya identificaba a los hogares con menores de seis años y a los de menores ingresos como los sectores más expuestos.
El derecho a la alimentación como compromiso del Estado
La presentación de los nuevos resultados tuvo lugar durante una jornada interinstitucional organizada para avanzar en una agenda nacional sobre sistemas alimentarios y derecho a la alimentación.
Participaron autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y del Ministerio de Salud Pública.
Micaela Melgar destacó la necesidad de acelerar la reducción de estos indicadores y sostenerla en el tiempo. También advirtió que, pese a los avances, la infancia continúa más expuesta a la inseguridad alimentaria que el conjunto de la población.
Uruguay tiene una capacidad de producción alimentaria que supera ampliamente las necesidades de su población. Sin embargo, producir suficientes alimentos no garantiza que todos los hogares puedan acceder a ellos.
Redacciòn