María Laura Pagliotti, médica y presidenta del Instituto Asistencial Colectivo de Treinta y Tres, fue imputada por la presunta usurpación de título. La Justicia le prohibió ejercer la cardiología durante 90 días mientras avanza un caso originado en denuncias de usuarias y en un expediente abierto por el Ministerio de Salud Pública desde 2019.
Es médica, pero no terminó la especialización en Cardiología
María Laura Pagliotti obtuvo el título de doctora en Medicina en el año 2000 y comenzó a cursar el posgrado en Cardiología en 2005. Sin embargo, de acuerdo con la documentación incorporada al expediente del MSP, no completó la formación necesaria para obtener el título de especialista.
En 2018 volvió a inscribirse para finalizar el posgrado. La Comisión Directiva de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina determinó entonces que todavía debía cursar un semestre de Policlínica Cardiológica, aprobar la evaluación correspondiente, presentar trabajos escritos de primero y segundo año, elaborar una monografía y rendir la prueba final.
La Universidad le concedió un plazo de tres años, prorrogable por uno adicional. Ese período venció en 2022 sin que obtuviera el título de especialista.
A pesar de esa situación, la página oficial del Instituto Asistencial Colectivo continúa identificando a Pagliotti como presidenta de la institución. El sitio también la incluye dentro de los horarios de atención correspondientes a Cardiología y en la realización de estudios de ergometría y Holter.
La fiscal de primer turno de Treinta y Tres, Ana Baricevich, promovió la imputación por la presunta usurpación de título. La sede judicial dispuso como medidas cautelares la fijación de domicilio, la prohibición de salir del país y la prohibición de ejercer la cardiología durante 90 días.
La denuncia comenzó por la atención de un niño con una cardiopatía compleja
El expediente del MSP se inició en 2019, después de que una usuaria de IAC preguntara formalmente qué título tenía Pagliotti. La consulta surgió por la atención de su hijo, que había nacido con tetralogía de Fallot, una cardiopatía congénita compleja.
El niño era controlado en el Sanatorio Americano de Montevideo mediante pases otorgados por la mutualista de Treinta y Tres. Según declaró la madre, esos traslados comenzaron a ser rechazados cuando Horacio Pagliotti, hermano de la médica, asumió responsabilidades en la dirección de IAC.
La denunciante sostuvo que desde la institución le comunicaron que no era necesario continuar trasladando al paciente porque la mutualista contaba con una “excelente cardióloga” en Treinta y Tres, en referencia a María Laura Pagliotti. La madre cuestionó que la infraestructura disponible en el departamento fuera suficiente para atender una patología de esa complejidad.
El MSP consultó a la institución y la respuesta fue firmada por Horacio Pagliotti, entonces director técnico de IAC. Allí se informó que su hermana se había recibido como médica en 2000, había comenzado el posgrado en 2005 y se había reinscripto en 2018 para finalizarlo.
En 2024 se presentó una segunda denuncia, realizada por otra usuaria sin relación con el primer caso. A diferencia de lo ocurrido en 2019, esa denuncia fue remitida por el MSP a la Fiscalía durante la anterior administración.
El respaldo de FEMI y el derecho de los pacientes a conocer las credenciales
La Federación Médica del Interior expresó su “plena solidaridad y respaldo institucional” a Pagliotti. La gremial sostuvo que el caso expone un problema estructural del sistema sanitario, especialmente en el interior del país, donde la escasez de especialistas lleva a que médicos que todavía cursan posgrados cubran funciones correspondientes a determinadas especialidades.
FEMI afirmó que alrededor del 30% de los médicos que desempeñan tareas propias de una especialidad se encontrarían en una situación similar, sin haber terminado el posgrado respectivo. La cifra fue presentada por la gremial y no consta que haya sido validada públicamente por el MSP.
La organización también cuestionó que profesionales cuya actividad fue conocida o tolerada durante años por instituciones públicas y privadas queden expuestos individualmente a consecuencias judiciales. Además, se declaró en asamblea permanente y reclamó al Ministerio de Salud Pública una regulación que otorgue mayor seguridad jurídica.
Ese problema general no elimina la obligación de informar con claridad a los pacientes. Una persona recibida como médica puede intervenir en la atención de enfermedades cardíacas; lo que se investiga es si Pagliotti se presentó ante los usuarios como cardióloga sin haber obtenido ni registrado ese título.
La presidenta de la Junta Nacional de Salud, Gabriela Pradere, evitó pronunciarse sobre la responsabilidad de la profesional mientras el caso se encuentra en manos de la Justicia, pero remarcó que los pacientes tienen derecho a conocer quién los atiende y qué formación posee.
El artículo 167 del Código Penal castiga a quien se atribuya títulos académicos o ejerza profesiones para las cuales se necesita una habilitación especial. El proceso deberá determinar si la conducta investigada encuadra en esa disposición. La imputación no equivale a una condena y Pagliotti conserva la presunción de inocencia.