El dirigente de la CSUTCB fue aprehendido y acusado de cinco delitos, incluido terrorismo, mientras 335 personas son investigadas por las movilizaciones de mayo y junio. La utilización masiva del sistema penal contra dirigentes sociales profundiza las dudas sobre el respeto al debido proceso bajo el estado de excepción decretado por Rodrigo Paz.

Una detención dentro de una ofensiva judicial más amplia

La Policía boliviana aprehendió la noche del viernes 17 de julio a David Quispe Machaca, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CSUTCB, por su presunta participación en las protestas y bloqueos que se extendieron durante más de 50 días entre mayo y junio.

Quispe fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, en La Paz. La Fiscalía lo investiga por instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

Según el Ministerio Público, el dirigente habría convocado ampliados, cabildos sindicales y realizado declaraciones públicas vinculadas con las medidas de protesta. Su defensa rechazó la acusación y sostuvo que Quispe nunca llamó a tomar las armas, desconocer al gobierno constitucional ni cometer delitos.

La imputación forma parte de una ofensiva judicial de enormes dimensiones. La Fiscalía Departamental de La Paz informó que existen 114 procesos penales, 75 de ellos iniciados de oficio, con 335 personas investigadas y al menos 26 bajo detención preventiva por hechos relacionados con el conflicto social.

La persecución también alcanza a dirigentes de la Federación Túpac Katari. Vicente Salazar fue detenido a comienzos de julio y enviado preventivamente a prisión durante seis meses. David Mamani, exdirigente de la misma organización, permanece en la clandestinidad porque, según su defensa, considera que no existen garantías para su libertad ni para un proceso imparcial. La Policía maneja la posibilidad de que haya abandonado Bolivia, aunque esa versión no fue confirmada.

Un estado de excepción que amplía el poder represivo

El gobierno de Rodrigo Paz decretó el 20 de junio un estado de excepción de alcance nacional y por un plazo máximo de 90 días. La medida habilitó el despliegue de las Fuerzas Armadas junto con la Policía y estableció restricciones generales para enfrentar los bloqueos y restablecer el abastecimiento. Posteriormente fue ratificada por la Asamblea Legislativa.

La declaración se produjo pocas horas después de que el Gobierno y la conducción de la Central Obrera Boliviana alcanzaran un acuerdo de pacificación. Sectores campesinos e indígenas rechazaron ese entendimiento, cuestionaron a la dirigencia de la COB y denunciaron que el acuerdo dejó desprotegidos a quienes participaron en las movilizaciones.

Las diferencias se profundizaron después de que dirigentes sociales fueran detenidos o quedaran sometidos a investigaciones penales. La Federación Túpac Katari llegó a evaluar su continuidad dentro de la COB y acusó a su conducción de haber negociado con el Ejecutivo sin resolver la situación de los procesados.

Los datos de la propia Defensoría del Pueblo permiten dimensionar la respuesta estatal. Hasta el 21 de junio había registrado 583 personas arrestadas, de las cuales 255 fueron imputadas penalmente. Cuarenta recibieron detención preventiva, 42 detención domiciliaria y otras 42 ya habían sido condenadas mediante procedimientos abreviados. Entre los delitos utilizados aparecen terrorismo, asociación delictuosa, instigación pública, afectación de los servicios públicos y atentados contra el transporte.

El uso reiterado de la figura de terrorismo contra dirigentes cuya actuación pública consistió, según la propia Fiscalía, en convocar reuniones, cabildos o medidas sindicales representa una señal alarmante. La investigación de hechos concretos de violencia es una obligación estatal, pero convertir la dirección de una protesta en una conducta terrorista amenaza el derecho de organización de todo el movimiento sindical, campesino e indígena.

El estado de excepción no puede transformarse en una autorización para suspender garantías constitucionales, realizar detenciones arbitrarias o imponer encarcelamientos preventivos como forma de castigo anticipado. La responsabilidad penal debe ser individual, probada y definida mediante procesos independientes, no atribuida colectivamente por la pertenencia a una organización social.

Las víctimas del conflicto no justifican una persecución colectiva

Las movilizaciones y los bloqueos provocaron consecuencias graves para la población. La Defensoría del Pueblo documentó 88 personas heridas y 22 fallecimientos ocurridos en el contexto del conflicto. De esos decesos, 19 correspondieron a terceros afectados por bloqueos, dificultades para llegar a centros sanitarios o accidentes, mientras tres eran personas movilizadas presuntamente afectadas durante operativos de las fuerzas de seguridad.

El organismo también registró más de 5.000 transportistas varados, escasez de medicamentos y oxígeno, afectaciones a centros de acogida y 38 incidentes contra periodistas y trabajadores de prensa. Las agresiones provinieron tanto de integrantes de las movilizaciones como de funcionarios encargados del orden público.

Estos hechos deben ser investigados con objetividad. Defender el derecho a la protesta no implica justificar ataques, destrucción de bienes, impedimentos deliberados al paso de ambulancias ni acciones que pongan en riesgo la vida. Pero tampoco permite utilizar el sufrimiento de la población para construir una causa penal general contra cientos de campesinos, trabajadores y dirigentes.

La propia Defensoría advirtió que la crisis estuvo atravesada por la ausencia de canales de diálogo, la desconfianza institucional, la polarización y la proliferación de discursos de odio y discriminación. También reclamó que las investigaciones se desarrollen con celeridad, transparencia, objetividad y debida diligencia.

El gobierno de Rodrigo Paz tiene la obligación de investigar los delitos que efectivamente se hayan cometido, pero también debe garantizar el derecho a la defensa y abandonar la utilización expansiva de la acusación de terrorismo. Una democracia no se fortalece llenando cárceles con dirigentes sociales ni reemplazando el diálogo político por órdenes de aprehensión.

La detención de David Quispe, el encarcelamiento de Vicente Salazar, la situación de clandestinidad de David Mamani y la existencia de centenares de investigados muestran que el estado de excepción está dejando de ser una respuesta transitoria para convertirse en un instrumento de disciplinamiento social.

---