El Congreso hondureño aprobó una moción para impulsar la construcción de una prisión de máxima seguridad, después de que una delegación parlamentaria visitara el Cecot de El Salvador. La iniciativa contempla recurrir al endeudamiento público y avanza en medio de una política de endurecimiento penal, mientras organizaciones de derechos humanos advierten sobre las consecuencias del modelo salvadoreño.

Una nueva cárcel para enfrentar a las pandillas

El Congreso Nacional de Honduras aprobó una moción para respaldar las gestiones destinadas a construir un establecimiento penitenciario de máxima seguridad, concebido principalmente para alojar a integrantes de organizaciones criminales como la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. La resolución constituye un nuevo avance en la política de seguridad del gobierno de Nasry Asfura, que busca ampliar la capacidad carcelaria y endurecer las condiciones de reclusión.

La iniciativa fue impulsada por el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, después de encabezar una delegación que visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), construido por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. Las autoridades hondureñas pretenden incorporar algunas de sus medidas de aislamiento, vigilancia y restricciones de comunicación, aunque sostienen que no se construirá una reproducción idéntica del establecimiento salvadoreño.

La moción cuenta con el respaldo de distintos sectores parlamentarios, incluido el opositor Partido Libertad y Refundación (Libre). Sus legisladores señalaron la contradicción del Partido Nacional, que anteriormente había cuestionado una propuesta de la expresidenta Xiomara Castro para construir una cárcel de máxima seguridad fuera de las zonas urbanas.

Endeudamiento y endurecimiento del régimen penitenciario

El proyecto contempla obtener recursos mediante fondos nacionales, emisión de bonos de deuda pública o préstamos internacionales. La Secretaría de Finanzas y el Instituto Nacional Penitenciario deberán avanzar en la determinación de costos, la selección del terreno y el diseño de las instalaciones. Todavía no se ha establecido un presupuesto definitivo ni una ubicación para el establecimiento.

Zambrano pretende que las obras comiencen antes de finalizar 2026, con un período estimado de construcción de ocho a diez meses. La propuesta está vinculada con las reformas penales que buscan intensificar la persecución de las pandillas y otras estructuras del crimen organizado, cuyo efecto podría incrementar considerablemente la población penitenciaria.

Las modificaciones al régimen carcelario ya permiten aplicar condiciones de máxima seguridad a determinadas personas procesadas que todavía no recibieron una condena. Entre las medidas anunciadas figuran la permanencia durante 23 horas y media diarias en las celdas, restricciones a las comunicaciones y mayores controles sobre las visitas. Esta ampliación del régimen de aislamiento introduce un debate sobre las garantías judiciales y el tratamiento de quienes permanecen privados de libertad sin sentencia firme.

El modelo salvadoreño y el costo de los derechos humanos

El gobierno de Bukele convirtió el encarcelamiento masivo en el principal símbolo de su política de seguridad. La reducción de los homicidios y del control territorial de las pandillas es presentada por sus autoridades como prueba de eficacia, pero el sistema también ha sido objeto de graves denuncias internacionales por detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia.

En julio de 2026, Amnistía Internacional documentó más de 90.000 detenciones desde la implantación del régimen de excepción salvadoreño y al menos 470 fallecimientos bajo custodia estatal. La organización advirtió que las prácticas registradas podrían constituir crímenes de lesa humanidad y señaló que numerosas personas fueron encarceladas sin pruebas individualizadas suficientes de participación en actividades criminales.

Honduras enfrenta problemas persistentes de violencia, extorsión y presencia de organizaciones criminales. Sin embargo, la adopción de mecanismos inspirados en el Cecot traslada al país una discusión que excede la infraestructura penitenciaria: el alcance de las facultades represivas del Estado, la presunción de inocencia y la protección de derechos fundamentales.

El nuevo establecimiento sigue en etapa de planificación. Quedan pendientes su costo, financiamiento, ubicación y capacidad, mientras el Congreso avanza en reformas que ampliarán las atribuciones del sistema penitenciario y las condiciones de encierro.

Redacciòn