La Policía ingresó al inmueble luego de que residentes pidieran ayuda desde una ventana y denunciaran que estaban encerrados, sin agua y con personas caídas. La propietaria y la encargada fueron detenidas, mientras el Mides y el MSP coordinan la atención y reubicación de los afectados.
El pedido de ayuda que permitió entrar al inmueble
Un pedido de auxilio realizado desde una ventana permitió descubrir las condiciones en las que vivían más de 20 personas mayores dentro de un residencial clandestino ubicado en la esquina de Mateo Cabral y Comercio, en el barrio La Unión.
El operativo comenzó alrededor de las 22:00 del viernes 10 de julio, después de que el Centro de Comando Unificado recibiera una alerta por gritos provenientes del interior de la vivienda.
Cuando los efectivos de la Unidad de Respuesta Policial Móvil llegaron al lugar, encontraron a dos mujeres y un hombre que pedían ayuda desde una ventana. Manifestaron que estaban encerrados, que algunas personas habían sufrido caídas y que necesitaban agua y alimentos.
Como el acceso principal se encontraba cerrado, una vecina permitió que los policías ingresaran por la azotea de una vivienda lindera. Los efectivos debieron derribar una puerta para acceder al sector donde se encontraban los residentes.
Dentro del inmueble hallaron entre 22 y 24 personas mayores distribuidas en espacios reducidos, con humedad, suciedad, deterioro edilicio y condiciones incompatibles con una atención digna.
Un establecimiento sin habilitación y con capacidad excedida
La investigación determinó que el establecimiento funcionaba sin habilitación oficial. La propietaria habría reconocido ante la Policía que operaba de manera irregular y que había superado la capacidad de alojamiento del inmueble.
Familiares de algunos residentes denunciaron además que las visitas eran recibidas en un sector presentado como residencial, mientras que parte de las personas mayores era trasladada posteriormente hacia otra vivienda en condiciones mucho más precarias.
Cuatro residentes debieron ser trasladados a centros asistenciales debido a su estado de salud. La propietaria y la encargada fueron detenidas y quedaron a disposición de la Fiscalía de Flagrancia de 9.º turno. Hasta el cierre de esta nota no se había informado una resolución judicial.
El Instituto Nacional de las Personas Mayores desplegó un equipo en el lugar y coordinó con el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Alimentación la entrega de alimentos, la limpieza del establecimiento y la presencia de personal de cuidados.
También comenzaron las entrevistas con familiares para determinar qué personas pueden regresar con sus entornos cercanos y cuáles necesitan ser trasladadas a otros centros.
Una vulneración de derechos que exige controles y respuestas públicas
Los establecimientos de larga estadía deben contar con registro ante el Ministerio de Salud Pública, certificado social del Ministerio de Desarrollo Social y habilitación final sanitaria. Estas exigencias no son trámites administrativos secundarios: buscan garantizar condiciones edilicias adecuadas, alimentación, higiene, atención médica y una cantidad suficiente de trabajadores capacitados.
El caso de La Unión expone nuevamente la situación de personas mayores que, por dependencia física, falta de recursos o ausencia de redes familiares, quedan expuestas a negocios clandestinos que reducen costos mediante el hacinamiento y la eliminación de cuidados básicos.
La respuesta no puede limitarse a clausurar una vivienda y detener a sus responsables. El Estado debe investigar las posibles responsabilidades penales, fortalecer las inspecciones y garantizar lugares dignos para quienes no tienen una familia o recursos económicos capaces de sostener cuidados privados.
Las personas mayores encontradas en La Unión no estaban simplemente alojadas en un local sin papeles. Estaban encerradas, pedían agua y tuvieron que gritar desde una ventana para que alguien las escuchara.