El Partido Nacional suspendió durante dos años al edil Gonzalo Gómez por haber destinado fondos públicos al salario de Pablo Leiva sin que este realizara tareas. Pero cuando el Comité de Ética llegó al punto más elemental —saber cómo, cuándo y a quién fue efectivamente ese dinero— no había comprobantes y tampoco hubo preguntas. Mientras ese vacío quedaba expuesto, Jorge Gandini, conductor de Por la Patria y dirigente de referencia del sector de Gómez, atravesó una semana marcada por Operación Trazador y Conexión Ganadera con escasa actividad política pública y apariciones concentradas en responder por ambos asuntos.
Una sanción sin reconstruir el camino del dinero
El Partido Nacional quiso poner un punto político al caso Gonzalo Gómez. Su Directorio hizo suyo el dictamen de la Comisión de Ética, suspendió durante dos años los derechos y obligaciones partidarias del edil y sostuvo que durante ese período debería apartarse de su banca en la Junta Departamental de Montevideo. También tomó conocimiento del compromiso de Gómez de devolver las sumas que la Junta destinó al salario de Pablo Leiva durante los meses en que figuró como asesor sin realizar las tareas correspondientes. El propio dictamen había definido aquello como una erogación de dinero público sin contraprestación, un uso indebido de recursos y un daño patrimonial que debía ser reparado.
Hasta ahí llegó el Partido Nacional. Este martes, Carmen Asiaín, integrante del Comité de Ética, reveló en Así Nos Va, de Radio Carve, un dato que cambia el espesor del asunto: Gómez no presentó comprobantes de las transferencias correspondientes al dinero que debía recibir Pablo Leiva y el propio Comité no le preguntó por ellos. Asiaín explicó que el órgano partidario no dispone de las potestades de la Justicia para investigar el destino final de esos fondos. También reconoció que no pudieron establecer si el edil retuvo o no una parte del dinero porque no contaban con elementos para demostrarlo. La falta ética que sí dieron por probada fue otra: recursos de los montevideanos fueron utilizados para pagar una tarea que nunca se realizó.
Ese límite jurídico puede explicar por qué una comisión partidaria no puede levantar cuentas bancarias, ordenar pericias o seguir una ruta financiera. No explica por qué no se hizo una pregunta. El problema que queda abierto no exige atribuir delitos ni sustituir a la Fiscalía: si durante meses se pagaron aproximadamente $52.000 nominales mensuales a un asesor que no trabajaba, conocer los recibos, transferencias o cualquier constancia del pago era información básica para evaluar políticamente el manejo de fondos públicos. El Partido Nacional sancionó al responsable administrativo de esa contratación y aceptó la devolución del dinero, pero terminó su actuación interna sin establecer documentalmente cómo se produjo el pago cuya restitución ahora reclama.
La contradicción es difícil de soslayar. La resolución oficial reafirma el compromiso partidario con la “transparencia” y la “correcta administración de los recursos públicos”, pero el expediente que dio origen a esa declaración no reconstruyó el recorrido de esos mismos recursos. El partido pudo determinar que hubo daño patrimonial, pudo imponer dos años de suspensión y pudo aceptar que Gómez reintegre las sumas erogadas. Lo que no determinó fue un dato anterior a todo eso: qué documentación existe del dinero que salió de la Junta para pagar a Leiva.
Mientras Gómez respondía, Gandini se fue corriendo del centro de la escena
En paralelo, la semana política de Jorge Gandini discurrió por un carril bastante distinto al que había ocupado cuando estalló Operación Trazador. Gómez pertenece a Por la Patria, sector conducido por el exsenador y actual director de la Administración Nacional de Puertos. Pablo Leiva había llegado a la secretaría del edil dentro de ese entorno político y, al mismo tiempo, la investigación de Trazador puso bajo atención pública otro punto: Leiva concurría al local de cobranzas propiedad de Laura Scalabrino, esposa de Gandini. Desde entonces, el dirigente salió inicialmente a responder, explicó públicamente el funcionamiento del comercio y pidió acceso a la carpeta de investigación fiscal.
Ese pedido terminó esta semana con una respuesta concreta de la fiscal Angelita Romano. Fiscalía negó a Gandini el acceso a las actuaciones porque no tiene calidad de indagado ni de víctima y, por tanto, es un tercero respecto de la investigación. Gandini había solicitado consultar la carpeta después de que su nombre y el de su esposa aparecieran públicamente vinculados al entorno investigado y había fundamentado su petición en la necesidad de defender su honor y el de su familia. La respuesta fiscal cerró, por ahora, esa vía: la carpeta continúa reservada para quienes no forman parte del procedimiento.
Casi inmediatamente apareció un segundo frente. El 2 de octubre se conoció que Gandini y su esposa estaban entre los acreedores de Conexión Ganadera y que una inversión registrada en su declaración jurada de 2023 ya no figuraba en las presentadas después de la caída de la empresa. Gandini volvió a hablar. Dijo que habían invertido unos US$67.000 en 2022, que el capital había sido declarado originalmente y que posteriormente lo dieron prácticamente por perdido. Su argumento fue que no correspondía declarar como patrimonio un dinero que ya no poseía y del cual esperaba recuperar apenas una fracción. “No puedo declarar un dinero que no tengo”, sostuvo al explicar su posición.
Después de esas respuestas, la presencia política pública del dirigente se redujo considerablemente. La revisión de la actividad institucional de estos días no muestra a Gandini encabezando una agenda propia que pueda compararse con la exposición que tuvo en las primeras jornadas del caso. La ANP continuó con actividades, reuniones y agenda portuaria, pero en varias comunicaciones institucionales recientes las autoridades aparecen de forma genérica o se individualiza a otros jerarcas, sin que pueda acreditarse una participación personal destacada de Gandini. Tampoco aparece en estos días una ofensiva política pública de Por la Patria que coloque al sector como protagonista de la discusión que afecta directamente a uno de sus ediles.
No significa que Gandini haya permanecido literalmente en silencio: respondió cuando apareció la información de Conexión Ganadera y previamente había promovido su pedido ante Fiscalía. Lo que desapareció es otra cosa: la iniciativa política. La semana avanzó con el dirigente reaccionando a novedades que llegaban desde afuera —Fiscalía, documentos patrimoniales, publicaciones periodísticas— mientras el caso Gómez transitaba hacia la sanción partidaria sin que el principal referente de su sector ocupara públicamente el centro de la respuesta.
Gómez sin recibos, Gandini sin agenda y un vacío que sigue abierto
El desenlace partidario sobre Gómez permite ahora mirar ambas líneas juntas. El Partido Nacional resolvió que hubo una falta ética, estableció que existió dinero público pagado sin contraprestación, sancionó al edil y asumió que ese dinero debe regresar a la Junta. Pero la declaración de Asiaín deja establecido que el expediente disciplinario terminó sin comprobantes de los pagos a Leiva y sin una investigación interna sobre su destino final. No se trata de una diferencia menor: devolver una suma no sustituye la necesidad de saber cómo fue administrada cuando salió de las arcas públicas.
El caso también obligó al propio Partido Nacional a mirar un mecanismo que hasta entonces funcionaba con márgenes de control muy amplios. Martín Lema promovió una revisión de contrataciones y pases en comisión dentro de la bancada blanca de la Junta Departamental, mientras dirigentes nacionalistas reclamaron correcciones, devolución del dinero y mayores controles. Incluso dentro del partido comenzaron a escucharse advertencias sobre los “huequitos” existentes en los sistemas de prevención y control vinculados al financiamiento y a la relación entre dinero y política.
Esa reacción partidaria contrasta con la forma en que terminó el expediente de Gómez. El mismo partido que anuncia mayor transparencia no requirió la evidencia documental más básica para reconstruir un pago que terminó siendo considerado éticamente irregular. La restitución repara patrimonialmente una parte del problema; no responde qué sucedió mes a mes mientras Leiva figuraba como asesor ni aporta los comprobantes que deberían permitir reconstruirlo.
Y ahí las dos líneas vuelven a encontrarse. Gómez queda suspendido, con la obligación política de devolver dinero cuyo recorrido el Comité de Ética no pudo establecer. Gandini, jefe de su sector, llega al final de la misma semana después de recibir una negativa de Fiscalía en Trazador, explicar públicamente su situación patrimonial en Conexión Ganadera y reducir notablemente su exposición política. El dirigente que al comienzo del caso salió a hablar y reclamar acceso a las actuaciones aparece ahora fuera del centro de la escena justo cuando el expediente partidario deja al descubierto su principal agujero.
El Partido Nacional aplicó una sanción. Lo que todavía no ofreció es una respuesta completa. La pregunta que queda después del fallo ya no es solamente por qué se pagó durante meses a una persona que no trabajaba. Es también dónde están los comprobantes, cómo se efectuaron esos pagos y por qué el órgano que debía determinar la responsabilidad ética terminó su tarea sin siquiera requerirlos. Mientras esa respuesta no aparezca, el caso Gómez tendrá sanción, devolución anunciada y condena partidaria, pero seguirá teniendo un vacío en el lugar más sensible: la ruta del dinero.
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