El Ejecutivo no hizo lugar al pedido de Katoen Natie de declarar la esencialidad en la Terminal Cuenca del Plata y eligió una salida más acotada: establecer servicios mínimos mientras continúa la negociación colectiva. La resolución garantiza operaciones indispensables del puerto, pero preserva el derecho de huelga y se acerca al criterio de la OIT, que no considera a los puertos servicios esenciales en sentido estricto.

El gobierno descartó la esencialidad

El gobierno resolvió no avanzar con la declaración de esencialidad solicitada por Katoen Natie para la Terminal Cuenca del Plata. En su lugar, los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Transporte y Obras Públicas establecieron, con carácter transitorio y limitado, un régimen de servicios mínimos que deberá aplicarse mientras persista el conflicto laboral.

Declarar la esencialidad hubiera significado avanzar sobre el ejercicio del derecho de huelga en el principal escenario del conflicto. Los servicios mínimos, en cambio, buscan asegurar determinadas prestaciones consideradas indispensables sin obligar a que toda la terminal funcione con normalidad durante una medida sindical. El derecho de huelga está expresamente reconocido por el artículo 57 de la Constitución uruguaya.

La decisión llega después de que la empresa reclamara formalmente al Ejecutivo una intervención ante las reiteradas paralizaciones. Katoen Natie sostuvo que las guardias gremiales resultaban insuficientes y planteó la necesidad de establecer turnos de emergencia y dotaciones que garantizaran la operativa. El gobierno tomó parte de esa preocupación, pero no aceptó convertirla en una declaración general de esencialidad.

Qué tendrá que funcionar aun durante los paros

La resolución establece que deberán mantenerse los servicios de muelle necesarios para la carga y descarga de buques, la recepción de contenedores llenos y vacíos, las operaciones vinculadas a importaciones y exportaciones y determinadas tareas de almacenamiento y depósito. Para cumplirlas deberá existir una dotación mínima de personal.

Esa dotación deberá abarcar las funciones necesarias para que esas operaciones puedan desarrollarse efectivamente, entre ellas trabajadores de mantenimiento, logística, administración y operadores de grúas. No se trata, por tanto, de restablecer la totalidad de la actividad habitual de TCP, sino de determinar qué estructura mínima debe permanecer disponible durante una medida de conflicto.

La resolución presta especial atención a los contenedores refrigerados, mercaderías perecederas y materiales sanitariamente sensibles. En esos casos se deberán establecer mecanismos que garanticen la operativa necesaria para evitar la ruptura de la cadena de frío, el deterioro de mercaderías o eventuales consecuencias sanitarias. Empresa y trabajadores deberán continuar negociando, al mismo tiempo, las condiciones de un nuevo convenio colectivo.

El derecho de huelga no desaparece detrás de los contenedores

La decisión adoptada tiene además un antecedente internacional relevante. Los criterios de la Organización Internacional del Trabajo establecen que los puertos no constituyen, en principio, servicios esenciales en el sentido estricto del término. Sí reconoce que, por su importancia económica y social, pueden establecerse servicios mínimos durante una huelga bajo determinadas circunstancias.

Considerar esencial una actividad puede habilitar restricciones mucho más severas sobre la huelga; establecer servicios mínimos supone delimitar las tareas que no pueden interrumpirse, sin vaciar de contenido la medida sindical. La propia OIT advierte que esos mínimos deben circunscribirse a lo estrictamente necesario y que las organizaciones de trabajadores deben participar en su determinación junto con empleadores y autoridades.

El gobierno quedó así en un punto intermedio frente a un conflicto que lleva meses de negociación, paros y sucesivos intentos de acuerdo. No aceptó la salida reclamada por Katoen Natie, pero tampoco dejó librada toda la operativa al desarrollo del conflicto. Ahora habrá un piso obligatorio de funcionamiento y la discusión volverá a donde debería encontrar una solución definitiva: la negociación colectiva entre trabajadores y empresa, con el Estado cumpliendo su papel de garantía y mediación.