El Poder Ejecutivo buscará que el directorio de la Caja de Profesionales revierta la resolución antes de su entrada en vigencia. Si la institución mantiene la medida, el gobierno prepara el camino para anularla mediante un decreto y evitar que la crisis financiera de la paraestatal genere una nueva barrera económica para acceder a la salud.
Un cobro por cada actuación registrada en la historia clínica
El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, confirmó que el cobro de $170 dispuesto por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios no comenzará a aplicarse en agosto.
La primera opción del gobierno es que el propio directorio de la Caja deje sin efecto la resolución. Si eso no ocurre, Sánchez señaló que es “altamente probable” que el Poder Ejecutivo intervenga mediante un decreto.
La medida había sido aprobada inicialmente por unanimidad el 28 de mayo. La resolución establecía que todos los informes emitidos por médicos u otros profesionales de la salud, asociados a consultas y en cualquier modalidad de atención, quedarían alcanzados por un timbre profesional de $170.
No se limitaba, por tanto, al pago de un ticket al ingresar a una consulta. El cobro podía alcanzar registros realizados en la historia clínica electrónica, recetas, solicitudes de estudios, actuaciones en emergencias, internaciones, atención domiciliaria y otras intervenciones profesionales.
Los controles para exigir el pago estaban previstos a partir del 1.º de agosto de 2026.
La Caja buscaba recaudar decenas de millones de dólares
La Caja sostuvo que no estaba creando un nuevo gravamen, sino extendiendo a las historias clínicas electrónicas la aplicación del artículo 71 de su ley orgánica, que grava determinados documentos emitidos por profesionales en ejercicio de su actividad.
Durante la discusión interna, las autoridades calcularon que el nuevo criterio podía aportar aproximadamente US$43 millones. Desde el Ministerio de Salud Pública se manejaron estimaciones todavía mayores: entre US$60 millones y US$100 millones anuales, dependiendo de la cantidad de registros alcanzados.
El 18 de junio, después de recibir las objeciones del gobierno, el directorio volvió a discutir el asunto y ratificó la decisión por cinco votos contra dos. En esa segunda instancia, los representantes del Poder Ejecutivo votaron en contra.
La resolución formaba parte de la búsqueda de nuevos ingresos para una institución que atraviesa una crisis financiera estructural y que en 2025 debió ser objeto de una reforma legal para garantizar el pago de jubilaciones y mejorar su sostenibilidad.
Sin embargo, el gobierno cuestionó que la solución consistiera en trasladar nuevos costos al conjunto de los usuarios del sistema de salud, incluidos trabajadores, jubilados, pacientes crónicos y personas que necesitan controles frecuentes.
Junasa y los trabajadores de la salud rechazaron la medida
La Junta Nacional de Salud advirtió que el timbre incorporaba un nuevo costo asociado a la atención sanitaria y podía funcionar como un incremento indirecto de las tasas moderadoras.
El organismo señaló que el impacto sería especialmente grave para las personas mayores, los pacientes con enfermedades crónicas y los hogares de menores ingresos, porque son quienes necesitan utilizar con mayor frecuencia consultas, estudios, recetas y controles.
La Federación Uruguaya de la Salud también reclamó que la resolución fuera anulada. El sindicato sostuvo que las historias clínicas son instrumentos indispensables para la asistencia y la seguridad de los pacientes, y no documentos que deban convertirse en una fuente adicional de recaudación.
El Poder Ejecutivo considera, además, que el directorio de la Caja no puede establecer por sí solo una estructura contributiva de esta magnitud y que una medida con incidencia directa sobre los precios de la salud necesita intervención estatal.
La situación financiera de la Caja continuará siendo discutida, pero el gobierno resolvió que su déficit no sea financiado mediante un cobro que penalice a quienes necesitan atención médica.