Una inspección del Ministerio de Salud Pública en el Palacio Legislativo desató la reacción de legisladores de la oposición, que hablaron de “vulneración de fueros”. Pero el fondo del asunto es más simple: en Uruguay está prohibido fumar en espacios cerrados de uso público y lugares de trabajo. También en el Parlamento.
Una ley que rige para todos, también dentro del Palacio
El Ministerio de Salud Pública inspeccionó dependencias del Palacio Legislativo para verificar el cumplimiento de la normativa que prohíbe fumar en espacios cerrados. La actuación se produjo después de que la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, advirtiera por la presencia de colillas de cigarrillos en salas del Parlamento y recordara formalmente que fumar dentro del edificio está prohibido.
La Ley 18.256, aprobada en 2008, establece la protección del derecho a un ambiente libre de humo de tabaco. La norma prohíbe fumar o mantener encendidos productos de tabaco en espacios cerrados de uso público y en espacios cerrados que funcionen como lugares de trabajo. El Palacio Legislativo no queda fuera de esa regla.
La inspección del MSP, según el acta divulgada públicamente por legisladores de la oposición y recogida por medios nacionales, recorrió diferentes áreas del edificio: salas, patios interiores, cantinas, despachos, cámaras parlamentarias y el edificio anexo. El resultado señalado en el acta fue claro: durante la visita no se constataron incumplimientos, pero se dejó cartelería oficial de prohibición de fumar o vapear.
El dato central, entonces, no es que el MSP haya encontrado una infracción. El dato político es otro: bastó que un organismo del Estado controlara una norma sanitaria vigente para que parte de la oposición lo presentara como una agresión institucional.
La oposición y el reflejo de convertir cada control en persecución
El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez calificó la actuación como “el colmo del Gran Hermano” y habló de una “verdadera vulneración de los fueros parlamentarios”. También hubo críticas del colorado Walter Verri y del senador nacionalista Sebastián Da Silva, quien ironizó en redes sociales contra los funcionarios de Salud Pública.
La reacción expone un problema político más profundo: para un sector de la oposición, todo control estatal parece transformarse automáticamente en persecución cuando el control los alcanza. Si el Estado inspecciona comercios, trabajadores, sindicatos, beneficiarios sociales o dependencias públicas, se presenta como orden, eficiencia o autoridad. Pero cuando el control toca al Palacio Legislativo, aparece el discurso del agravio, la victimización y la supuesta embestida institucional.
La ley no distingue entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Tampoco convierte a los despachos parlamentarios en zonas liberadas frente a normas sanitarias generales. El Parlamento es un poder del Estado, pero también es un lugar de trabajo. Allí circulan legisladores, funcionarios, periodistas, asesores, trabajadores de limpieza, personal administrativo y visitantes. El derecho a un ambiente libre de humo no desaparece en la puerta de un despacho.
La oposición puede discutir procedimientos, pedir coordinación institucional o reclamar garantías formales. Eso es legítimo. Lo que no resulta serio es transformar una inspección sanitaria en una escena de persecución política. Mucho menos cuando la actuación se vincula a una ley aprobada hace años, de alcance general, y sostenida por una política pública que Uruguay construyó como referencia internacional.
Fueros no es impunidad administrativa
El argumento de los “fueros” merece precisión. La Constitución protege a senadores y diputados por sus votos y opiniones en el ejercicio de sus funciones. También establece garantías frente al arresto y la acusación criminal. Pero una inspección administrativa por cumplimiento de una norma sanitaria no equivale a una persecución penal, ni a un arresto, ni a una sanción por opiniones políticas.
Los fueros existen para proteger la independencia del Parlamento frente a abusos de otros poderes. No para convertir una oficina pública en un espacio inmune a normas de salud, convivencia y seguridad. Usarlos como escudo frente a una verificación por tabaco degrada el sentido de una garantía constitucional pensada para proteger la democracia, no para blindar privilegios menores.
En el fondo, la discusión deja una postal conocida: cada vez que el Estado intenta hacer cumplir una regla, aparece un sector político que exige autoridad para los demás y excepción para sí mismo. La ley antitabaco no fue escrita contra un partido. Fue escrita para proteger la salud de todas las personas. Y si rige en un bar, en una oficina, en un hospital, en una escuela o en una dependencia pública, también debe regir en el Palacio Legislativo.