La Justicia brasileña prohibió salir del país al excandidato presidencial y le impidió mantener contacto con un empresario investigado por presunto lavado de dinero. Aunque el senador atribuye la medida a su derrota frente a Lula, el expediente ya estaba en marcha antes de las elecciones e incluye operaciones financieras, empresas de apuestas y vínculos comerciales bajo investigación.

El senador Flávio Bolsonaro fue notificado este lunes 26 de octubre de una resolución del ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), que le impide abandonar Brasil y dispone la entrega de sus pasaportes. La medida se conoció pocas horas después de su derrota frente a Luiz Inácio Lula da Silva, reelegido con el 51,79 % de los votos válidos frente al 48,21 % del candidato del Partido Liberal.

Según la información obtenida por CNN Brasil, Moraes también prohibió al senador mantener contacto con el abogado y empresario Willer Tomaz, investigado por presuntas operaciones de lavado de dinero y evasión de divisas. La causa ya involucraba a ambos antes de la segunda vuelta electoral.

La denuncia del senador y el contenido de la resolución

La primera comunicación llegó mediante un video difundido por Flávio Bolsonaro en Instagram. El senador relató que agentes de la Policía Federal lo notificaron cuando salía de visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria en Brasilia tras su condena por el intento de golpe de Estado.

Flávio aseguró que la resolución había sido adoptada durante la noche del domingo, inmediatamente después del resultado electoral. Consideró la decisión una maniobra de intimidación y anunció que la impugnaría judicialmente, aunque entregaría los documentos requeridos.

El parlamentario vinculó la orden con las declaraciones de su hermano Eduardo Bolsonaro, quien el viernes 23 de octubre participó en el programa estadounidense Louder with Crowder. Durante la entrevista, Eduardo defendió que Flávio abandonara Brasil si perdía frente a Lula. También hizo una referencia, entre risas, al eventual envío de militares estadounidenses para ayudar a su padre. Las declaraciones fueron registradas por CNN Brasil antes de la elección.

Flávio negó haber manifestado intención de abandonar Brasil. Sin embargo, la resolución comprende disposiciones que van más allá de aquellas declaraciones familiares.

Moraes ordenó cancelar su pasaporte brasileño, entregar los demás documentos de viaje dentro de 24 horas y suspender cualquier comunicación con Willer Tomaz, cuya relación con el senador está siendo examinada por los investigadores.

El contenido íntegro de la decisión permanece bajo reserva, por lo que todavía no se conocen todos los fundamentos utilizados por el magistrado.

Una investigación anterior al resultado electoral

El expediente no nació con la derrota presidencial del domingo.

El 4 de agosto de 2026, la Policía Federal anunció una nueva fase de la Operación Sem Desconto, destinada a investigar presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas con descuentos irregulares aplicados a jubilaciones y pensiones del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS).

En su comunicado oficial, la Policía Federal informó sobre 18 allanamientos en el Distrito Federal y Maranhão. Las investigaciones apuntaban a movimientos patrimoniales, cuentas de terceros y estructuras empresariales utilizadas presuntamente para ocultar el origen de recursos.

Entre los investigados figuraba Willer Tomaz, empresario vinculado al sector de las apuestas digitales. Flávio no estaba investigado en esa causa específica sobre descuentos del INSS, aunque su relación con Tomaz adquiriría relevancia en otra investigación financiera.

Posteriormente, elementos relacionados con plataformas de apuestas motivaron la intervención del Supremo Tribunal Federal. Según la reconstrucción publicada por CNN Brasil, las actuaciones fueron remitidas al STF el 8 de octubre y distribuidas a Moraes el día 16.

El propio Flávio Bolsonaro solicitó acceso al expediente el 20 de octubre, cinco días antes del balotaje. La investigación ya preocupaba a su campaña.

El viernes 23 de octubre, Moraes dispuso el bloqueo de bienes y valores vinculados a Willer Tomaz hasta un límite de 6.000 millones de reales, el levantamiento de sus secretos bancario, fiscal y cambiario, restricciones sobre sus pasaportes y medidas sobre sus actividades empresariales.

Según informó Agencia Brasil, las medidas se produjeron después de que la Policía Federal constatara la salida del empresario hacia Estados Unidos. El monto fijado como límite del bloqueo no representa dinero efectivamente encontrado.

Cuando Flávio fue notificado este lunes, la Justicia ya había adoptado medidas patrimoniales de considerable alcance. La coincidencia temporal con la derrota electoral no elimina esos antecedentes.

Apuestas, cuentas bancarias y relaciones bajo sospecha

Willer Tomaz ocupa un lugar central en las actuaciones. El empresario está vinculado con sociedades dedicadas a las apuestas digitales y estructuras comerciales que operan dentro y fuera de Brasil.

Uno de los elementos examinados por los investigadores es una posible relación financiera con Flávio que excedería la amistad reconocida por ambos.

Según documentación examinada por UOL, correos electrónicos obtenidos por la Policía Federal mencionaban al senador como usuario con atribuciones de administración sobre una cuenta del Banco Santander relacionada con Alcazar Holdings, empresa vinculada a Tomaz y registrada en Portugal.

Uno de los mensajes solicitaba desvincular a Flávio del acceso a esa cuenta. Los investigadores procuran determinar si existieron relaciones económicas o societarias entre ambos.

Flávio y Tomaz negaron haber compartido cuentas o mantenido sociedades comerciales. El empresario afirmó disponer de documentación bancaria que demostraría que el senador nunca tuvo ese acceso. Según su respuesta difundida el 24 de octubre, se trataba exclusivamente de una amistad familiar.

Las conexiones tampoco terminan en los movimientos bancarios. Una investigación de Folha de S.Paulo identificó al menos tres trayectos en aeronaves ejecutivas realizados por Flávio y Tomaz durante 2025 entre Portugal y Francia, con contrataciones vinculadas a una empresa relacionada con el negocio de apuestas.

La defensa de Tomaz reconoció los desplazamientos, pero sostuvo que fueron viajes privados entre amigos y familiares, sin contraprestaciones comerciales.

Los investigadores también examinan operaciones relacionadas con plataformas digitales de apuestas. Una investigación de UOL señaló que Tomaz depositó más de 258 millones de reales en una empresa vinculada a Blaze durante 2025, mientras el volumen acumulado de apuestas alcanzó aproximadamente 5.000 millones. La defensa sostiene que los fondos son lícitos y que buena parte del volumen corresponde a sucesivas reutilizaciones del mismo dinero.

Flávio aparece además vinculado a otras actuaciones judiciales, incluida una investigación sobre la financiación de la producción audiovisual Dark Horse, dedicada a Jair Bolsonaro, y sus relaciones con el entorno del Banco Master. Se trata de expedientes diferentes que no deben confundirse con la causa relacionada con Tomaz.

El panorama resulta más complejo que la denuncia del excandidato en sus redes sociales. Existen sospechas financieras que deberán demostrarse judicialmente, vínculos empresariales bajo investigación y resoluciones adoptadas antes de las elecciones.

La derrota electoral, confirmada por el Tribunal Superior Electoral de Brasil, modificó la situación política de Flávio Bolsonaro, pero no determina su responsabilidad penal ni convierte automáticamente las actuaciones judiciales en represalias políticas.

La cuestión pendiente es conocer los fundamentos completos de Moraes para restringir sus desplazamientos y comunicaciones, particularmente el peso otorgado a las declaraciones de Eduardo Bolsonaro y a los antecedentes financieros.

Lo que comenzó públicamente como una denuncia por la retención de pasaportes forma parte de una investigación más amplia. El caso alcanza negocios de apuestas, movimientos financieros internacionales y relaciones entre empresarios y dirigentes políticos que la Justicia brasileña todavía intenta esclarecer.

Redacción