La Fiscalía de Lavado de Activos profundizó la investigación sobre la estructura financiera vinculada a Boston River y su Sociedad Anónima Deportiva. La causa, originada en una denuncia de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, tiene bajo análisis transferencias de la Federación Venezolana de Fútbol por US$417.400, más de US$2,2 millones girados desde una cuenta en Barbados y préstamos millonarios provenientes de una sociedad registrada en Panamá. El presidente Roberto Perdomo ya declaró ante el fiscal Enrique Rodríguez, Alberto Martínez está citado para el 31 de agosto y también deberá comparecer Edmundo Kabchi, accionista mayoritario de la SAD.
Dos transferencias y explicaciones que no coinciden
El punto de partida de la investigación son dos transferencias realizadas desde una cuenta de la Federación Venezolana de Fútbol en Bandes Uruguay hacia Brimar, nombre comercial de Akumal SA, la institución financiera utilizada por Boston River. La primera fue por US$210.000 el 13 de marzo de 2019 y la segunda por US$207.400 el 16 de abril. El problema que encontraron los investigadores no está únicamente en los montos sino en las explicaciones contradictorias sobre su origen y finalidad. La FVF presentó documentación según la cual los US$207.400 correspondían a servicios financieros vinculados a competencias sudamericanas y los US$210.000 a logística, transporte y hotelería de una delegación. Sin embargo, el presidente de Brimar, Jorge Benito Benítez, declaró ante la Policía que su empresa no tenía relación comercial con la Federación Venezolana y negó que esas facturas hubieran sido emitidas por la casa de cambio. En los registros de Brimar aparecía, en cambio, una nota firmada por Alberto Martínez, entonces vicepresidente de Boston River SAD y encargado de sus finanzas desde 2017, que identificaba los fondos provenientes de la FVF como préstamos destinados al pago de la nómina del club. De esas operaciones se dispuso, entre otros movimientos, convertir unos US$152.000 para salarios, emitir un cheque por US$40.000, retirar US$10.000 y transferir otros US$40.000 a una cuenta de la Asociación Uruguaya de Fútbol con la referencia «Club Juventud (Falcon)». En aquellos años la cuenta de la Federación Venezolana en Bandes tenía como persona vinculada a Jesús Berardinelli, dirigente que posteriormente llegó a presidir la FVF y que en julio de 2020 fue detenido en Venezuela en el marco de investigaciones por presunto manejo irregular de fondos públicos y falsificación documental. Falleció pocas semanas después mientras permanecía hospitalizado.
Barbados, Panamá y más de US$2 millones rumbo a Nacional
La pesquisa no termina en los US$417.400 de la Federación Venezolana. Los informes policiales remitidos a la Fiscalía incorporaron también dos transferencias realizadas desde una cuenta bancaria en Barbados hacia el Club Nacional de Football el 20 de agosto y el 20 de setiembre de 2018, por más de US$1,2 millones y US$1 millón respectivamente. Los investigadores consideran que esos fondos podrían estar vinculados con la adquisición del 90% de los derechos económicos del futbolista Christian Oliva, pero dejaron consignado que no lograron justificar claramente el origen del dinero enviado desde Barbados. A esa ruta financiera se suma Futbol Global Management SA, sociedad registrada en Panamá y vinculada al empresario libanés nacionalizado venezolano Edmundo Kabchi, que controla el 90% de Boston River SAD, mientras el 10% restante pertenece al club. Los estados contables correspondientes a 2019 registraban bajo el rubro «préstamos con FGM» una deuda de $157.560.787, a la que se agregaban $8.340.614 en intereses. Kabchi aparece así en el centro de una estructura que conecta a la SAD uruguaya con una sociedad panameña, fondos llegados desde Barbados y relaciones históricas con el fútbol venezolano. Perdomo declaró ante la Policía que en 2019 Martínez era la persona de confianza de Kabchi y que las órdenes vinculadas a la SAD provenían principalmente del empresario.
Una denuncia de 2021 que recién ahora entra en su etapa decisiva
La UIAF presentó la denuncia ante Fiscalía en 2021, después de detectar mediante cruces de información operaciones cuya fundamentación consideró insuficiente. Sin embargo, el expediente no fue asignado a una Fiscalía especializada hasta 2025. Desde entonces la Brigada Antidrogas tomó declaraciones al responsable de Brimar, a integrantes de Boston River y a ocho escribanos que intervinieron en negocios jurídicos vinculados al presidente del club, además de analizar formas de pago y procedencia de fondos. Ahora el fiscal Enrique Rodríguez comenzó a interrogar personalmente a los principales involucrados: Perdomo declaró en agosto, Martínez deberá hacerlo el próximo 31 y Kabchi también será convocado. Los tres ya habían sido interrogados en la etapa policial. La investigación se produce además sobre un sector cuya vulnerabilidad había sido advertida oficialmente: la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos de 2023 señaló a los clubes profesionales y a las Sociedades Anónimas Deportivas como áreas de mayor exposición y recomendó incorporarlas como sujetos obligados, algo que finalmente se concretó con la Ley 20.212. Los movimientos investigados en Boston River son anteriores a esa reforma y muestran precisamente el tipo de circulación transnacional de capitales, sociedades extranjeras e intermediación financiera que llevó al Estado a reforzar años después los controles sobre las SAD. La causa continúa en etapa de indagatoria y la Fiscalía busca ahora determinar el origen económico efectivo de los fondos, quién dispuso cada transferencia y si las explicaciones presentadas encuentran respaldo en la documentación bancaria y contable.