El Ministerio Público boliviano sostiene que el expresidente debe responder por presunta trata agravada de personas. La defensa denuncia irregularidades en la notificación y asegura que el proceso tiene motivaciones políticas.

Una acusación grave en medio de una crisis política

La Fiscalía de Bolivia prepara un pedido de condena de 20 años de prisión contra Evo Morales, expresidente del país y una de las figuras centrales de la política latinoamericana de las últimas décadas. La acusación se basa en el presunto delito de trata agravada de personas, en una causa tramitada en Tarija.

El fiscal departamental José Ernesto Mogro afirmó que el Ministerio Público pretende sostener la acusación con más de 140 indicios documentales y alrededor de 50 testigos. Según la fiscalía, el agravante principal estaría vinculado a la edad de la presunta víctima al momento de los hechos investigados.

El caso apunta a una presunta relación ocurrida en 2015, durante el período presidencial de Morales, con una adolescente. La acusación sostiene que de ese vínculo habría nacido una niña en 2016. Por la gravedad del señalamiento, la causa exige máxima prudencia informativa: Morales no tiene condena firme y mantiene la presunción de inocencia.

Rebeldía, orden de aprehensión y cuestionamientos de la defensa

El juicio debía comenzar en Tarija, pero Morales no compareció ante el tribunal. Tras esa ausencia, la Justicia lo declaró en rebeldía y emitió una orden de aprehensión en su contra. La audiencia quedó suspendida hasta que el exmandatario se presente o sea trasladado por la Policía.

La defensa cuestionó el procedimiento. El abogado Wilfredo Chávez sostuvo que Morales no fue notificado de forma personal, sino mediante edicto judicial, y afirmó que esa situación constituye un vicio de fondo. Desde el entorno del expresidente también se denuncia una persecución judicial con motivaciones políticas.

Morales, por su parte, aseguró que enfrenta una ofensiva judicial destinada a destruirlo políticamente y reclamó una justicia honesta, imparcial y autónoma. También pidió que se presenten pruebas concretas sobre las acusaciones en su contra.

Justicia, poder político y debido proceso

El caso vuelve a colocar a Bolivia en un escenario de fuerte tensión institucional. Morales fue el primer presidente indígena del país y gobernó entre 2006 y 2019. Su figura sigue teniendo peso social, territorial y simbólico, especialmente en sectores campesinos, indígenas y populares.

Pero ninguna trayectoria política puede quedar por encima del control judicial. Al mismo tiempo, ninguna acusación grave puede ser utilizada como herramienta de disciplinamiento político sin garantías plenas de defensa, prueba y debido proceso.

La discusión central no debe reducirse a una disputa entre bandos. Si existen elementos suficientes, deben ser tratados por la Justicia con seriedad, protección de la presunta víctima y transparencia. Si hay irregularidades procesales, también deben ser examinadas con el mismo rigor. En causas de esta magnitud, la verdad judicial no puede depender de operaciones políticas, presiones mediáticas ni cálculos electorales.

Fuentes

Prensa Latina, Fiscalía de Bolivia