El fiscal de Delitos Económicos Gilberto Rodríguez resolvió archivar la investigación respecto de nuevas responsabilidades en el desvío millonario del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción. La causa dejó ocho personas condenadas, pero luego de meses de indagatorias no se obtuvieron pruebas suficientes para responsabilizar penalmente a la dirigente del Sunca Laura Alberti ni para demostrar que parte del dinero sustraído hubiera terminado financiando al Partido Comunista.
Ocho condenados y más de un millón de dólares desviados
La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada en enero de 2025 por la propia dirección del Fosvoc, organismo cogestionado por representantes del Sunca y de las cámaras empresariales de la construcción. Las actuaciones permitieron reconstruir un mecanismo que movió más de US$ 1 millón mediante operaciones fraudulentas. Entre ellas se detectaron 193 transferencias irregulares, presentadas contablemente como pagos a proveedores u otros conceptos, además de partidas especiales solicitadas utilizando motivos falsos, incluidos supuestos casos de enfermedades graves, trasplantes o incendios. Durante 2024 se identificaron decenas de solicitudes de este tipo, algunas confeccionadas incluso con información correspondiente a personas fallecidas.
La investigación terminó hasta ahora con ocho condenas mediante procesos abreviados. Los primeros fueron los exintegrantes del Sunca Bruno Bertolio, Santiago Bernaola y Víctor Rivero, condenados en junio de 2025. Posteriormente fue condenada Stella Rey, funcionaria del Fosvoc señalada como responsable de realizar las 193 transferencias irregulares, y en diciembre se sumaron Nicolás Mañana, Carlos Larrosa, Diego Almeida y Viviana Aguilar. El propio Sunca había promovido la denuncia, realizó una auditoría externa, expulsó a personas involucradas en las maniobras y posteriormente anunció acciones civiles para intentar recuperar el dinero sustraído.
Las acusaciones contra Alberti y el PCU no pudieron probarse
A partir de las declaraciones de algunos de los condenados, la Fiscalía amplió el foco y comenzó a investigar si el dinero tenía otros destinatarios. Entre los nombres mencionados apareció Laura Alberti, secretaria de Finanzas del Sunca e integrante del Partido Comunista, y también se manejó como hipótesis que parte de los fondos pudiera haber sido utilizada para financiar actividades sindicales o políticas. Alberti compareció ante Fiscalía, negó haber recibido dinero proveniente del Fosvoc y presentó explicaciones sobre movimientos bancarios vinculados a su actividad política. El Partido Comunista había respaldado públicamente a la dirigente y reclamado que se respetara la presunción de inocencia frente a acusaciones realizadas por personas que ya habían reconocido su participación en las maniobras.
Esa línea llegó ahora a su límite: Gilberto Rodríguez entendió que las actuaciones no produjeron elementos suficientes para atribuir nuevas responsabilidades ni acreditar una conexión entre el dinero desviado y el Partido Comunista. El dato es particularmente relevante después de meses en los que aquella hipótesis ocupó titulares y fue utilizada como parte de la discusión política: una cosa fueron los delitos efectivamente comprobados, que produjeron ocho condenas, y otra las acusaciones contra Alberti y el PCU, que luego de ser investigadas no lograron sostenerse con pruebas.
El archivo puede ser reexaminado y otra investigación sigue abierta
Las partes fueron notificadas de la resolución y recibirán el dictamen fundado del fiscal. El abogado denunciante, Óscar López Goldaracena, adelantó que analizará sus fundamentos antes de decidir si solicita un reexamen. De acuerdo con el artículo 98 del Código del Proceso Penal, el denunciante o la víctima dispone de 30 días desde la notificación para pedir que otro fiscal revise el archivo; además, una investigación archivada puede retomarse si aparecen nuevos elementos de prueba.
El cierre de esta línea tampoco alcanza a otra investigación diferente que involucra al Sunca y que continúa abierta: la causa por presuntas irregularidades en las denominadas «horas solidarias», un mecanismo mediante el cual trabajadores aportaban horas de trabajo para asistir económicamente a familiares de obreros fallecidos. Alberti también declaró en ese expediente. Por lo tanto, lo resuelto ahora refiere concretamente al Fosvoc: hubo una estafa millonaria, hubo ocho condenados, pero la Fiscalía no encontró pruebas para extender aquella responsabilidad penal a Alberti ni para demostrar que el Partido Comunista hubiera recibido el dinero desviado.