El senador Daniel Caggiani sostuvo que la prioridad continúa siendo alcanzar un acuerdo para designar un fiscal de Corte titular con respaldo de tres quintos del Senado. Sin embargo, si la oposición mantiene el bloqueo, el oficialismo analiza recurrir a una iniciativa de Cabildo Abierto que sustituye la subrogación indefinida por sorteos públicos y rotaciones semestrales.

La falta de acuerdo para designar un fiscal de Corte titular vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política. El Frente Amplio mantiene abiertas las negociaciones con la oposición, pero advirtió que no está dispuesto a aceptar que la conducción interina de la Fiscalía General de la Nación se prolongue indefinidamente.

El senador Daniel Caggiani señaló que la voluntad del oficialismo sigue siendo alcanzar un entendimiento que permita reunir los tres quintos de votos exigidos por la Constitución. Esa mayoría equivale a 19 integrantes del Senado y obliga necesariamente a un acuerdo entre distintos partidos.

Sin embargo, Caggiani sostuvo que, si “persiste un trancazo” por parte de la oposición, el proyecto presentado por Cabildo Abierto representa “un instrumento más” para modificar el actual sistema de subrogación.

La iniciativa no permitiría al Frente Amplio designar por sí solo a un fiscal titular ni eliminaría la mayoría especial prevista por la Constitución. Lo que modificaría es el procedimiento utilizado cuando el cargo permanece vacante.

El acuerdo sigue siendo la primera opción

El Poder Ejecutivo y el Frente Amplio han manifestado que su objetivo es designar una autoridad titular con respaldo político amplio. La Fiscalía es una institución central para la persecución penal, la defensa del interés público y el combate contra delitos como el narcotráfico, la corrupción, el lavado de activos y la violencia organizada.

Desde el oficialismo se sostiene que una institución con esas responsabilidades no debería continuar conducida indefinidamente mediante una solución provisoria.

Caggiani afirmó que la intención es seguir negociando y encontrar una persona que pueda obtener los 19 votos necesarios. El senador Alejandro Sánchez también ha defendido la búsqueda de un nombre que cuente con respaldo transversal y no sea interpretado como representante de un sector político.

El problema es que las posiciones permanecen enfrentadas. Los partidos de la Coalición Republicana respaldan la continuidad de Mónica Ferrero, mientras dentro del Frente Amplio existen sectores que cuestionan su gestión y consideran necesario encontrar otra figura.

La oposición ha planteado que Ferrero debería ser confirmada como titular. El oficialismo rechaza que la negociación comience y termine con un único nombre y reclama discutir otras alternativas.

Qué propone Cabildo Abierto

El proyecto fue presentado por el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone y entró formalmente a la Cámara de Representantes el 14 de julio de 2026, con el número de carpeta 2860/2026.

La iniciativa fue enviada a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración. Hasta el momento no fue aprobada y recién comienza su tratamiento parlamentario.

La propuesta modifica la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Nación. Establece que, cuando el cargo de fiscal de Corte quede vacante o su titular se encuentre impedido, deberá asumir el fiscal adjunto de Corte.

Si también estuviera vacante ese cargo, la persona encargada de ocuparlo sería seleccionada mediante un sorteo público entre fiscales penales de Montevideo que cumplan las condiciones establecidas.

La subrogación tendría una duración máxima de seis meses. Antes de finalizar ese período debería realizarse un nuevo sorteo, y quien ya hubiera ocupado el cargo quedaría excluido hasta que todos los demás fiscales habilitados hubieran tenido la posibilidad de hacerlo.

El Poder Ejecutivo quedaría encargado de reglamentar el mecanismo, los plazos y las condiciones de los sorteos.

Perrone fundamentó la iniciativa señalando que el sistema actual permite que una subrogación, concebida como excepcional y provisoria, se extienda durante años. Según su planteo, el sorteo y la rotación evitarían que una persona se perpetúe en la conducción de la Fiscalía sin haber recibido la aprobación constitucional del Senado.

Cómo llegó Mónica Ferrero a conducir la Fiscalía

La última persona designada como fiscal de Corte titular con aprobación parlamentaria fue Jorge Díaz. Tras su retiro en octubre de 2021, asumió como subrogante Juan Gómez, quien permaneció en el cargo hasta su jubilación en 2024.

Mónica Ferrero quedó posteriormente al frente de la institución debido al mecanismo de antigüedad establecido en la legislación vigente.

La Ley Orgánica de la Fiscalía dispone actualmente que, ante la ausencia de las autoridades superiores, la subrogación corresponde al fiscal penal de Montevideo con mayor antigüedad. Esa regla fue incorporada en 2022 y reemplazó un sistema anterior que contemplaba el sorteo.

Por lo tanto, Ferrero no fue elegida por el Senado ni designada mediante un acuerdo entre partidos. Llegó a la conducción por aplicación automática del régimen de subrogaciones.

Caggiani cuestionó que una solución provisoria termine funcionando, en los hechos, como una designación permanente sin el respaldo de los tres quintos del Senado. Para el oficialismo, esa situación debilita la legitimidad institucional y reduce los incentivos de la oposición para negociar.

Una ley que presiona, pero no resuelve la designación

La propuesta de Cabildo Abierto funciona como un elemento de presión política. A diferencia de la designación de un fiscal titular, la modificación de la Ley Orgánica no exige una mayoría de tres quintos.

El Frente Amplio cuenta con mayoría propia en el Senado y podría reunir los votos necesarios en la Cámara de Representantes con el apoyo de Cabildo Abierto. De aprobarse, la reforma modificaría el sistema que hoy mantiene a Ferrero al frente de la Fiscalía.

Sin embargo, el proyecto no solucionaría el problema de fondo. Uruguay continuaría sin fiscal de Corte titular y la conducción de la institución quedaría sometida a rotaciones cada seis meses.

Esa alternancia impediría que una subrogación se transforme en permanente, pero también podría generar falta de continuidad en la planificación, cambios reiterados de autoridades y dificultades para desarrollar políticas de largo plazo.

El propio Cabildo Abierto ha presentado el proyecto como una alternativa para forzar el diálogo y no necesariamente como la solución institucional definitiva. Dirigentes de ese partido han defendido la actuación de Ferrero, pero al mismo tiempo cuestionaron que el sistema político lleve años sin cumplir con su responsabilidad de nombrar una autoridad titular.

La oposición concentra su defensa en Ferrero

Dirigentes del Partido Nacional y del Partido Colorado reaccionaron contra la iniciativa y acusaron al Frente Amplio de intentar desplazar a Ferrero.

Algunos legisladores vincularon su continuidad con el combate contra el narcotráfico y sostuvieron que sustituirla debilitaría la actuación de la Fiscalía frente al crimen organizado. Desde el oficialismo consideran que ese discurso personaliza indebidamente una discusión que debería centrarse en el funcionamiento institucional.

Ferrero ha reclamado mayores recursos para enfrentar el narcotráfico, proteger a fiscales amenazados y fortalecer las unidades especializadas. Esas necesidades no dependen exclusivamente de quién conduzca la institución: requieren presupuesto, personal, tecnología, seguridad y respaldo político sostenido.

Defender la autonomía de la Fiscalía no significa blindar indefinidamente a una persona, del mismo modo que modificar el mecanismo de subrogación no debería convertirse en una herramienta de represalia partidaria.

Una institución que no puede depender de nombres propios

El prolongado interinato revela una incapacidad del sistema político para cumplir con una obligación constitucional.

La Fiscalía General de la Nación no puede quedar convertida en un trofeo partidario ni depender de la voluntad de una mayoría circunstancial. Tampoco puede reducirse la discusión a estar a favor o en contra de Mónica Ferrero.

La verdadera autonomía institucional requiere autoridades legítimas, reglas claras, controles democráticos, presupuesto suficiente y capacidad para investigar sin presiones a cualquier persona, partido, empresa o grupo económico.

El proyecto de Cabildo Abierto puede servir para terminar con la comodidad política que produce una subrogación sin límite temporal. Pero no debería transformarse en una excusa para abandonar el diálogo.

La salida más sólida continúa siendo la designación de una persona con independencia técnica, compromiso democrático, sensibilidad en materia de derechos humanos y el respaldo amplio que exige la Constitución.

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