La abogada Nadia Beller sobrevivió a tres disparos y acusó a Fernando Cerimedo, estratega de la campaña de Javier Milei y asesor externo del presidente boliviano Rodrigo Paz y fundador de La Derecha Diario y conocido como «el guru de la desinformaciòn»de estar detrás del ataque. Desde el hospital aseguró además que el argentino tendría influencia sobre un grupo policial que preparaba una incursión en el Trópico de Cochabamba para detener a Evo Morales. La Fiscalía lo investiga por tentativa de feminicidio y abrió paralelamente otro expediente por presunto enriquecimiento ilícito.
Una denuncia explosiva terminó de colocar al consultor argentino Fernando Cerimedo en el centro de una crisis política, policial y judicial que ya desborda las fronteras de Bolivia.
Cerimedo, uno de los hombres que participó de la estrategia digital que llevó a Javier Milei a la Presidencia argentina y actualmente asesor externo del mandatario boliviano Rodrigo Paz, permanece a disposición de la Justicia después del atentado sufrido por la abogada y analista política Nadia Beller.
Beller fue atacada la noche del lunes 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra. Dos hombres que se hicieron pasar por repartidores llegaron hasta las inmediaciones de un hotel y abrieron fuego contra ella.
La mujer recibió tres disparos en cuello, tórax y brazo. Sobrevivió y permanece internada.
Las cámaras de seguridad registraron parte de la secuencia. Los atacantes también se llevaron su cartera y el teléfono celular, un elemento especialmente relevante porque Beller sostiene que allí conservaba mensajes y documentación relacionada con sus denuncias contra Cerimedo.
Horas después, la Policía detuvo al argentino en el aeropuerto internacional de Viru Viru. Cerimedo tenía previsto viajar a Buenos Aires y posteriormente quedó formalmente aprehendido por disposición de la Fiscalía.
El fiscal general boliviano, Roger Mariaca, informó que los investigadores reunieron indicios suficientes para modificar la situación procesal del consultor y avanzar con una imputación por feminicidio en grado de tentativa.
La Fiscalía anunció además que solicitará su detención preventiva mientras continúa la investigación.
Cerimedo decidió no declarar ante la comisión de fiscales y ejerció su derecho a guardar silencio. Hasta el momento no existe una sentencia que determine su responsabilidad en el atentado.
La denuncia que coloca a un asesor extranjero al frente de policías bolivianos
La investigación tomó una dimensión política todavía mayor después de que Beller hablara desde el hospital.
La abogada responsabilizó públicamente a Cerimedo por el atentado y afirmó que el consultor argentino tendría bajo su influencia a integrantes de la Policía boliviana.
Su denuncia más grave fue todavía más lejos.
Según Beller, Cerimedo manejaría un grupo policial de élite que preparaba una incursión en el Trópico de Cochabamba con el objetivo de capturar al expresidente Evo Morales.
La mujer aseguró que ese grupo respondería directamente al argentino y no a la cadena institucional de mando de la Policía.
La acusación todavía no fue demostrada judicialmente y tampoco existe hasta ahora confirmación oficial de la existencia de una unidad policial subordinada a Cerimedo.
Pero la denuncia tiene una dimensión institucional extraordinaria: de comprobarse, implicaría que un consultor político extranjero y sin cargo formal dentro del Estado habría tenido capacidad de impartir instrucciones a integrantes de una fuerza de seguridad boliviana.
Ese es precisamente el punto que ahora debería esclarecer la investigación.
Evo Morales tiene órdenes de aprehensión vigentes, por lo que una eventual operación policial destinada a detenerlo no sería por sí misma clandestina.
Una de ellas corresponde al proceso por trata agravada de personas en el que fue declarado rebelde después de no comparecer ante la Justicia. Otra fue emitida a fines de julio por una investigación relacionada con los 53 días de bloqueos y protestas ocurridos entre mayo y junio.
Morales rechaza ambas causas y sostiene que forman parte de una persecución judicial y política destinada a eliminarlo de la escena pública.
Por eso, el aspecto extraordinario de la denuncia de Beller no es que exista una intención estatal de detener al exmandatario, sino quién habría organizado y dirigido el supuesto operativo.
Si existía un grupo policial destinado a ejecutar una orden judicial, deberá establecerse quién lo creó, de qué comando dependía, quién impartía sus instrucciones y qué relación podía tener con un asesor extranjero contratado fuera de la estructura estatal.
Cerimedo ya había enviado mensajes contra Evo y su poder generaba preguntas
La denuncia no apareció sobre un terreno completamente vacío.
Cerimedo mantiene desde hace meses un abierto enfrentamiento político con Evo Morales.
El 14 de mayo respondió en X a una publicación del expresidente con la expresión “tictac”, un mensaje que Morales interpretó como una amenaza.
Pocos días después, durante una entrevista con Radio Rivadavia de Argentina, el consultor se refirió a Morales utilizando una acusación vinculada con la causa judicial que enfrenta y afirmó que había que capturarlo.
Morales recuperó ahora aquellos antecedentes.
Tras conocer las declaraciones de Beller, pidió formalmente a la Fiscalía General una investigación transparente y reclamó que se determine si existió realmente un grupo policial bajo influencia de Cerimedo destinado a ingresar al Chapare.
También exigió protección para Beller.
Pero las dudas sobre el verdadero poder del argentino dentro del Ejecutivo de Rodrigo Paz son anteriores al atentado.
En marzo, el diputado Antonio Pino presentó una petición de informes al Gobierno para saber qué función cumplía Cerimedo, cuál era su situación migratoria y si tenía autorización para participar en reuniones, negociaciones o gestiones con empresas.
El legislador afirmó entonces que el consultor aparecía en ministerios, empresas públicas y ámbitos gubernamentales pese a que no existía claridad sobre su cargo.
La polémica continuó creciendo.
Durante junio, la Central Obrera Boliviana llegó a incluir entre sus reclamos el apartamiento de Cerimedo de cualquier función de asesoramiento o decisión dentro del Gobierno y pidió investigar su posible influencia sobre contrataciones y designaciones.
Finalmente, en julio, el entonces ministro de la Presidencia José Luis Lupo reconoció públicamente algo central: Cerimedo sí asesoraba directamente a Rodrigo Paz.
El Gobierno sostuvo, sin embargo, que no era funcionario público.
Lupo lo definió como un asesor externo y aseguró que no recibía salario del Estado boliviano. Su financiamiento, explicó, provenía de “fuentes externas”.
Aquella explicación dejó abierta una pregunta que ahora adquiere otra dimensión: quién pagaba a un asesor extranjero que trabajaba directamente con el presidente y hasta qué punto participaba en decisiones del Estado.
Allanamientos, dinero y una segunda investigación
Las declaraciones de Beller abrieron además otro frente.
La abogada aseguró que durante su relación con Cerimedo tuvo conocimiento de presuntos negociados vinculados con combustibles, oro y empresas privadas, y afirmó que el consultor recibía dinero mediante acuerdos empresariales.
Son acusaciones que deberán ser probadas.
Pero la Fiscalía de La Paz decidió actuar de oficio y abrió una segunda investigación contra Cerimedo, esta vez por presunto enriquecimiento ilícito.
Medios bolivianos informaron que durante allanamientos realizados en inmuebles vinculados al argentino fueron secuestrados dinero, un teléfono satelital, una motocicleta, una prenda de la Policía Boliviana y otros elementos que serán sometidos a pericias.
El hallazgo de una prenda policial adquiere especial interés después de la denuncia de Beller sobre la supuesta relación de Cerimedo con un grupo de élite, aunque por sí solo no demuestra la existencia de ese grupo ni que el argentino comandara policías.
La Fiscalía deberá establecer el origen del dinero encontrado, la propiedad de los objetos, el contenido de los dispositivos secuestrados y si existe alguna conexión con las acusaciones realizadas desde el hospital.
El Gobierno de Rodrigo Paz, por su parte, aseguró que no brindará protección a Cerimedo.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que ordenó a la Policía actuar inmediatamente apenas conoció la posible vinculación del consultor con el atentado y sostuvo que “nadie está por encima de la ley”.
La reacción oficial intenta tomar distancia de un hombre cuya cercanía con el poder había sido reconocida por el propio Ejecutivo apenas semanas atrás.
Cerimedo no es un desconocido dentro de las nuevas derechas latinoamericanas.
Participó activamente de la campaña digital de Javier Milei en 2023, estuvo vinculado a las estrategias políticas del bolsonarismo en Brasil y construyó una red de comunicación política alrededor del portal La Derecha Diario.
Después desembarcó en Bolivia junto a Rodrigo Paz.
Ahora permanece bajo investigación por uno de los hechos más graves de su trayectoria, mientras una segunda causa empieza a examinar su patrimonio y las revelaciones de Nadia Beller colocan bajo sospecha algo todavía más delicado que el papel de un consultor político: la posibilidad de que estructuras del Estado hayan quedado sometidas a una influencia privada y extranjera.