El Congreso anual de la gremial ruralista cerró en Salto con críticas al sistema político, cuestionamientos al crecimiento del Estado y una agenda de demandas sobre caminería, semovientes, sanidad animal, combustibles y salud mental en el medio rural. El planteo llega mientras el gobierno avanza con el financiamiento de Casupá, una obra que OSE defiende como estratégica para el abastecimiento de agua potable.

La Federación Rural cerró su 109.º Congreso Anual con un mensaje duro hacia el sistema político uruguayo. Reunida en Salto, en el marco de los 125 años de la Asociación Agropecuaria de ese departamento, la gremial ruralista colocó sobre la mesa una serie de reclamos históricos del sector y cuestionó la falta de respuestas estructurales para el país productivo.

La declaración final sostuvo que el sistema político “no intenta —y menos logra— los cambios necesarios” que, según la gremial, necesita la producción nacional. El señalamiento no quedó dirigido solamente al gobierno actual, sino al conjunto del sistema político, al que la Federación Rural responsabiliza por no modificar problemas que considera persistentes: costos altos, burocracia estatal, presión sobre el sector primario, infraestructura insuficiente y falta de eficiencia en el uso de los recursos públicos.

El texto fue leído ante un escenario con fuerte presencia institucional y política. El Congreso de la Federación Rural se desarrolló en paralelo a actividades del Congreso de Intendentes y tuvo como eje el lema “La fuerza del agro, el motor del país”.

Un reclamo que apunta al tamaño del Estado

Uno de los puntos centrales de la declaración fue el cuestionamiento al crecimiento del Estado y al peso que, según la gremial, termina recayendo sobre la producción. La Federación Rural recordó planteos realizados en congresos anteriores y afirmó que los problemas de competitividad siguen siendo estructurales.

La mirada de la gremial parte de una idea clara: el sector agropecuario se considera generador de riqueza genuina y entiende que el Estado no ha realizado un esfuerzo equivalente al que reclama de los sectores productivos. En esa línea, volvió a plantear que el país mantiene costos internos altos, burocracia pesada y una estructura pública que no siempre acompaña con eficiencia a quienes producen.

La declaración también retomó el reclamo por la derogación del impuesto del 1% a la venta de semovientes. La Federación Rural recordó que el propio ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, había coincidido en calificar ese tributo como burocrático, injusto y discriminatorio. La gremial quedó a la espera de una resolución concreta, cerca del vencimiento del plazo fijado para que una comisión analizara el tema.

Caminería, sanidad animal y rubro ovino

La caminería rural ocupó otro lugar fuerte en el documento. La Federación Rural planteó una mayor participación de los privados en la definición de obras, rechazó nuevas tasas por el uso de caminos y propuso que los caminos de uso intensivo pasen a la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

El tema tiene especial peso para el interior productivo. La gremial entiende que no alcanza con discutir recursos, sino que también debe revisarse cómo se planifican, ejecutan y controlan las obras. En ese punto, valoró la instancia de diálogo con los intendentes, aunque dejó claro que las explicaciones recibidas no la convencieron ni la conformaron.

La sanidad animal también apareció entre los temas prioritarios. La Federación Rural manifestó preocupación por la situación de la garrapata y pidió una actuación extraordinaria de todos los actores involucrados. A la vez, valoró la concreción del cargo de agente sanitario departamental por parte del MGAP, una demanda que la gremial venía impulsando desde hace años.

El Congreso en Salto también dio lugar a un señalamiento específico sobre el rubro ovino, de fuerte presencia en el norte del país. La recuperación de los valores de la lana y la carne ovina fue leída como una oportunidad, pero la Federación Rural advirtió que esa mejora puede verse limitada por problemas como el abigeato, los perros sueltos y los predadores.

Casupá, combustibles y salud mental rural

El punto más sensible de la declaración fue la represa de Casupá. La Federación Rural volvió a expresar objeciones al proyecto y pidió al gobierno detener los avances hasta contar con estudios independientes de viabilidad social, ambiental y económica.

El reclamo aparece pocos días después de que OSE y CAF firmaran el contrato de financiamiento por 130 millones de dólares para la construcción de la presa sobre el arroyo Casupá. Desde OSE, el proyecto es presentado como una obra estratégica para reforzar el abastecimiento de agua potable del área metropolitana y aumentar la capacidad de reserva de agua bruta dulce del sistema.

La diferencia de enfoques marca una tensión política y territorial relevante. Para el gobierno, Casupá forma parte de una respuesta estructural a la seguridad hídrica luego de los problemas de abastecimiento que atravesó el país. Para la Federación Rural, el proyecto no debe avanzar sin garantías técnicas independientes y sin una evaluación más amplia de sus impactos sobre la zona.

La declaración también volvió sobre el costo de los combustibles. La gremial sostuvo que Uruguay tiene valores de los más altos de la región y cuestionó que el gasoil utilizado por la producción financie subsidios al transporte metropolitano o ineficiencias de Ancap.

El último punto de fondo estuvo vinculado a la salud mental en el medio rural. La Federación Rural reclamó que el tema se ubique en la agenda nacional y pidió coordinar esfuerzos públicos y privados para abordar una realidad que afecta a productores, trabajadores rurales y familias del interior.

Fuentes:

El Observador,El Telégrafo