El traslado de 13,5 kilos de uranio altamente enriquecido desde Venezuela hacia Estados Unidos fue presentado como una operación internacional de seguridad. Pero detrás de la palabra “extracción” aparece otra lectura: Washington terminó quedándose con material nuclear venezolano, bajo custodia de sus propias agencias y para procesamiento en territorio estadounidense.

La palabra elegida: “extracción”

Una noche de fines de abril, un convoy militar venezolano trasladó desde el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas hasta Puerto Cabello un contenedor con uranio altamente enriquecido. El operativo fue discreto, nocturno y cuidadosamente protegido. No se trataba de cualquier carga: eran 13,5 kilos de material nuclear que había permanecido durante décadas en el antiguo reactor experimental RV-1.

La versión oficial habla de cooperación. Participaron Venezuela, Estados Unidos, Reino Unido y el Organismo Internacional de Energía Atómica. El lenguaje diplomático fue preciso: “retiro”, “misión conjunta”, “seguridad”, “no proliferación”, “riesgo controlado”. Todo suena técnico, limpio, casi administrativo.

Pero la política empieza justamente donde el comunicado intenta terminar la discusión. Porque el uranio salió de Venezuela y terminó en Estados Unidos. Fue transportado en un buque especializado británico, recibido por autoridades estadounidenses y enviado al sitio nuclear de Savannah River, en Carolina del Sur. Allí, según la propia Administración Nacional de Seguridad Nuclear de Estados Unidos, será procesado para su reutilización.

La pregunta incómoda es simple: si un recurso estratégico sale de un país latinoamericano en una operación encabezada por la potencia que acaba de intervenir militarmente en su territorio, ¿alcanza con llamarlo “extracción”? ¿O estamos ante una forma moderna de despojo, maquillada con vocabulario técnico?

De Átomos para la paz a material bajo control de Washington

El uranio venezolano no apareció de la nada ni formaba parte de un programa secreto de armas. Su origen se remonta al reactor RV-1, instalado en el IVIC en el marco del programa “Átomos para la paz”, impulsado por Estados Unidos durante la Guerra Fría. Aquel programa ofrecía tecnología nuclear a países aliados o periféricos, bajo la promesa de usos pacíficos en ciencia, medicina, agricultura e investigación.

El reactor venezolano funcionó durante décadas con fines experimentales. Sirvió para investigación física, producción de radioisótopos y formación científica. Cerró sus operaciones a comienzos de los años 90 y luego fue reconvertido hacia una planta de esterilización por rayos gamma. El combustible restante quedó bajo custodia y vigilancia internacional.

Ese dato es clave: no se trataba de una amenaza inmediata ni de una bomba lista para usar. El uranio estaba enriquecido por encima del 20%, umbral que lo ubica dentro de la categoría de uranio altamente enriquecido. Sin embargo, el grado armamentístico suele ubicarse alrededor del 90%. La alarma existía por el potencial riesgo de proliferación, no porque Venezuela estuviera a punto de fabricar un arma nuclear.

Aun así, el desenlace fue el mismo de tantas historias latinoamericanas: una tecnología recibida bajo promesa de cooperación termina, décadas después, retirada por la potencia que la introdujo, bajo sus condiciones, con su aparato de seguridad y con destino final en sus instalaciones.

El hecho adquiere una dimensión mayor porque ocurre después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026. Según el comunicado venezolano, aquella operación militar llegó a las inmediaciones del IVIC, a escasos metros del antiguo reactor, y elevó el nivel de riesgo. Es decir: primero se crea el escenario de fuerza, después se invoca la urgencia, y finalmente se retira el material.

Un robo con guantes blancos

Estados Unidos presenta la operación como una victoria global. La NNSA incluso la describió como una señal de una Venezuela “restaurada y renovada”, frase cargada de sentido político. No habla solamente de seguridad nuclear: habla de una Venezuela reordenada bajo una nueva correlación de fuerzas.

Ahí está el núcleo del asunto. El uranio no fue simplemente neutralizado. Fue trasladado al territorio de la potencia que más presionó a Venezuela durante años, que intervino directamente en su crisis política y que ahora aparece como garante, custodio y beneficiario del material.

El Reino Unido puso el transporte marítimo. El OIEA aportó supervisión técnica y respaldo institucional. Venezuela participó formalmente del proceso. Pero la arquitectura de la operación deja una imagen difícil de disimular: el Norte global se llevó de América Latina un material estratégico y lo presentó como una acción humanitaria de seguridad.

No hace falta imaginar una escena de saqueo colonial con soldados cargando cofres. En el siglo XXI, el despojo puede tener cascos blancos, contenedores certificados, lenguaje multilateral y comunicados impecables. Puede llamarse “retiro seguro”. Puede tener supervisión internacional. Puede invocar la no proliferación. Pero cuando el resultado material es que un recurso sensible sale de un país soberano y queda en manos de Estados Unidos, la palabra “extracción” queda demasiado corta.

La historia del uranio venezolano muestra una constante: Washington nunca abandona del todo aquello que alguna vez colocó bajo su órbita. Primero ofrece tecnología, luego regula su uso, después define el riesgo y finalmente se queda con el control del material. Todo bajo la promesa de proteger al mundo.

Fuentes: BBC Mundo