Las movilizaciones universitarias en Perú suman conflictos en Ucayali, San Marcos, Puno y La Cantuta. Los reclamos apuntan contra autoridades cuestionadas, falta de servicios básicos, precarización educativa y ausencia de participación real de estudiantes, docentes y trabajadores.
Protestas universitarias con reclamos de fondo
Las universidades públicas de Perú atraviesan una nueva etapa de movilización estudiantil. En distintas regiones del país, estudiantes organizados mantienen tomas, asambleas y medidas de presión para exigir respuestas a problemas que van desde la falta de infraestructura hasta la democracia interna y el rechazo al continuismo de autoridades.
Los conflictos no aparecen aislados. En Ucayali, San Marcos, Puno y La Cantuta se repiten reclamos vinculados a elecciones universitarias, participación estudiantil, mejores condiciones de estudio, residencia, comedor, transporte, laboratorios, bibliotecas y protocolos frente al hostigamiento sexual.
Detrás de cada medida hay una discusión más amplia: el lugar de la universidad pública, el derecho a estudiar en condiciones dignas y la necesidad de que las decisiones universitarias no queden encerradas en estructuras burocráticas alejadas de quienes sostienen la vida cotidiana de los centros de estudio.
Ucayali y San Marcos: tomas, acuerdos y denuncias
En la Universidad Nacional de Ucayali, la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Ucayali impulsó la toma de las instalaciones con un pliego centrado en democracia universitaria, infraestructura y lucha contra la corrupción. Entre las demandas figuran elecciones inmediatas, cese de autoridades con mandato vencido y concursos públicos para docentes especializados.
El reclamo también incluye mejoras en laboratorios, biblioteca, clínica universitaria, comedor, transporte y residencia estudiantil. A eso se suma la implementación de protocolos contra el hostigamiento sexual, un punto clave dentro de una agenda estudiantil que no se limita a lo administrativo.
En San Marcos, la toma del campus fue levantada después de una mesa de diálogo con participación de autoridades universitarias, representantes estudiantiles y la Defensoría del Pueblo. Entre los acuerdos aparecen el rechazo institucional al proyecto de ley sobre reelección de autoridades universitarias, la participación de la Federación Universitaria de San Marcos en las asambleas con derecho a voz y el compromiso de no iniciar nuevos procesos judiciales contra estudiantes.
Pero el cierre de la toma no eliminó la tensión. La federación denunció amenazas contra dirigentes estudiantiles tras la mesa de diálogo, en un clima político que mantiene abierta la preocupación por la persecución y el hostigamiento a quienes participaron de las movilizaciones.
Puno y La Cantuta: servicios, residencia y participación
En la Universidad Nacional del Altiplano, en Puno, la toma mantiene cerrada la institución. Participan estudiantes de distintas escuelas profesionales, entre ellas Educación Inicial, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería en Topografía y Agrimensura, Medicina Veterinaria, Ingeniería Mecánica Electrónica y Ciencias Físico Matemáticas.
El conflicto puneño muestra la profundidad del malestar en parte del movimiento estudiantil. La protesta combina rechazo a reformas impulsadas por autoridades universitarias con demandas vinculadas a condiciones concretas de estudio y funcionamiento institucional.
En La Cantuta, la Asamblea Triestamental planteó condiciones mínimas para cualquier diálogo: cese de procesos disciplinarios contra estudiantes movilizados, participación efectiva de estudiantes, docentes y trabajadores, y transparencia pública de los acuerdos alcanzados.
El pliego también reclama formalizar espacios estudiantiles recuperados, reactivar la residencia universitaria para mujeres, mejorar alimentación, transporte y servicios universitarios, además de garantizar el derecho a la organización dentro de la universidad pública.