Foto ; Casa Presidencial, El Salvador, CC0, via Wikimedia Commons./La megacárcel de Bukele

La historia de las maras salvadoreñas atraviesa la guerra civil, la intervención estadounidense, el exilio de miles de familias hacia Los Ángeles y las deportaciones masivas que trasladaron las pandillas a Centroamérica. Cuatro décadas después, Estados Unidos vuelve a utilizar a El Salvador como destino de sus expulsiones migratorias, esta vez mediante acuerdos con el gobierno de Nayib Bukele.

Una guerra que comenzó mucho antes de las maras

Fotografía histórica del 30 de marzo de 1980. La multitud huye durante los incidentes registrados en el funeral del arzobispo Óscar Romero.(Foto :Creative Commons CC BY 2.0)

La violencia que durante décadas castigó a El Salvador tiene raíces anteriores a la aparición de las pandillas. Durante buena parte del siglo XX, el país estuvo sometido a un sistema político dominado por las Fuerzas Armadas y una estructura económica caracterizada por la concentración de la tierra, la desigualdad social y la exclusión de amplios sectores campesinos. La matanza de 1932, cuando el Ejército reprimió un levantamiento indígena y campesino, quedó como uno de los antecedentes más sangrientos de una historia marcada por el autoritarismo.
En los años setenta, la represión contra organizaciones sindicales, estudiantiles, campesinas y movimientos populares fue creciendo junto con las demandas de reformas políticas y sociales. Las elecciones cuestionadas, la persecución de dirigentes y la actuación de grupos paramilitares profundizaron un conflicto que terminaría desembocando en la guerra civil de 1980.

Estados Unidos intervino en ese proceso bajo la lógica de la Guerra Fría. Washington consideraba que el triunfo de una revolución en El Salvador podía ampliar la influencia de Cuba y de los movimientos revolucionarios centroamericanos. El gobierno de Jimmy Carter proporcionó y amplió la asistencia económica y militar a las autoridades salvadoreñas, aunque suspendió parte de esa colaboración en diciembre de 1980, tras el asesinato de cuatro religiosas estadounidenses. La ayuda militar fue reanudada en enero de 1981 y Ronald Reagan la intensificó considerablemente durante los años siguientes.

La asistencia incluyó recursos financieros, equipamiento, entrenamiento y asesoramiento a las Fuerzas Armadas. Mientras el discurso oficial estadounidense hablaba de defender la democracia y contener el comunismo, en territorio salvadoreño actuaban unidades militares y escuadrones de la muerte responsables de asesinatos, desapariciones y operaciones contra comunidades campesinas.
El 17 de febrero de 1980, el arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, dirigió una carta al presidente Carter solicitándole que impidiera la entrega de la ayuda militar prevista. Advirtió que esa colaboración aumentaría la represión sobre organizaciones populares que reclamaban el respeto de sus derechos fundamentales. También pidió expresamente que Estados Unidos se abstuviera de intervenir, directa o indirectamente, mediante presiones militares, económicas o diplomáticas destinadas a determinar el futuro político del pueblo salvadoreño.
La carta llegó a Washington y fue objeto de comunicaciones internas del gobierno estadounidense. El 25 de febrero, el asesor de Seguridad Nacional Zbigniew Brzezinski informó a Carter sobre el contenido del documento y las críticas del arzobispo a la junta gobernante. Romero fue asesinado el 24 de marzo de ese mismo año mientras celebraba misa. La Comisión de la Verdad de Naciones Unidas atribuyó la orden de su asesinato al militar Roberto d’Aubuisson, vinculado a los escuadrones de la muerte.

La guerra continuó durante doce años. En diciembre de 1981, tropas del Ejército salvadoreño perpetraron la masacre de El Mozote y otras comunidades del departamento de Morazán, donde fueron asesinados centenares de civiles, entre ellos numerosos niños. El batallón Atlacatl, protagonista de aquella operación, había recibido entrenamiento de asesores militares estadounidenses y formaba parte de las unidades especializadas en contrainsurgencia.

En 1993, la Comisión de la Verdad creada por Naciones Unidas publicó el informe De la locura a la esperanza. Tras registrar más de 22.000 denuncias sobre hechos graves de violencia ocurridos entre enero de 1980 y julio de 1991, documentó que quienes prestaron testimonio atribuían casi el 85 % de los casos a agentes estatales, grupos paramilitares aliados y escuadrones de la muerte. Aproximadamente un 5 % de las denuncias señalaban al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Aquellas cifras permiten dimensionar la naturaleza de la represión y la responsabilidad de las instituciones militares que recibieron respaldo estadounidense. Para cientos de miles de salvadoreños, permanecer en su país significaba exponerse a la violencia, perder sus medios de subsistencia o quedar atrapados en operaciones militares.
La guerra provocó uno de los mayores desplazamientos de población de la historia centroamericana. Según estimaciones recogidas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, cerca de medio millón de personas fueron desplazadas dentro del país y alrededor de un millón abandonó El Salvador durante el conflicto, hasta la firma de la paz en 1992.
Muchas familias llegaron a California con sus hijos, después de abandonar pueblos, viviendas y trabajos, buscando una seguridad que su país ya no podía ofrecerles.

De los refugiados salvadoreños a las pandillas de Los Ángeles

Fotografía documental de 1993, tomada en el valle de San Fernando, Los Ángeles, por Donna DeCesare.

Los Ángeles recibió a una importante población salvadoreña durante los años ochenta. Los recién llegados encontraron una ciudad atravesada por profundas desigualdades sociales, discriminación, violencia callejera y organizaciones pandilleras que llevaban décadas disputándose barrios y territorios.
La historia de Barrio 18 había comenzado mucho antes de aquella migración. La pandilla surgió en Los Ángeles durante los años sesenta, vinculada inicialmente con jóvenes de origen mexicano, y posteriormente incorporó integrantes de distintas nacionalidades. Entre ellos hubo salvadoreños que llegaron durante la guerra civil.

La Mara Salvatrucha, conocida después como MS-13, tuvo un origen diferente. Fue formada en Los Ángeles durante los años ochenta por jóvenes salvadoreños que habían escapado del conflicto armado. Sus primeras agrupaciones surgieron en un ambiente de enfrentamientos con pandillas ya establecidas y fueron evolucionando hacia estructuras dedicadas a distintas actividades criminales.
La propia documentación del Departamento de Justicia de Estados Unidos y del Servicio de Investigación del Congreso reconoce ese origen. La MS-13 nació en territorio estadounidense, dentro de una comunidad formada en gran medida por personas desplazadas por la guerra salvadoreña.

Los refugiados que llegaron a California escapaban de la violencia política y buscaban reconstruir sus vidas. La formación de pandillas ocurrió dentro de una parte de aquella población juvenil, en condiciones sociales específicas. Con el tiempo, aquellas organizaciones adquirieron estructuras más violentas, extendieron sus actividades y consolidaron redes de pertenencia territorial.
Mientras tanto, El Salvador avanzaba hacia la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, concretados el 16 de enero de 1992. El enfrentamiento armado entre el gobierno y el FMLN llegaba formalmente a su final. El país comenzaba una transición institucional con enormes dificultades económicas, comunidades destruidas, desplazamientos masivos y una población que había vivido más de una década bajo condiciones de guerra.
Cuatro años después, Estados Unidos aprobó una reforma migratoria que alteraría profundamente el destino de numerosas personas nacidas en Centroamérica. La Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996 amplió los mecanismos de expulsión y las consecuencias migratorias de distintas condenas penales.
Las deportaciones de personas con antecedentes criminales, incluidos integrantes de pandillas de Los Ángeles, aumentaron hacia El Salvador, Guatemala y Honduras. Entre los expulsados se encontraban miembros de organizaciones que habían desarrollado sus estructuras, códigos de pertenencia y relaciones de rivalidad en los barrios estadounidenses.
La consecuencia fue especialmente grave para un país que apenas comenzaba a reconstruirse. Integrantes de organizaciones criminales desarrolladas en Estados Unidos llegaron a ciudades salvadoreñas donde existían instituciones policiales y judiciales debilitadas, escasas oportunidades laborales y una población juvenil marcada por la pobreza y las consecuencias de la guerra.

El Servicio de Investigación del Congreso estadounidense documentó que la MS-13 se transformó en una organización transnacional cuando integrantes deportados desde Estados Unidos establecieron conexiones pandilleras en Centroamérica. Los informes también describen cómo las deportaciones contribuyeron a trasladar la cultura pandillera de Los Ángeles y facilitaron nuevas posibilidades de reclutamiento entre jóvenes vulnerables.

El propio Departamento de Justicia estadounidense ha recogido investigaciones sobre la expansión de la MS-13 a partir de las deportaciones de los años noventa. Miembros de pandillas formadas en California regresaron a Centroamérica y extendieron allí organizaciones que habían surgido en territorio estadounidense.
La política migratoria de Washington trasladó así parte de su problema de violencia pandillera a países que intentaban recuperarse de conflictos armados, con estructuras estatales debilitadas y enormes dificultades sociales. Las pandillas comenzaron a disputar barrios, desarrollar redes de extorsión, reclutar adolescentes y controlar territorios mediante amenazas y asesinatos.
Las cárceles salvadoreñas también terminaron desempeñando un papel importante en esa expansión. Las políticas de encarcelamiento masivo y el agrupamiento de integrantes de pandillas facilitaron nuevas formas de organización interna, fortaleciendo jerarquías y mecanismos de control criminal.
Con el transcurso de los años, las distintas políticas de mano dura aplicadas por los gobiernos salvadoreños no consiguieron desarticular definitivamente esas estructuras. La extorsión se convirtió en una fuente central de ingresos para las pandillas y en una forma cotidiana de sometimiento de comerciantes, transportistas, trabajadores y familias de los barrios populares.
La secuencia comenzó con el respaldo estadounidense a unas Fuerzas Armadas involucradas en una represión que provocó desplazamientos masivos. Parte de aquella población encontró refugio en Los Ángeles, donde surgió la MS-13 y se incorporaron salvadoreños a Barrio 18. Posteriormente, las políticas migratorias de Washington aceleraron la expansión centroamericana de las organizaciones nacidas en sus propias ciudades.

Bukele, las megacárceles y el regreso de las deportaciones

Fotografía oficial del 18 de julio de 2025. Registra a un venezolano durante el intercambio humanitario entre El Salvador, Venezuela y Estados Unidos.

Nayib Bukele llegó a la presidencia de El Salvador en junio de 2019, después de décadas durante las cuales el país había sufrido niveles extraordinarios de violencia criminal. Las pandillas habían extendido su influencia sobre numerosas comunidades, imponiendo extorsiones, restricciones a la circulación y amenazas permanentes contra la población.

En marzo de 2022, tras una ola de asesinatos, su gobierno instauró un régimen de excepción que suspendió garantías constitucionales y habilitó una política de detenciones masivas. La medida, presentada inicialmente como extraordinaria, fue prorrogándose y terminó convirtiéndose en un componente permanente del sistema de seguridad salvadoreño.

El gobierno de Bukele exhibe una importante reducción de los homicidios y la recuperación del control estatal sobre territorios anteriormente dominados por las pandillas. Esa transformación ha contribuido a la popularidad de su política de seguridad y al interés que despierta en otros países de América Latina.
El sistema también acumula graves denuncias internacionales. Amnistía Internacional informó el 15 de julio de 2026 que, desde el comienzo del régimen de excepción, más de 90.000 personas habían sido detenidas y al menos 470 habían muerto bajo custodia estatal. La organización documentó detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y privaciones de libertad sin garantías suficientes, y advirtió que los patrones investigados podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Las familias que durante años padecieron la extorsión y la violencia de las pandillas conviven ahora con otra realidad: un aparato de seguridad con amplias facultades de detención y un sistema judicial que ha visto debilitadas sus garantías procesales.
El modelo salvadoreño comenzó a proyectarse internacionalmente como una respuesta al crimen organizado. Su difusión alcanzó también a Uruguay, donde la visita del vicepresidente Félix Ulloa, recibido el 7 de octubre de 2026 por el presidente Yamandú Orsi, volvió a colocar la experiencia de Bukele en el debate político.

El encuentro presidencial estuvo centrado en las relaciones bilaterales, el comercio, la tecnología, la inteligencia artificial y la cooperación regional en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Ulloa afirmó posteriormente que el modelo de seguridad salvadoreño no había integrado la conversación mantenida con Orsi.

La discusión adquirió otro carácter en los contactos del visitante con dirigentes del Partido Colorado. Andrés Ojeda, uno de los principales promotores en Uruguay de la discusión sobre el modelo Bukele, participó en las reuniones con Ulloa, junto con otros referentes colorados. Algunos dirigentes plantearon la conveniencia de estudiar medidas aplicadas en El Salvador, mientras otros expresaron reparos sobre sus posibilidades de adaptación al sistema uruguayo.
La experiencia salvadoreña llega así a la discusión política local principalmente a través de sus resultados recientes en materia de criminalidad, una historia que también comprende la intervención extranjera, las migraciones forzadas y las sucesivas políticas de encarcelamiento que transformaron a las pandillas durante décadas.
En Estados Unidos, Donald Trump encontró en el gobierno de Bukele un aliado para desarrollar su política de expulsiones migratorias. Durante 2025, ambos gobiernos establecieron acuerdos que permitieron trasladar a El Salvador a personas deportadas desde territorio estadounidense, incluidos ciudadanos de terceros países.
El Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT y construido durante la administración Bukele, comenzó a funcionar también como destino de esas expulsiones.
En marzo de 2025, Estados Unidos trasladó a El Salvador a 238 venezolanos señalados por las autoridades estadounidenses como presuntos integrantes del Tren de Aragua. Su envío a una prisión salvadoreña abrió controversias judiciales y denuncias sobre la ausencia de garantías procesales y la situación jurídica de los deportados. Entre los cuestionamientos figuraron los procedimientos utilizados para determinar la pertenencia de las personas expulsadas a organizaciones criminales.
El acuerdo entre ambos gobiernos contempló un pago estadounidense de aproximadamente seis millones de dólares a El Salvador por recibir y mantener bajo custodia a extranjeros expulsados desde Estados Unidos.
La cooperación migratoria continuó durante 2026. Según cifras de la autoridad migratoria salvadoreña obtenidas por Associated Press, durante el primer trimestre de ese año Estados Unidos deportó a 5.033 salvadoreños, frente a 2.547 durante el mismo período de 2025, un incremento cercano al 98 %.
Cuatro décadas después de la asistencia militar durante la guerra civil y tres décadas después de la expansión de las deportaciones de pandilleros desde Los Ángeles, Washington utiliza nuevamente el territorio salvadoreño para ejecutar una parte de su política migratoria. El CECOT, levantado para la ofensiva interna de Bukele contra las pandillas, quedó incorporado mediante acuerdos entre ambos gobiernos al sistema de expulsiones organizado por Estados Unidos.

QUATROGES

Fuentes documentales

Naciones Unidas — Comisión de la Verdad para El Salvador (1993). De la locura a la esperanza: la guerra de 12 años en El Salvador. Informe sobre las violaciones de derechos humanos, la actuación de las Fuerzas Armadas, los escuadrones de la muerte y las responsabilidades documentadas durante la guerra civil. Consultar informe original.

Óscar Arnulfo Romero — Carta al presidente Jimmy Carter (17 de febrero de 1980). Documento conservado por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, en el que el arzobispo solicita detener la asistencia militar al gobierno salvadoreño. Consultar carta.

Departamento de Estado de Estados Unidos — Archivos diplomáticos (1980). Memorando de Zbigniew Brzezinski al presidente Carter, fechado el 25 de febrero, sobre la carta de Romero y la política estadounidense hacia El Salvador. Consultar documento desclasificado.

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). People Forced to Flee. Investigación histórica sobre los desplazamientos forzados durante la guerra civil salvadoreña y el éxodo de población hacia otros países. Consultar documento.

Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos (2020). El Salvador: Background and U.S. Relations, informe R43616. Documenta el origen de MS-13 y Barrio 18 en Los Ángeles y la expansión de ambas organizaciones en Centroamérica tras las deportaciones estadounidenses. Consultar informe.

Departamento de Justicia de Estados Unidos (2023). Documentación judicial sobre la Mara Salvatrucha, sus estructuras en Los Ángeles y la trayectoria de dirigentes deportados a El Salvador. Consultar comunicado oficial.

Amnistía Internacional (15 de julio de 2026). El Salvador: El costo humano del régimen de excepción podría constituir crímenes de lesa humanidad. Investigación sobre detenciones arbitrarias, muertes bajo custodia estatal y vulneraciones de derechos fundamentales. Consultar informe.

Presidencia de la República Oriental del Uruguay (7 de octubre de 2026). Comunicado oficial sobre la reunión entre el presidente Yamandú Orsi y el vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa. Consultar Presidencia.

Associated Press (13 de mayo de 2026). Investigación sobre el incremento de las deportaciones estadounidenses hacia El Salvador, la cooperación entre Donald Trump y Nayib Bukele y el acuerdo para recibir detenidos extranjeros en el CECOT. Consultar información.