El Departamento de Justicia estadounidense acusó al expresidente cubano por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. La decisión reabre un episodio grave de la historia bilateral, pero también se inscribe en la ofensiva política del gobierno de Donald Trump contra Cuba y contra los gobiernos que Washington considera enemigos en América Latina.
Una imputación que llega casi treinta años después
El Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó al expresidente cubano Raúl Castro por asesinato, conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronave, en relación con el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996.
El episodio dejó cuatro fallecidos y fue uno de los momentos más tensos entre Cuba y Estados Unidos después del fin de la Guerra Fría. Las avionetas pertenecían a un grupo de exiliados cubanos con base en Miami, que realizaba vuelos sobre el estrecho de Florida y que, según sus integrantes, tenía como objetivo asistir a balseros que intentaban llegar a territorio estadounidense.
El gobierno cubano sostuvo históricamente que esas aeronaves habían realizado vuelos provocadores y violaciones reiteradas de su espacio aéreo. Del otro lado, organismos internacionales y autoridades estadounidenses señalaron que las avionetas fueron abatidas fuera del espacio aéreo cubano. Esa disputa quedó instalada como parte de una relación marcada por el bloqueo, la hostilidad diplomática y décadas de presión política de Washington sobre La Habana.
La acusación fue anunciada en Miami por el fiscal general en funciones Todd Blanche, en un acto cargado de simbolismo político. Raúl Castro, de 94 años, era ministro de Defensa al momento del derribo y aparece señalado por la fiscalía estadounidense como parte de la cadena de mando militar cubana.
El peso del caso y el uso político de la memoria
El derribo de las avionetas fue un hecho grave. Hubo cuatro muertos, familias afectadas y una crisis diplomática que todavía conserva peso en la memoria del exilio cubano en Miami. Ese dato no puede minimizarse.
Pero la decisión de Washington tampoco puede leerse aislada del momento político actual. Casi treinta años después, la imputación aparece bajo un gobierno de Donald Trump que convirtió la presión sobre Cuba, Venezuela y otros países de la región en parte de su agenda hemisférica. No se trata solamente de Justicia. También hay una señal de poder.
La acusación llega en una etapa de endurecimiento del discurso estadounidense hacia Cuba. Trump y figuras de su administración volvieron a colocar a la isla dentro de una narrativa de amenaza regional, con el viejo lenguaje de la Guerra Fría reciclado para el presente: “nuestro hemisferio”, “seguridad nacional”, “régimen”, “consecuencias”.
Esa forma de hablar no es nueva. Estados Unidos la utilizó durante décadas para justificar sanciones, bloqueos, operaciones encubiertas, aislamiento diplomático e intervenciones directas o indirectas en América Latina. La defensa de los derechos humanos aparece muchas veces seleccionada según la conveniencia geopolítica: se denuncia con dureza a gobiernos adversarios, mientras se toleran abusos de aliados estratégicos.
En ese marco, la imputación contra Raúl Castro funciona también como mensaje político. Washington no solo busca reabrir judicialmente un caso histórico. Busca marcar autoridad sobre Cuba y enviar una advertencia regional en un momento de fuerte tensión con gobiernos que no se alinean con su política exterior.
Cuba, soberanía y presión imperial
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel rechazó la acusación y la calificó como una acción política sin base jurídica, orientada a justificar nuevas agresiones contra la isla. La respuesta de La Habana vuelve a colocar en el centro una discusión de fondo: la soberanía de los países latinoamericanos frente al poder de Estados Unidos.
Cuba atraviesa una situación económica y energética extremadamente difícil. El bloqueo estadounidense, las sanciones acumuladas, la caída de apoyos externos y problemas internos de gestión han golpeado con fuerza la vida cotidiana de la población. En ese contexto, cada movimiento de Washington tiene impacto directo sobre un país ya sometido a una presión prolongada.
La responsabilidad por el derribo de 1996 debe discutirse con seriedad, documentos, garantías y derecho internacional. Pero la historia no puede ser usada como pretexto para reforzar una política de castigo colectivo contra el pueblo cubano.
La pregunta central no es si aquel episodio fue grave. Lo fue. La pregunta es por qué Estados Unidos decide activar ahora una imputación de este peso, casi tres décadas después, en medio de una estrategia más amplia de presión sobre Cuba y de reposicionamiento agresivo en América Latina.
La política exterior de Trump vuelve a mostrar una idea conocida: Estados Unidos se reserva el derecho de juzgar, sancionar, condicionar y disciplinar a los países de la región según sus propios intereses. Frente a eso, América Latina tiene una discusión pendiente que va mucho más allá de Cuba: cómo defender la soberanía, el derecho internacional y la independencia política frente a una potencia que sigue mirando al continente como zona de influencia.