Mientras endurece el cerco económico y petrolero que golpea directamente la vida cotidiana de millones de cubanos, el gobierno de Donald Trump avanzó un paso más: la CIA trabaja para identificar figuras dentro del propio sistema cubano capaces de encabezar una futura conducción aceptable para Washington. La estrategia combina sanciones, presión energética, inteligencia y exigencias políticas a La Habana, mientras Estados Unidos intenta reproducir parte del modelo aplicado en Venezuela.
Estados Unidos ya no concentra su estrategia hacia Cuba únicamente en sanciones económicas. La administración de Donald Trump está intentando intervenir también sobre el futuro político de la isla y determinar qué dirigentes podrían ocupar el poder en una eventual transición.
Una investigación publicada el 7 de agosto por The New York Times, basada en funcionarios estadounidenses actuales y anteriores y fuentes vinculadas a los servicios de inteligencia, reveló que Washington busca identificar dentro de Cuba a una figura considerada suficientemente “pragmática” como para asumir el gobierno y establecer una nueva relación con Estados Unidos.
El modelo que estudia la Casa Blanca es Venezuela.
Después de la operación militar estadounidense que en enero terminó con la captura de Nicolás Maduro, Washington consiguió establecer una relación de cooperación con Delcy Rodríguez, convertida posteriormente en presidenta interina.
La administración Trump busca saber si dentro de la estructura cubana existe alguien capaz de desempeñar un papel similar.
El problema para Washington es que sus propios organismos de inteligencia encuentran una realidad mucho más compleja: según los informes citados por el periódico estadounidense, los cuadros que podrían ocupar los principales lugares ante una ruptura política pertenecen mayoritariamente a sectores duros del aparato cubano.
La CIA ya entró directamente en la negociación
La ofensiva no está limitada a análisis realizados desde Washington.
El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó personalmente a La Habana el 14 de mayo y se reunió con dirigentes de primer nivel.
Reuters confirmó que Ratcliffe llevó un mensaje directo de Trump: Estados Unidos estaba dispuesto a negociar cuestiones económicas y de seguridad, pero exigía a Cuba realizar “cambios fundamentales”.
Entre quienes participaron de las reuniones estuvieron Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y conocido como “Raulito”, el ministro del Interior Lázaro Alberto Álvarez Casas y el jefe de los servicios de inteligencia cubanos.
La visita fue extraordinaria: se trató de apenas la segunda presencia de un director de la CIA en Cuba desde el triunfo de la Revolución en 1959.
Ahora, según la información revelada por The New York Times, la CIA creó además un grupo especial de trabajo dedicado específicamente a Cuba, incorporando personal de inteligencia, especialistas en operaciones cibernéticas y agentes vinculados a operaciones de influencia.
El objetivo va mucho más allá de conocer qué ocurre dentro de la isla. Washington intenta detectar fracturas internas y determinar quién podría encabezar una conducción cubana dispuesta a aceptar sus condiciones.
Petróleo, sanciones y presión económica
La búsqueda de una futura conducción cubana ocurre mientras Estados Unidos profundiza una estrategia de presión económica sin precedentes en décadas.
El 29 de enero, Trump declaró una “emergencia nacional” relacionada con Cuba y creó un mecanismo que permite imponer aranceles adicionales a productos procedentes de cualquier país que venda o suministre petróleo a la isla.
La propia Casa Blanca dejó por escrito que el presidente puede modificar esas medidas cuando Cuba o los terceros países involucrados adopten decisiones alineadas con los objetivos de política exterior y seguridad nacional estadounidenses.
El impacto energético ya es visible.
Reuters describió directamente la política estadounidense como un bloqueo petrolero y confirmó que las dificultades para acceder a combustible profundizaron la crisis del envejecido sistema eléctrico cubano.
El 2 de agosto la red eléctrica nacional volvió a colapsar y prácticamente toda Cuba quedó a oscuras. Fue el cuarto apagón nacional en pocas semanas. Venezuela dejó de ser el principal proveedor de petróleo después de la intervención estadounidense de enero y México también suspendió sus envíos bajo creciente presión de Washington.
La consecuencia de esa estrategia trasciende al gobierno cubano: alcanza hogares, hospitales, transporte, producción de alimentos, conservación de medicamentos y prácticamente toda la actividad económica de una población cercana a los diez millones de personas.
Sobre una economía que ya arrastraba graves problemas estructurales internos, infraestructura deteriorada y dificultades productivas, el cerco energético estadounidense agregó una presión externa de enorme magnitud.
Y Washington sigue aumentando esa presión.
El 6 de agosto, apenas un día antes de conocerse la investigación sobre la búsqueda de posibles sucesores, Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra cinco entidades cubanas y ocho personas, entre ellas altos funcionarios militares y representantes vinculados a las relaciones de Cuba con Rusia y China.
Las condiciones de Washington
Según la información obtenida por The New York Times, la administración Trump presentó a La Habana una lista de exigencias.
Estados Unidos pretende que Cuba profundice la liberalización de su economía, facilite el ingreso de empresas estadounidenses, compre petróleo norteamericano y reduzca o elimine la presencia de agentes de inteligencia vinculados a Rusia y China.
A cambio, Washington habría colocado sobre la mesa posibles incentivos, entre ellos un alivio parcial de las sanciones y mayor asistencia humanitaria.
Es una negociación profundamente desigual: la principal potencia económica y militar del continente utiliza el acceso al combustible, las sanciones comerciales y financieras y su capacidad internacional de presión como herramientas para obtener modificaciones en la política interna y exterior de un país soberano.
Al mismo tiempo, Cuba comenzó durante 2026 transformaciones económicas propias.
En marzo, el gobierno permitió por primera vez que cubanos residentes en el exterior puedan invertir y participar como propietarios de empresas privadas dentro de la isla, además de abrir posibilidades de participación en instituciones financieras no bancarias y fondos de inversión.
En julio también modificó la normativa de inversión extranjera para simplificar procedimientos, reducir plazos y ampliar las posibilidades de ingreso de capital internacional.
Esas reformas están siendo encabezadas por uno de los hombres que aparece precisamente en la discusión sobre el futuro político cubano: Óscar Pérez-Oliva Fraga.
Los nombres que aparecen para suceder a Díaz-Canel
Pérez-Oliva Fraga, sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro, fue nombrado viceprimer ministro en octubre de 2025 y mantiene simultáneamente el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera.
Tiene 55 años, formación como ingeniero y experiencia en empresas estatales y en la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Su ascenso político ha sido acelerado.
Durante 2026 ganó además enorme visibilidad al convertirse en uno de los principales responsables de las reformas económicas.
Distintos análisis lo han colocado como posible sucesor de Miguel Díaz-Canel. Associated Press ya había señalado en marzo que tanto Pérez-Oliva como Raúl Guillermo Rodríguez Castro comenzaban a aparecer en las discusiones sobre una futura conducción cubana.
Sin embargo, según las fuentes citadas por The New York Times, Washington tendría fuertes reservas sobre Pérez-Oliva precisamente por su vinculación familiar y política con la estructura histórica de la Revolución.
Otro nombre es Raúl Guillermo Rodríguez Castro, “Raulito”, nieto de Raúl Castro.
Nunca ocupó un cargo público de primera línea, pero durante años integró la seguridad personal de su abuelo y mantiene vínculos directos con el aparato de seguridad cubano. Su participación en la reunión con el director de la CIA en mayo confirmó que Washington lo considera un interlocutor relevante.
También aparece Lázaro Alberto Álvarez Casas, actual ministro del Interior, que estuvo en aquella misma reunión.
Raúl Castro también quedó bajo presión judicial estadounidense
Washington agregó además una herramienta judicial.
El 20 de mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación penal contra Raúl Castro y otras cinco personas por el derribo en 1996 de dos avionetas de Hermanos al Rescate, episodio en el que murieron cuatro personas.
La acusación fue presentada formalmente por fiscales federales estadounidenses tres décadas después de los hechos.
El movimiento adquiere otra dimensión después de lo ocurrido en Venezuela.
Estados Unidos también utilizó cargos penales contra Nicolás Maduro como parte del sustento político y judicial de la operación que terminó con su captura y traslado a territorio estadounidense.
Raúl Castro tiene actualmente 95 años y ya no ocupa la Presidencia ni un cargo formal de gobierno, por lo que una eventual detención no produciría automáticamente un cambio institucional. Pero la acusación agrega presión sobre una de las figuras que todavía conserva enorme influencia dentro de Cuba.
Una transición diseñada desde Washington
El elemento más revelador de esta nueva etapa es que la discusión ya no gira únicamente alrededor del embargo, las sanciones o la histórica confrontación entre Washington y La Habana.
Estados Unidos está analizando quién debería gobernar Cuba después de la actual conducción y qué características debería tener ese dirigente para resultar aceptable para la Casa Blanca.
La administración Trump denomina a esa estrategia una búsqueda de cambios políticos y económicos que beneficien al pueblo cubano y sostiene que Cuba representa una amenaza para su seguridad nacional. La Casa Blanca utilizó esos argumentos para ampliar formalmente las sanciones en mayo.
Desde La Habana la lectura es exactamente opuesta.
El gobierno cubano acusa a Washington de utilizar el poder económico estadounidense para asfixiar al país, provocar desestabilización interna y vulnerar su soberanía. Díaz-Canel calificó las nuevas medidas como parte de una escalada destinada a aumentar el conflicto entre ambos países y afectar directamente a la población.
La historia entre Cuba y Estados Unidos obliga además a mirar estos movimientos con una perspectiva mucho más amplia: invasión de Bahía de Cochinos, operaciones clandestinas de la CIA, intentos de asesinato contra Fidel Castro, décadas de embargo económico y una relación marcada continuamente por el intento estadounidense de condicionar el rumbo político de la isla.
Sesenta y cinco años después, los instrumentos cambiaron, pero vuelve a aparecer la misma discusión de fondo: si el futuro de Cuba debe decidirse entre los cubanos o en los despachos de Washington.