La Coalición Republicana llevó a la Fiscalía una denuncia contra la ministra Sandra Lazo y dos de sus colaboradores por su actuación en el caso Cardama. La respuesta del senador Eduardo Brenta fue tajante: la acusación “carece de asidero”. Y los antecedentes permiten entender por qué el oficialismo habla de una maniobra para cambiar el eje: mientras el expediente principal contiene una garantía falsa reconocida por el propio astillero, otra garantía que no era la póliza exigida y decenas de millones de euros comprometidos, la oposición intenta colocar en el mismo plano la demora administrativa en formalizar la situación de dos colaboradores cuya incorporación al Ministerio ya se estaba gestionando. Ella hace ravioles, yo hago ravioles: si el caso Cardama termina en Fiscalía por lo ocurrido durante el gobierno anterior, la oposición también quiere llegar con su propia denuncia bajo el brazo.

Una denuncia para cambiar el centro de la escena

Pablo Abdala presentó este lunes, junto a legisladores blancos, colorados e independientes, una denuncia penal contra Lazo y contra Damián Rojas y Daniel Marsiglia. La oposición sostiene que ambos realizaron indagaciones, mantuvieron reuniones con mandos de la Armada y accedieron a documentación cuando todavía no estaba culminada su incorporación formal al Ministerio de Defensa. Sobre esa base invoca, entre otras figuras, abuso y usurpación de funciones.

Pero la propia documentación disponible muestra una situación bastante menos espectacular que la descripción de dos extraños entrando clandestinamente al Ministerio. Marsiglia era funcionario del Mides y su pase en comisión fue solicitado el 6 de marzo de 2025, aunque la aprobación administrativa llegó en mayo. Rojas era funcionario de la Universidad de la República y posteriormente fue contratado como adscripto. Sandra Lazo informó que los trámites para formalizar ambas situaciones comenzaron en marzo y que ella misma había autorizado expresamente a los dos a desarrollar las tareas encomendadas.

Ese es el punto sobre el que Brenta construye la respuesta política: había funcionarios públicos, había una decisión de la ministra, habían comenzado los procedimientos para su incorporación y posteriormente sus vínculos quedaron formalizados. La oposición intenta convertir ese lapso administrativo en el corazón penal del caso mientras desplaza a un segundo plano aquello que originó todo: cómo Uruguay terminó firmando un contrato por más de 82 millones de euros con un astillero que presentó una garantía de fiel cumplimiento falsa.

De una garantía falsa a una denuncia contra quien terminó revisándola

La historia que precede a la denuncia contra Lazo es bastante más pesada. El contrato con Cardama obligaba al astillero a mantener una garantía de fiel cumplimiento válida durante la construcción. Cuando el actual gobierno intentó ejecutarla, descubrió que la empresa que supuestamente la respaldaba no operaba en la dirección declarada. Después, el expediente administrativo de rescisión estableció algo todavía más contundente: Cardama terminó aceptando que la garantía presentada era falsa.

Tampoco terminó allí. Defensa verificó que la denominada garantía de reembolso presentada a través de Redbridge tampoco correspondía a lo estipulado contractualmente: en poder del Estado había un documento de “Términos y Condiciones”, no la póliza de seguro requerida. Esos elementos llevaron al Consejo de Ministros a rescindir formalmente el contrato en febrero de 2026 y encomendar acciones civiles, penales, administrativas y arbitrales para recuperar el patrimonio público.

La investigación posterior profundizó el panorama. El estudio jurídico internacional contratado por Uruguay encontró que una de las intermediarias utilizadas para conseguir las garantías estaba registrada para comerciar frutas, hortalizas y madera y que otra había sido creada apenas cuatro meses antes, con 3.000 euros de capital y sin empleados. EuroCommerce, la firma que supuestamente garantizaba el contrato, ni siquiera estaba registrada como institución bancaria en Reino Unido.

Los ravioles de la oposición

Al terminar la comisión investigadora parlamentaria, el Frente Amplio resolvió enviar a Fiscalía los antecedentes y pidió investigar actuaciones de funcionarios y particulares vinculados a la contratación original. Su informe sostuvo que existían hechos con apariencia delictiva y ubicó la responsabilidad política principal en la administración de Luis Lacalle Pou. La oposición contestó anunciando que llevaría a Lazo a la Justicia. Dos semanas después concretó la amenaza.

Así aparece la particular simetría que inspira el título. Hay una investigación sobre cómo se eligió a Cardama, cómo se aceptaron sucesivas prórrogas, cómo terminó ingresando una garantía falsa y cómo el Estado desembolsó millones; y frente a ella aparece una denuncia contra la ministra que puso bajo revisión aquel contrato, concentrada fundamentalmente en cuándo quedaron formalizados administrativamente dos colaboradores que habían comenzado a trabajar por autorización de la propia jerarca.

Brenta resumió la posición del gobierno diciendo que la denuncia “carece de asidero” y que pretende desviar la atención del problema principal. Su argumento no necesita demasiados adornos: el Estado uruguayo terminó vinculado a una empresa que reconoció la falsedad de una garantía indispensable para el contrato y hoy intenta recuperar millones y determinar responsabilidades. La oposición, en cambio, eligió que el nuevo capítulo de Cardama sea discutir si dos personas autorizadas por la ministra comenzaron sus tareas unas semanas antes de que terminara de circular el papel administrativo correspondiente.

Ella denuncia, yo denuncio. Ella hace ravioles, yo hago ravioles.

Solo que, en este caso, los ravioles no tienen el mismo relleno.