Alejandro Machado pasará de Delitos Económicos a la nueva Fiscalía de Cibercrimen. La decisión de Mónica Ferrero generó cuestionamientos en el Frente Amplio y respuestas desde la oposición, porque el fiscal llevaba causas de fuerte impacto político vinculadas al período de Luis Lacalle Pou: Cardama, Marset, República Ganadera, Grupo Larrarte y María Dolores.

Un traslado que no cayó sobre expedientes menores

El traslado del fiscal Alejandro Machado volvió a poner en discusión el funcionamiento de Fiscalía, la continuidad de investigaciones sensibles y las garantías institucionales frente a causas que rozan al poder político.

La fiscal de Corte, Mónica Ferrero, resolvió designar a Machado al frente de la nueva Fiscalía Especializada en Cibercrimen. Hasta ahora, el fiscal estaba a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 1.º Turno, desde donde investigaba expedientes de alta exposición pública.

Entre esas causas figuran Cardama, la destrucción de documentos vinculados al caso Marset, República Ganadera, Grupo Larrarte y la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización. También se informó que Machado había sido uno de los fiscales postulados para asumir la nueva sede especializada en delitos informáticos.

El reemplazo previsto en Delitos Económicos será Diego Pérez, actual fiscal de Flagrancia de 5.º Turno. Mientras se concreta el cambio, las causas quedarán en principio bajo subrogación de Gilberto Rodríguez, fiscal de Delitos Económicos de 3.º Turno.

La discusión no pasa solamente por el traslado en sí. El punto político está en el momento elegido y en el tipo de expedientes que Machado deja. No se trata de causas administrativas menores, sino de investigaciones que involucran contrataciones públicas, documentación estatal, denuncias penales y responsabilidades del período anterior de gobierno.

Marset, Cardama, María Dolores y el ruido institucional

Uno de los expedientes más sensibles es el vinculado al caso Marset. Machado había archivado en 2024 la investigación penal por la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, pero en su dictamen dejó afirmaciones de fuerte impacto político.

El fiscal sostuvo que jerarcas del gobierno anterior faltaron a la verdad ante el Parlamento y ocultaron el tenor de comunicaciones en las que se advertía que Marset era un narcotraficante uruguayo “muy peligroso y pesado”. También señaló que el sistema de seguridad nacional no estuvo a la altura y que las comunicaciones entre Interior y Cancillería no se manejaron con el profesionalismo requerido.

Aunque esa parte de la causa fue archivada en el plano penal, seguía abierta una derivación vinculada a la presunta destrucción de documentación pública en Torre Ejecutiva. Esa línea involucraba al exasesor presidencial Roberto Lafluf y surgió tras señalamientos sobre mensajes y documentos relacionados con el trámite del pasaporte.

El caso Cardama también quedó en el centro del debate. Machado investigaba la denuncia penal presentada por el Poder Ejecutivo contra el astillero español por posible fraude al Estado uruguayo, en el marco de la compra de dos patrullas oceánicas realizada durante la administración de Luis Lacalle Pou. La causa se relaciona con presuntas irregularidades y con la garantía presentada por la empresa.

A esos expedientes se suman República Ganadera y Grupo Larrarte, mencionados entre las investigaciones que llevaban seguimiento desde Delitos Económicos. También aparece María Dolores, una causa vinculada a la compra de la estancia por parte del Instituto Nacional de Colonización. Esa operación, por unos 32,5 millones de dólares y sobre un campo de unas 4.000 hectáreas en Florida, generó denuncia penal y comisión investigadora parlamentaria.

Pereyra, Bianchi, Ojeda y el cruce político

El traslado derivó en un cruce político directo. Desde el Frente Amplio, varios legisladores expresaron preocupación. Daniel Caggiani calificó la decisión como “rara” por afectar al fiscal que tenía a cargo investigaciones sobre irregularidades del gobierno anterior. Eduardo Antonini también manifestó preocupación por el movimiento, en especial por los casos Cardama y Marset.

El senador frenteamplista Aníbal Pereyra fue más allá. Cuestionó la versión del senador colorado Andrés Ojeda, quien defendió el traslado y sostuvo que Machado quería salir de Delitos Económicos. Pereyra afirmó que el fiscal no pidió un traslado voluntario, sino que se presentó a un concurso, igual que otros fiscales. También sostuvo que la decisión se tomó “justo ahora” y calificó la situación como “lawfare a cielo abierto”.

Graciela Bianchi, senadora del Partido Nacional, respondió que Machado sí había solicitado el traslado meses atrás mediante una nota dirigida a la fiscal general. Según la legisladora, ese documento sería “prueba documental”.

Pereyra retrucó que Machado no pidió traslado y vinculó el movimiento con posibles citaciones de alto impacto político. Según su planteo, el fiscal se disponía a citar a Roberto Lafluf y al expresidente Luis Lacalle Pou en la causa relacionada con Marset.

Ojeda, por su parte, negó que hubiera una “mano negra”. Dijo que los traslados en Fiscalía son habituales y sostuvo que Machado hacía entre diez meses y un año que quería salir de esa fiscalía. También argumentó que las fiscalías de Delitos Económicos siempre tienen causas políticas sensibles, por lo que esperar a que no haya expedientes de ese tipo haría imposible cualquier cambio.

El exsenador frenteamplista Charles Carrera también se pronunció. Vinculó el traslado de Machado con un supuesto intento de “blindar” a Lacalle Pou en los casos Cardama y Marset, el mismo día en que la fiscal Sandra Fleitas pidió para él una condena de cuatro años de prisión, tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa cercana a los dos millones de pesos por el caso vinculado a la atención médica de un ciudadano en el Hospital Policial.

La discusión de fondo queda planteada sobre dos planos: la potestad administrativa de Fiscalía para mover fiscales y la necesidad de preservar confianza pública en investigaciones que involucran al sistema político. El traslado puede ser formalmente válido, pero el contexto obliga a mirar con atención la continuidad real de las causas, los tiempos procesales y la transparencia del Ministerio Público.