Diputados colorados presentaron un proyecto para que ANCAP deje de fabricar pórtland en el plazo de un año. Las pérdidas existen y deben discutirse, pero la salida propuesta vuelve a tocar una fibra histórica en Uruguay: qué lugar ocupan las empresas públicas cuando hay sectores privados esperando ocupar ese espacio.

Un proyecto para retirar al Estado de una actividad histórica

Los diputados colorados Gabriel Gurméndez, Juan Martín Jorge y Agustín Quintana presentaron un proyecto de ley para que ANCAP deje de fabricar pórtland. La iniciativa plantea derogar el cometido legal que habilita a la empresa pública a producir cemento y ordena el cese de las actividades conexas, afines y derivadas vinculadas a ese negocio.

El texto prevé un plazo de un año desde la eventual aprobación de la ley. También establece que los funcionarios afectados sean redistribuidos dentro del propio ente y, si eso no fuera posible, ofrecidos a otros organismos del Estado.

No se trata de una actividad secundaria en la historia de ANCAP. El ente fue creado en 1931 como Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland. Desde su origen, la fabricación de pórtland estuvo asociada a una idea de país: abastecer obras públicas, sostener infraestructura y darle al Estado una herramienta propia en un área estratégica para la construcción.

Por eso el proyecto colorado no puede leerse solo como una medida administrativa. Sacar a ANCAP del pórtland implica borrar una función histórica del ente y abrirle más espacio al mercado privado o a la importación. Ese es el punto político de fondo.

Las pérdidas son reales, pero la respuesta no es neutra

El argumento de los impulsores del proyecto se apoya en los números rojos. Gurméndez sostiene que la división pórtland acumuló pérdidas de alrededor de 800 millones de dólares en las últimas dos décadas y que el último año el resultado negativo rondó los 31 millones.

Esos datos no deben negarse ni barrerse debajo de la alfombra. Una empresa pública no puede funcionar indefinidamente con pérdidas sin revisar su gestión, sus inversiones, sus costos y su planificación. Defender lo público no significa defender cualquier forma de funcionamiento. Significa, precisamente, exigir que funcione mejor y que responda al interés general.

La diferencia está en la salida elegida. Una cosa es corregir la gestión, reorganizar plantas, invertir donde corresponde y ordenar una unidad que viene golpeada. Otra muy distinta es usar el déficit como argumento para sacar al Estado del mercado.

ANCAP ya venía trabajando en una hoja de ruta para el negocio del pórtland, con concentración de la producción de clínker en Minas, redefinición del rol de Paysandú e inversiones previstas para sostener la operación y reducir pérdidas. Esa estrategia podrá discutirse, mejorarse o corregirse, pero parte de una premisa distinta: mantener una herramienta pública y tratar de hacerla viable.

El proyecto colorado toma otro camino. No propone una recuperación industrial, sino una retirada. Presenta el problema económico como si tuviera una única respuesta posible: cerrar la participación estatal. Ahí el tema deja de ser solo contable y pasa a ser ideológico.

La vieja pulseada contra las empresas públicas

Uruguay conoce bien esta discusión. Desde hace décadas, sectores de derecha y del liberalismo económico empujan distintas formas de achique, asociación, apertura o retiro del Estado en áreas estratégicas. A veces lo hacen con la palabra privatización. Otras veces con fórmulas más suaves: “eficiencia”, “sustentabilidad”, “competencia” o “solución definitiva”.

En 1992, la Ley de Empresas Públicas fue parcialmente derogada por la ciudadanía. En 2003, el referéndum contra la llamada Ley de ANCAP dejó sin efecto una norma que avanzaba sobre la desmonopolización y la asociación con privados. No fueron episodios aislados: marcaron una defensa social muy fuerte del patrimonio público.

La discusión actual sobre el pórtland entra en esa misma línea. La pregunta no es si ANCAP debe seguir perdiendo dinero. La pregunta real es si cada dificultad económica de una empresa pública será usada como excusa para reducir el papel del Estado.

También hay una dimensión territorial y laboral que no puede quedar escondida entre cifras. Minas, Paysandú y Manga no son nombres en una planilla: son plantas, trabajadores, familias, oficios, logística e historia industrial. Cualquier cambio serio tiene que mirar esos impactos, no tratarlos como un trámite de redistribución de personal.

El país necesita empresas públicas eficientes, transparentes y bien gestionadas. Pero también necesita discutir con claridad qué modelo de desarrollo quiere. Si la respuesta ante cada problema es retirarse, cerrar o entregar terreno al privado, entonces la discusión no es solo sobre pórtland. Es sobre el Estado, la soberanía económica y el derecho de Uruguay a conservar herramientas propias para su desarrollo.

---