En mayo se registraron 112.355 envíos bajo franquicia aduanera, una caída de 43% en el primer mes de aplicación del nuevo régimen. La medida incorpora el pago de IVA para la mayoría de las compras desde el exterior y busca corregir una diferencia que afectaba al comercio local, al empleo y a la producción nacional.
Una caída fuerte tras el cambio de reglas
Las compras con franquicia aduanera desde el exterior bajaron con fuerza en mayo, el primer mes de aplicación del nuevo régimen que comenzó a conocerse públicamente como “impuesto Temu”.
Según informó Búsqueda, en mayo se registraron 112.355 envíos, una caída de 42,6% frente al mismo mes del año anterior. El descenso coincide con la entrada en vigor de las modificaciones que establecen el pago de IVA para la mayoría de las compras realizadas bajo este sistema, salvo excepciones previstas por la normativa.
El cambio impacta especialmente en las compras realizadas a través de plataformas internacionales de bajo costo, entre ellas Temu, que en los últimos meses se transformó en símbolo de un fenómeno más amplio: el ingreso masivo de productos desde el exterior, muchas veces en condiciones tributarias más favorables que las que enfrentan los comercios instalados en Uruguay.
Competir con reglas parejas
El punto central no es si una plataforma vende barato. El problema aparece cuando ese precio bajo se sostiene sobre una competencia desigual.
Un comercio uruguayo paga impuestos, alquiler, salarios, aportes, tarifas, controles y costos de funcionamiento. También emplea trabajadores, sostiene proveedores locales y forma parte de una cadena económica que queda en el país. Las grandes plataformas extranjeras, en cambio, operan con otra escala, otra estructura de costos y, hasta ahora, con ventajas que el comercio formal uruguayo no tenía.
Por eso, gravar estas compras con IVA no debe leerse solamente como una medida recaudatoria. También es una forma de ordenar el mercado y evitar que el consumo se desplace masivamente hacia plataformas globales que no sostienen empleo local ni aportan en las mismas condiciones que las empresas nacionales.
Comprar barato afuera puede resolver una necesidad individual inmediata, pero no construye una salida colectiva. Si el resultado es debilitar comercios, talleres, importadores formales, pequeñas empresas y puestos de trabajo en Uruguay, el beneficio aparente termina teniendo un costo social más amplio.
Defensa del trabajo y de la producción nacional
Desde el 1º de mayo, el régimen permite hasta tres compras por persona y por año civil, con un tope anual acumulado de 800 dólares. A diferencia del esquema anterior, ese monto funciona como cupo total anual. Además, la mayoría de los envíos queda gravada con IVA, salvo excepciones, como determinadas compras desde Estados Unidos de hasta 200 dólares por el acuerdo TIFA.
La medida no prohíbe comprar en el exterior. Lo que hace es establecer condiciones más equilibradas para que esas compras no se transformen en una vía permanente de sustitución del comercio nacional.
En un país que necesita fortalecer su matriz productiva, cuidar el empleo y defender a las pequeñas y medianas empresas, no alcanza con mirar el precio final de un producto. También importa quién produce, quién vende, dónde queda el trabajo y qué parte de esa actividad vuelve a la sociedad en forma de impuestos, salarios y aportes.
El nuevo régimen marca un límite necesario frente a un modelo de consumo global que favorece a grandes plataformas y deja en desventaja a la economía local. La discusión no debería reducirse a Temu, sino ampliarse hacia una pregunta más importante: cómo construir reglas de comercio que protejan al consumidor, pero también al trabajo uruguayo, a la industria nacional y al comercio formal.