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El gobierno apuesta a las transferencias para infancia como eje social de la Rendición de Cuentas

La Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento antes del 30 de junio tendrá un eje político claro: reforzar las transferencias monetarias para hogares con niños, niñas y adolescentes de menores ingresos. La medida comenzaría en 2027, con foco inicial en la primera infancia, y busca ordenar un sistema hoy fragmentado entre Asignaciones Familiares, Tarjeta Uruguay Social, Bono Crianza y otras prestaciones.

Un aumento focalizado en la infancia más vulnerable

El gobierno de Yamandú Orsi definió que la unificación y aumento de transferencias para la infancia sea uno de los principales componentes sociales de la Rendición de Cuentas.

La estimación oficial inicial presentada por el equipo económico ubicó el costo en unos US$ 30 millones para 2027, aunque en los últimos días distintas referencias políticas y periodísticas situaron la cifra en el entorno de US$ 35 a 37 millones. El dato final dependerá del articulado que ingrese al Parlamento.

El diseño previsto apunta a reforzar las prestaciones en tres cohortes de edad: los niños nacidos en 2025, 2026 y 2027. En términos prácticos, la primera etapa alcanzaría a niños de 0 a 2 años. La idea del equipo económico es avanzar luego de forma progresiva, incorporando nuevas cohortes año a año hasta cubrir a todos los menores de edad hacia 2035.

El foco estará puesto en los cinco deciles de menores ingresos, es decir, la mitad de hogares con menores a cargo que se ubican en la parte más baja de la distribución. Según reconstrucciones conocidas hasta ahora, se trata de un universo aproximado de 240.000 hogares donde viven unos 430.000 niños, niñas y adolescentes.

La orientación política es clara: no se trata de una transferencia universal para todos los hogares, sino de una mejora focalizada en los sectores donde la pobreza infantil golpea con más fuerza.

El problema: muchas prestaciones, montos bajos y acceso desigual

El sistema actual de transferencias está dividido en varios programas con reglas, vías de acceso y formas de pago distintas.

Por un lado está la Asignación Familiar del Plan de Equidad, gestionada por BPS y MIDES, que en 2026 tiene un valor básico mensual de $ 2.686,51 por el primer beneficiario en gestación, menor de 5 años o escolar. Por otro lado está la Tarjeta Uruguay Social, orientada a hogares de vulnerabilidad extrema, con montos que varían según la cantidad de menores y si se trata de TUS simple o doble.

En 2026, según datos del MIDES, hay 232.649 hogares beneficiarios de AFAM-PE. De ellos, 83.366 también reciben TUS y 149.283 no la reciben. A su vez, hay 91.239 hogares beneficiarios de TUS, divididos entre 46.162 con TUS simple y 45.077 con TUS doble. El Bono Crianza llega a 26.802 hogares.

Los montos actuales muestran la dispersión del sistema. Una TUS doble para un hogar con un menor asciende a $ 3.870 mensuales. El Bono Crianza suma $ 3.339 si el hogar cobra TUS doble y $ 2.783 si cobra TUS simple. Además, hay complementos por embarazo o niños de 0 a 3 años.

La Rendición buscará ordenar ese entramado. El objetivo declarado es simplificar el acceso, mejorar la focalización y evitar que hogares que deberían cobrar queden afuera por dificultades administrativas, desconocimiento o fragmentación de trámites.

En el escalón más alto, el nuevo esquema podría llevar a cerca de $ 9.999 mensuales la prestación para un hogar de mayor vulnerabilidad con un niño incluido en las cohortes alcanzadas por el cambio. En el escalón más bajo, vinculado a asignación familiar sin TUS, el valor manejado sería de unos $ 2.222 por niño. Son cifras sujetas al texto final del proyecto.

La pobreza infantil como límite del Uruguay social

La medida llega con un dato de fondo que el país no puede seguir relativizando: la pobreza en Uruguay tiene rostro infantil.

El INE informó que en 2025 la pobreza por ingresos alcanzó al 16,6% de las personas y al 13,2% de los hogares. Pero la distribución por edades muestra una desigualdad persistente: los niños y adolescentes siguen concentrando los niveles más altos de pobreza.

UNICEF ya había señalado, con datos de 2024, que 230.000 niños, niñas y adolescentes vivían en situación de pobreza monetaria y que la tasa de pobreza infantil se ubicaba en 29%. También advirtió que 220.000 niños y adolescentes vivían en hogares con pobreza multidimensional. En total, cuatro de cada diez niños, niñas y adolescentes estaban alcanzados por pobreza monetaria, multidimensional o ambas.

Por eso la discusión de fondo no es solo contable. El gobierno intenta mover recursos hacia donde el daño social es más temprano y más duradero: la primera infancia. Desde una perspectiva social, la señal es relevante. Un país que protege mucho mejor a sus adultos mayores que a sus niños tiene un problema estructural de justicia distributiva.

La tensión estará en el Parlamento. El equipo económico sostiene que la Rendición no alterará las metas fiscales y que los incrementos deberán financiarse con reasignaciones. Sectores del oficialismo, en particular el MPP, reclaman que no sea una Rendición de “gasto cero” y que haya recursos incrementales para infancia y otras áreas sociales. Además, el Frente Amplio no tiene mayoría propia en Diputados, por lo que deberá negociar votos.


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