Donald Trump endureció las reglas para que el Pentágono deje de utilizar minerales y componentes procedentes de China a partir del 1.º de enero de 2027. Sin embargo, Estados Unidos produce menos del 1% de los imanes de tierras raras que consume y varias plantas financiadas con miles de millones de dólares recién estarán operativas entre 2028 y 2030. La Casa Blanca puede terminar concediendo las mismas exenciones que prometió eliminar e incluso comprando materiales chinos para sostener su industria militar.
La promesa de Donald Trump de liberar a Estados Unidos de la dependencia de los minerales chinos está chocando contra una debilidad estructural que el discurso de “Estados Unidos primero” no puede resolver mediante órdenes ejecutivas: el país dispone de recursos minerales, pero carece de las minas, las refinerías, la tecnología y las fábricas necesarias para convertirlos en componentes industriales.
A poco más de cinco meses del plazo fijado para el 1.º de enero de 2027, los productores estadounidenses están muy lejos de abastecer la demanda de tierras raras, imanes permanentes, tungsteno, molibdeno y tantalio utilizados en misiles, aviones, vehículos, computadoras, satélites, motores eléctricos y sistemas de comunicación.
La prohibición no implica el cierre total de todas las importaciones comerciales procedentes de China. Se aplica principalmente a las compras del Departamento de Defensa y a los materiales incorporados en los equipos adquiridos por el Estado. Las normas alcanzan también a Rusia, Irán y Corea del Norte y extienden los controles desde el producto final hasta las distintas etapas de extracción, refinación y fabricación.
Trump firmó el 20 de julio una orden ejecutiva que dificulta la entrega de exenciones a los contratistas militares. A partir de ahora, las empresas deberán demostrar que buscaron proveedores alternativos, informar el origen de los materiales y presentar un plan concreto para abandonar las cadenas de suministro vinculadas con los países prohibidos. También podrán perder futuros contratos si incumplen esas exigencias.
El problema es que las compañías estadounidenses necesitan seguir comprando fuera del país para mantener funcionando sus fábricas. La fecha política avanza mucho más rápido que la capacidad industrial.
Estados Unidos produce 300 toneladas, pero necesita 48.000
La mayor evidencia de esa dependencia aparece en los imanes permanentes de tierras raras, componentes pequeños pero esenciales para sistemas militares, vehículos, turbinas, robots, computadoras y equipos electrónicos.
Estados Unidos consumió durante 2025 aproximadamente 48.000 toneladas métricas del tipo más utilizado de imanes de tierras raras. Su producción interna aportó apenas 300 toneladas.
Eso representa alrededor del 0,6% de la demanda nacional.
Las empresas estadounidenses esperan alcanzar una capacidad anual cercana a las 5.000 toneladas hacia finales de 2026. Incluso si todas esas instalaciones cumplen sus objetivos y la demanda permanece sin cambios, la producción cubriría apenas un 10% de las necesidades registradas el año anterior.
La situación es todavía más delicada con otros minerales incluidos en las restricciones. Estados Unidos no produce tungsteno desde 2015 y dejó de extraer tantalio en 1959.
Guardian Metal Resources proyecta abrir una mina estadounidense de tungsteno en 2028, un año después de que entre en vigor la prohibición. Lion Rock Resources trabaja en un proyecto de tantalio en Dakota del Sur, pero todavía no estableció una fecha para comenzar la producción.
La dificultad no se limita a extraer minerales del suelo. Las tierras raras deben ser separadas, purificadas, refinadas y transformadas antes de convertirse en metales, aleaciones o imanes. Ese proceso exige instalaciones especializadas, conocimientos técnicos, grandes inversiones y años de pruebas.
Estados Unidos es uno de los principales productores de óxidos de tierras raras sin procesar, pero una parte de ese material debe salir del país para ser refinada y luego regresar convertida en un producto de mayor valor. La propia Casa Blanca reconoció que en 2024 el país dependía completamente de las importaciones para 12 minerales críticos y en más de un 50% para otros 29.
China construyó durante décadas una cadena que comprende extracción, refinación, fabricación de aleaciones, imanes y componentes terminados. Actualmente controla más del 80% de la capacidad mundial de procesamiento de minerales críticos y mantiene una posición dominante en la fabricación de imanes de tierras raras.
La ventaja china no se explica solamente por la existencia de yacimientos. También es el resultado de una política industrial sostenida, inversión estatal, formación tecnológica e integración de las diferentes etapas productivas.
Estados Unidos y otras economías occidentales siguieron durante décadas el camino contrario: desplazaron actividades industriales hacia países con menores costos, dejaron la producción en manos del mercado y priorizaron la compra del producto más barato. Ahora Washington descubre que una potencia militar no puede sostener su autonomía estratégica únicamente con bancos, patentes y empresas tecnológicas.
Miles de millones públicos, pero las fábricas llegarán después del plazo
Trump convirtió la producción de minerales críticos en una prioridad de seguridad nacional y su gobierno destinó decenas de miles de millones de dólares a préstamos, inversiones, garantías y acuerdos con cerca de 150 empresas.
Sin embargo, los principales proyectos no estarán listos para enero de 2027.
Ucore Rare Metals había previsto comenzar a refinar minerales en 2025, pero modificó sus planes y ahora espera iniciar parte de la producción durante 2027. La compañía desarrolla una tecnología denominada RapidSX, presentada como una alternativa más rápida al sistema tradicional de extracción mediante solventes.
MP Materials opera la mina de Mountain Pass, en California, y construyó una planta de imanes en Texas. La empresa espera que sus primeros productos sean aprobados por General Motors hacia finales de 2026, mientras que una segunda fábrica destinada a abastecer al Pentágono comenzaría a funcionar en 2028.
El acuerdo entre MP Materials y el Departamento de Defensa muestra hasta qué punto el gobierno necesita intervenir para reconstruir una industria que el mercado por sí solo no desarrolló.
El Pentágono invirtió US$400 millones en acciones preferentes de la compañía, otorgó un préstamo de US$150 millones, estableció un precio mínimo de US$110 por kilogramo para determinados productos y garantizó durante diez años la compra de los imanes producidos por la futura planta.
La operación colocó al Departamento de Defensa en condiciones de convertirse en el mayor accionista de MP Materials, con una participación potencial equivalente al 15% de la empresa. La nueva fábrica permitiría alcanzar una capacidad total de 10.000 toneladas anuales, pero comenzaría a operar recién en 2028.
El modelo incluye inversión estatal directa, créditos públicos, precios garantizados y compromisos de compra a largo plazo. Es decir, Washington recurre a una política industrial impulsada por el Estado para corregir las consecuencias de décadas de deslocalización y subordinación de la producción a la rentabilidad inmediata.
Otras empresas también recibieron apoyo público:
- Phoenix Tailings obtuvo un préstamo de US$500 millones para levantar una planta de procesamiento.
- Energy Fuels recibió un compromiso crediticio de US$725 millones y proyecta alcanzar una capacidad de 6.000 toneladas anuales en 2029.
- ReElement Technologies recibió US$25 millones y pretende aplicar cromatografía, una tecnología utilizada en la industria farmacéutica, al procesamiento de minerales.
- Vulcan Elements construye una fábrica de imanes en Carolina del Norte cuya apertura está prevista para 2030.
Las inversiones pueden ampliar la producción estadounidense en los próximos años, pero no resuelven el vacío inmediato. La prohibición entra en vigor antes de que varias de las plantas financiadas por el propio gobierno estén preparadas para producir.
Trump puede terminar autorizando aquello que prometió prohibir
La legislación permite que el Departamento de Defensa conceda excepciones cuando no existan materiales suficientes, con la calidad requerida y a un precio considerado razonable.
Washington utilizó ese mecanismo durante años porque la industria estadounidense no tenía capacidad para abastecer a los contratistas militares. La nueva orden de Trump restringe las exenciones, pero no elimina completamente esa salida.
A partir de enero, los contratistas deberán demostrar un “esfuerzo exhaustivo” para evitar los materiales chinos y presentar un cronograma para reducir su dependencia. Frente a la diferencia entre las 48.000 toneladas de imanes demandadas y las 5.000 toneladas de capacidad proyectada, las excepciones aparecen como la alternativa para evitar interrupciones en la fabricación de armamento y tecnología.
La contradicción se vuelve todavía más visible con el Proyecto Vault, el fondo creado por Trump para formar una reserva estratégica de minerales críticos.
El programa moviliza US$12.000 millones: un préstamo de US$10.000 millones del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos y otros US$2.000 millones aportados por empresas privadas.
El objetivo es almacenar una cantidad equivalente a 60 días de consumo para fabricantes de automóviles, empresas tecnológicas y otras industrias. Los funcionarios admitieron que, durante la etapa inicial, deberán comprar minerales en cualquier parte del mundo, incluso en China.
Trump puede terminar almacenando productos chinos con financiamiento público mientras proclama que todas las agencias federales deben comprar exclusivamente materiales estadounidenses.
Estados Unidos también intenta asegurar suministros mediante acuerdos con Japón, Corea del Sur, Australia y otros aliados. Esa estrategia podría reducir parcialmente la dependencia directa de China, pero tampoco elimina la presencia china en las etapas intermedias de refinación y procesamiento.
En enero, el propio Trump desistió de imponer inmediatamente nuevos aranceles generales a las tierras raras y otros minerales críticos. En lugar de cerrar las importaciones, ordenó negociar con países proveedores y evaluar precios mínimos que permitan sostener proyectos occidentales frente a la competencia china.
China, por su parte, sostiene que sus políticas comerciales cumplen las normas internacionales. Beijing comenzó a restringir en abril de 2025 la exportación de siete tierras raras pesadas y posteriormente amplió los controles a tecnologías, equipos y productos fabricados fuera de China que contuvieran materiales chinos. Parte de esas medidas quedó suspendida hasta noviembre de 2026, pocas semanas antes de la entrada en vigor de las restricciones estadounidenses.
La Agencia Internacional de Energía estimó que la aplicación completa de los controles chinos podría colocar en riesgo unos US$6,5 billones anuales de producción industrial fuera de China. Los sectores más expuestos incluyen automóviles, electrónica, defensa, energía, aviación y centros de datos.
El enfrentamiento por los minerales revela una disputa mucho más profunda que una guerra comercial. Los materiales necesarios para fabricar motores, baterías, radares, misiles y computadoras se convirtieron en instrumentos de poder geopolítico.
Trump pretende resolver esa dependencia mediante nacionalismo económico, presión comercial y grandes transferencias de fondos públicos a compañías privadas. Pero la capacidad industrial no puede reconstruirse por decreto ni ajustarse al calendario electoral de un presidente.
Tampoco debería convertirse la urgencia en una excusa para eliminar controles ambientales, desconocer los derechos de las comunidades o subsidiar sin condiciones a empresas mineras. Una política soberana de minerales requiere planificación pública, investigación, reciclaje, protección laboral, participación de los territorios y cooperación internacional.
Estados Unidos tiene dinero, reservas minerales y poder tecnológico. Lo que no tiene es tiempo suficiente para cumplir la promesa fijada por Trump.
El 1.º de enero de 2027 puede terminar mostrando la distancia entre la retórica del “Estados Unidos primero” y la realidad de una economía que todavía necesita a China para fabricar buena parte de los productos con los que pretende competir, sancionar y hacer la guerra.