La cooperativa COVIOC, integrada por familias trabajadoras vinculadas a obreros de la construcción, tiene 40 viviendas prácticamente terminadas desde 2019 en Paysandú. Nunca pudieron ser ocupadas por fallas estructurales graves, oxidación, rajaduras y dudas técnicas sobre la viabilidad de las construcciones.
Cuarenta viviendas casi terminadas, vacías desde 2019
El caso corresponde a COVIOC, Cooperativa de Vivienda de Obreros de la Construcción, ubicada en Vizconde de Mauá y Vásquez Varela, antigua calle N.º 7, en la ciudad de Paysandú.
El proyecto era de 40 viviendas. La cooperativa fue fundada en 2011 y la obra comenzó en 2017. Según la información manejada por organismos públicos, el emprendimiento llegó a tener un 98% de avance, pero las familias nunca pudieron ingresar a vivir.
El Estado financió el proyecto a través del sistema cooperativo de vivienda. La Agencia Nacional de Vivienda registró a COVIOC dentro de los préstamos firmados para cooperativas a fines de 2016, con 40 viviendas previstas en Paysandú. El Tribunal de Cuentas también registra una resolución de 2015 vinculada al préstamo y la ampliación de préstamo para la construcción de esas viviendas.
La inversión estatal informada asciende a 81.000 unidades reajustables. Con el valor oficial de la UR de mayo de 2026, $1.921,36, esa cifra equivale aproximadamente a $155,6 millones. Dividido entre 40 viviendas, representa cerca de $3,89 millones por vivienda.
El problema es que esas viviendas, financiadas con recursos públicos y destinadas a familias trabajadoras, permanecen sin uso desde 2019. Las familias siguieron alquilando, viviendo con familiares o dependiendo de redes de apoyo, mientras las construcciones se deterioraban, eran robadas y generaban nuevos costos de vigilancia y servicios.
Algunas familias terminaron renunciando a la cooperativa por la demora y la falta de una solución definitiva.
El sistema Crupe, la oxidación y la pregunta por los controles
Las viviendas fueron construidas con el sistema no tradicional Crupe System, vinculado a la empresa Niveltien. El problema real aparece en ese punto: no se trata solo de una obra detenida, sino de un sistema constructivo que terminó asociado a fallas estructurales, oxidación y deterioro en varios proyectos.
En 2019, una cooperativa similar en Fray Bentos detectó oxidación en su estructura. A partir de esa alerta, COVIOC realizó cateos en Paysandú y encontró una situación parecida. Antes de ser habitadas, las viviendas ya mostraban grietas, hierros oxidados y deterioro visible.
En 2020, estudios técnicos realizados por Facultad de Arquitectura e Ingeniería advirtieron que no se podía asegurar la viabilidad de las casas ni determinar con certeza el grado de compromiso estructural provocado por la oxidación.
La situación dejó expuesta una cadena de responsabilidades todavía no resuelta. La construcción se hizo con un sistema no tradicional habilitado para su uso. El Ministerio de Vivienda había renovado en 2017 la habilitación técnica del sistema Crupe, mientras el IAT CET-PVS, instituto de asistencia técnica vinculado al Programa de Vivienda Sindical, intervino en el proceso cooperativo.
El IAT CET-PVS denunció en 2019 ante el Ministerio de Vivienda los problemas del sistema Crupe, luego de detectar oxidación en estructuras de cooperativas de Fray Bentos y Paysandú. Posteriormente, el sistema dejó de estar habilitado para nuevas cooperativas.
El punto crítico es por qué una obra financiada por el Estado, construida con un sistema habilitado y acompañada por técnicos, llegó a estar 98% terminada sin que las fallas se corrigieran antes. También queda planteada la pregunta sobre qué controles se realizaron durante la construcción, quién debía advertir el deterioro estructural y en qué momento las autoridades tuvieron información suficiente para detener o corregir el proceso.
El caso de Paysandú no aparece aislado. También hubo antecedentes vinculados al sistema Crupe en Fray Bentos y en viviendas de Paso Carrasco, Canelones, con problemas de humedad, oxidación y deterioro estructural. Desde el Programa de Vivienda Sindical se sostuvo que las familias no eran responsables de las fallas y que el sistema había sido avalado por el Ministerio de Vivienda.
Juicio abierto, organismos cruzados y una posible demolición
La cooperativa inició acciones judiciales contra el Ministerio de Vivienda y la Agencia Nacional de Vivienda, el IAT y la empresa Niveltien. La audiencia de conciliación fue en marzo de 2021 y la demanda comenzó en agosto de ese año.
Desde entonces, el caso quedó atrapado entre la vía judicial, los reclamos políticos y la falta de una solución habitacional concreta. Mientras tanto, las viviendas siguieron vacías y en deterioro.
En setiembre de 2024, la Junta Departamental de Paysandú trató una propuesta para declarar las 40 viviendas como fincas ruinosas. El planteo señalaba que las construcciones se deterioraban progresivamente, que nunca habían sido ocupadas y que correspondía una intervención urgente de la Dirección de Edificaciones, Bomberos y el Ministerio de Vivienda.
En octubre de 2025, la empresa BISA realizó un nuevo cateo técnico, mientras la cooperativa seguía esperando resultados y una definición institucional.
En mayo de 2026, la Junta Departamental de Paysandú recibió a una delegación de vecinos de COVIOC y aprobó por unanimidad una declaración para reclamar una solución al Ministerio de Vivienda. La declaración sostuvo que el proceso judicial no debía ser usado como excusa para seguir postergando respuestas políticas y administrativas.
El 3 de junio de 2026, la Comisión de Vivienda del Parlamento recibió a integrantes de COVIOC de Paysandú, quienes expusieron la situación y entregaron copia del último informe técnico del Ministerio de Vivienda sobre el estado de las viviendas. Luego, la comisión acordó realizar consultas urgentes al Ministerio.
El 11 de junio de 2026, la Intendencia de Paysandú informó una reunión entre el intendente Nicolás Olivera y el director de la ANV, Alfonso Lereté. Allí se indicó que COVIOC tenía un 98% de avance de obra y que las familias no pudieron acceder a sus viviendas por defectos constructivos. La ANV anunció que generaría un expediente con detalles del proceso constructivo y material gráfico para deslindar responsabilidades.
También se informó que las viviendas no pueden ocuparse en el estado actual. La Agencia Nacional de Vivienda quedó estudiando alternativas institucionales para responder a las familias.
Hasta ahora no aparece publicada una resolución oficial definitiva que ordene formalmente la demolición de las 40 viviendas. Tampoco surge una sentencia judicial final. La situación actual combina una probable demolición, una inversión estatal ya realizada, un expediente administrativo en construcción, un juicio abierto y familias que siguen sin acceder a las viviendas prometidas.
El hilo del caso es claro: el Estado financió, habilitó y acompañó un proceso habitacional destinado a familias trabajadoras; la obra quedó casi terminada; las viviendas nunca pudieron ocuparse; el sistema constructivo utilizado terminó bajo cuestionamiento; y todavía no hay una definición pública final sobre quién responde por el daño, quién paga la solución y qué alternativa habitacional tendrán las familias.
Foto ; Foto: Somos de Acá / Paysandú.