El ataque como libreto
En otro intento de correrse del «Cardamagate» Javier García volvió a elegir el camino del golpe verbal. El senador nacionalista cargó contra el ministro del Interior, Carlos Negro, lo llamó “atrevido” y “derrotado”, y sostuvo que el gobierno perdió el control de la seguridad.
La discusión sobre seguridad pública merece seriedad. Hay problemas reales, barrios golpeados por la violencia, familias que viven con miedo y una ciudadanía que exige respuestas. Pero el tono elegido por García no parece buscar una discusión de fondo. Su intervención apunta a instalar ruido, endurecer el clima político y presentar al gobierno como incapaz.
No es una novedad. Cada vez que un tema sensible se acerca demasiado al Partido Nacional, García responde con una ofensiva. Sube el volumen, personaliza la crítica y corre el eje hacia otro lugar. En política, esa táctica es conocida: no hay mejor defensa que un ataque.
Cardama, el expediente que pesa
El punto que García intenta dejar lejos del centro de la escena es Cardama. El contrato por las patrullas oceánicas fue firmado durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, cuando García era ministro de Defensa. Ese proceso terminó bajo investigación, con cuestionamientos sobre garantías, plazos, documentación y responsabilidades administrativas.
El gobierno de Yamandú Orsi resolvió avanzar hacia la rescisión del contrato y denunció fuertes indicios de fraude o estafa al Estado uruguayo. También se instaló una comisión investigadora parlamentaria para analizar los hechos vinculados a la compra de los buques.
Ese es el dato político central. García no es un comentarista externo. Fue la autoridad política del Ministerio de Defensa en el período en que se firmó el contrato. Por eso, cada vez que el caso Cardama suma elementos, su margen de defensa se vuelve más estrecho.
Seguridad como cortina de humo
El recurso de atacar a Negro permite a García ocupar titulares con otro tema. Habla de seguridad, usa frases fuertes, acusa al gobierno y se coloca en el lugar de fiscal severo. Pero al mismo tiempo evita quedar encerrado en la pregunta que más le pesa: qué responsabilidad política tuvo su gestión en el contrato con Cardama.
La oposición tiene derecho a criticar. Ese derecho es parte de la democracia. Pero otra cosa es usar la seguridad como cortina de humo para tapar un expediente incómodo. Cuando un dirigente que debe explicar una compra millonaria cuestionada se presenta únicamente como acusador, la ciudadanía tiene derecho a mirar el movimiento completo.
El país necesita respuestas sobre seguridad, pero también necesita respuestas sobre el uso del dinero público. Las patrullas oceánicas eran necesarias para la soberanía marítima; lo que está en discusión es cómo se contrató, qué garantías se aceptaron y quién asumió la responsabilidad política por ese proceso.
García puede atacar todo lo que quiera. Pero Cardama sigue ahí. Y mientras el expediente siga abierto, cada arremetida contra el gobierno sonará menos como preocupación por la seguridad y más como una defensa anticipada.