Washington incorporó a su legislación un mecanismo que permite restringir asistencia económica y de seguridad a los gobiernos que mantengan determinados acuerdos con Cuba para recibir profesionales de la salud. Uruguay aparece ahora bajo esa presión por una cooperación sanitaria que lleva casi dos décadas y que ha permitido devolver o mejorar la visión de decenas de miles de personas. La discusión sobre los derechos laborales de los médicos cubanos es legítima; convertirla en una herramienta para condicionar las decisiones soberanas de otro Estado es otra cosa.

Una ley estadounidense que pretende decidir también fuera de Estados Unidos

Estados Unidos volvió a colocar a Cuba en el centro de su política exterior hacia América Latina, pero esta vez el mecanismo no actúa solamente sobre La Habana. Una disposición incluida en la legislación presupuestal estadounidense para 2026 ordena identificar a los países y organismos internacionales que, según el Departamento de Estado, pagan directamente al gobierno cubano por el trabajo de profesionales médicos que Washington considera sometidos a condiciones coercitivas o de trata.

La misma normativa establece que, si un país permanece durante dos años consecutivos en esa nómina, determinadas partidas de asistencia económica y de seguridad destinadas a su gobierno central pueden quedar bloqueadas. Uruguay quedó alcanzado por esta discusión a partir de su cooperación sanitaria con Cuba y de la permanencia de profesionales cubanos en el Hospital de Ojos.

El mensaje político resulta difícil de separar de su contenido jurídico. Washington no se limita a cuestionar las condiciones en las que trabajan esos profesionales, sino que vincula la continuidad de su propia cooperación internacional con las decisiones que adopten otros Estados respecto de Cuba. Ese es el punto central: una potencia extranjera utilizando recursos económicos y de seguridad como herramienta para influir sobre la política soberana de otro país.

El problema es un Hospital de Ojos que lleva casi veinte años funcionando

La presión no recae sobre una cooperación abstracta. El vínculo sanitario entre Uruguay y Cuba está directamente relacionado con el Hospital Especializado de Ojos José Martí, surgido de los acuerdos iniciados durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez. La cooperación comenzó en 2005 con uruguayos que viajaban a Cuba para ser operados y desembocó en 2007 en la creación del centro oftalmológico instalado en el Saint Bois.

Desde entonces, profesionales uruguayos y cubanos participan en una experiencia que se convirtió en una referencia dentro de la salud pública nacional. Hasta mediados de 2025 se habían realizado más de 118.000 cirugías y más de 900.000 consultas oftalmológicas desde el comienzo del programa. En 2026, el centro continuaba realizando decenas de intervenciones quirúrgicas por día.

Su importancia social no es menor. Buena parte de quienes accedieron a esas operaciones son usuarios del sistema público que durante años encontraron enormes dificultades económicas para acceder a determinados tratamientos oftalmológicos. Para miles de personas mayores, trabajadores y sectores de bajos ingresos, el Hospital de Ojos significó recuperar visión, autonomía y calidad de vida.

Defender derechos no significa aceptar tutelas

Uruguay tiene el deber de garantizar que cada profesional extranjero que trabaje en el país lo haga con plena libertad, remuneración adecuada y todos los derechos laborales correspondientes. Si existen restricciones, retenciones salariales, mecanismos coercitivos o cualquier otra vulneración, deben investigarse y corregirse.

Pero esa obligación pertenece al Estado uruguayo, a sus instituciones y a su marco jurídico. No otorga a otro gobierno la potestad de establecer qué relaciones internacionales debe abandonar Uruguay para conservar asistencia económica, militar o de seguridad. Una cosa es exigir garantías laborales y otra muy distinta utilizar esas garantías como instrumento de presión geopolítica.

El planteo estadounidense traslada así el debate desde las condiciones laborales de los médicos hacia un terreno mucho más amplio. Si la continuidad de una cooperación sanitaria con Cuba puede determinar la pérdida de asistencia otorgada por Washington, entonces ya no se está discutiendo exclusivamente sobre derechos humanos: se está intentando condicionar la política exterior y sanitaria de un Estado soberano.

La soberanía también se defiende en la política sanitaria

Uruguay puede y debe revisar cualquier aspecto cuestionable de los acuerdos que mantiene con Cuba. Puede exigir transparencia, conocer cómo se distribuyen las remuneraciones, garantizar la libertad de movimiento de los profesionales y establecer todos los controles que considere necesarios. Nada de eso exige romper la cooperación.

Lo que no debería aceptar es que esas decisiones sean tomadas bajo amenaza económica. La cooperación internacional no puede convertirse en un sistema de premios y castigos destinado a disciplinar la política exterior de países más pequeños. Mucho menos cuando lo que está en juego es una política sanitaria con resultados concretos sobre decenas de miles de personas.

El gobierno de Yamandú Orsi tiene, por tanto, dos responsabilidades que no son contradictorias: proteger plenamente los derechos de los profesionales cubanos que trabajan en Uruguay y defender la autonomía del país para decidir con quién coopera y bajo qué condiciones. Los derechos humanos no pueden ser una excusa para la tutela política. Si hay irregularidades, deben corregirse. Si hay abusos, deben investigarse. Pero la política sanitaria uruguaya debe resolverse en Uruguay.