La bancada del Partido Nacional en la Junta Departamental de Florida presentó un proyecto para elevar a 9 BPC la compensación mensual de los ediles titulares y a 4 BPC la de los suplentes. En pesos de 2026, la iniciativa llevaría el reintegro de los titulares a $ 61.776 mensuales. La propuesta generó rechazo en sectores del Frente Amplio y del Partido Colorado, que cuestionan el aumento del 100% y la falta de contrapartidas claras.
Un aumento que duplica el monto actual
La bancada del Partido Nacional en la Junta Departamental de Florida presentó un proyecto de resolución para modificar la normativa vigente sobre la compensación de gastos que reciben los integrantes del cuerpo.
El texto propone cambiar el artículo 2 de la Resolución JDF Nº 15/2013, en la redacción dada por la Resolución Nº 46/2020. Según la nueva redacción, los ediles departamentales titulares tendrían derecho a una compensación mensual equivalente a 9 Bases de Prestaciones y Contribuciones, mientras que los suplentes podrían percibir 4 BPC.
Con el valor vigente de la BPC en 2026, fijado en $ 6.864, el monto para cada edil titular llegaría a $ 61.776 por mes. Para los suplentes, la compensación sería de $ 27.456 mensuales.
El proyecto también establece que quienes quieran cobrar esa compensación deberán manifestarlo por nota dirigida al presidente de la Junta, quien dispondrá la liquidación correspondiente.
Críticas desde el FA y rechazo colorado
La propuesta no pasó inadvertida. El edil frenteamplista Ariel Palleiro cuestionó el planteo y sostuvo que un aumento del 100% resulta desatinado. Su pregunta resume el malestar: qué cosa subió 100% en Uruguay como para justificar una duplicación de este tipo.
Palleiro también señaló un problema de fondo: el sistema actual se presenta como reintegro de gastos, pero no funcionaría como un reintegro documentado en sentido estricto. En otras palabras, no se trataría de devolver gastos comprobados con boletas, sino de una partida fija bajo el nombre de compensación.
El rechazo también apareció en el Partido Colorado. Sebastián Rodríguez afirmó que no acompañará una iniciativa de este tipo si implica duplicar el reintegro sin exigir ninguna contrapartida. Para el edil colorado, un aumento podría discutirse si estuviera vinculado a mayor participación, capacitación o trabajo efectivo para el departamento, pero no como una mejora automática.
Desde el Frente Amplio, Fabiel González fue más duro: cuestionó que se pretenda llevar el reintegro a $ 61.000 en un departamento con problemas sociales concretos, desempleo y necesidades básicas sin resolver. También advirtió que el impacto global podría superar los 5 millones de pesos mensuales si se consideran los distintos cobros dentro de la Junta.
La política local no puede vivir de espaldas a la realidad social
El caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión incómoda para los gobiernos departamentales: los ediles son cargos honorarios según la Constitución, pero en la práctica muchas juntas manejan partidas, reintegros y compensaciones que terminan pareciéndose demasiado a un ingreso mensual.
El problema no es reconocer que la tarea política tiene costos. Trasladarse, recorrer barrios, atender vecinos, estudiar expedientes y participar de comisiones requiere tiempo y recursos. El problema aparece cuando la solución se transforma en una partida fija, elevada y sin rendición clara, mientras miles de familias viven con salarios bajos, alquileres cada vez más pesados y servicios básicos que no siempre llegan.
Florida no necesita una Junta Departamental más cara para los contribuyentes. Necesita una Junta más transparente, más cercana y más útil. Una compensación de gastos puede ser legítima si está documentada, si responde a gastos reales y si tiene controles estrictos. Duplicarla por decisión política, sin una explicación socialmente sólida, envía el peor mensaje.
El Partido Nacional, que gobierna el departamento y conserva mayoría en la Junta, debería explicar por qué esta prioridad aparece arriba de la mesa. En tiempos donde se pide austeridad a trabajadores, jubilados y vecinos, la política no puede reservarse privilegios ni disfrazar ingresos bajo el nombre de reintegros.