En Quito, pacientes con VIH denuncian faltantes de antirretrovirales y algunos ya estiran dosis, piden pastillas prestadas o miran el mercado negro como última salida. La escena no es aislada: cuando la salud pública se trata como gasto a recortar, llegan las deudas, los faltantes y las listas de espera. Uruguay también lo vio tras el gobierno de Luis Lacalle Pou, con ASSE endeudada, medicamentos en falta y cientos de miles de consultas pendientes.
El miedo a quedarse sin tratamiento
Pacientes con VIH atendidos en el Hospital Carlos Andrade Marín, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en Quito, denunciaron que llevan más de 15 días sin recibir el medicamento antirretroviral TLD, compuesto por tenofovir, lamivudina y dolutegravir.
El caso expuso una situación crítica: personas que dependen de una pastilla diaria para mantener controlada la carga viral empezaron a calcular cuántos días más podían sostener su tratamiento. Enrique, uno de los pacientes afectados, contó que lleva 22 años tomando antirretrovirales y que nunca había enfrentado una situación tan grave como la actual.
Solo en el Hospital Carlos Andrade Marín se atienden alrededor de 1.600 pacientes con VIH, según organizaciones de apoyo. A nivel nacional, Ecuador tiene más de 52.000 personas viviendo con el virus, de acuerdo con datos sanitarios oficiales.
El propio relevamiento difundido por medios ecuatorianos mostró que el hospital tenía abastecidos solo cuatro de siete medicamentos usados en tratamientos antirretrovirales. El IESS informó luego que los medicamentos estaban en proceso de desaduanización y anunció la distribución de más de 258.000 tabletas antirretrovirales. Pero el dato central ya estaba instalado: durante días, pacientes quedaron frente a la posibilidad real de interrumpir un tratamiento que no admite improvisaciones.
Mercado negro, pastillas prestadas y dosis estiradas
La falta de medicamentos abrió una cadena de respuestas desesperadas. Algunos pacientes recurrieron a redes de apoyo para pedir pastillas prestadas o recibir donaciones de otros usuarios que tenían reservas. Otros evaluaron comprar el tratamiento en farmacias privadas o por vías informales.
El frasco de TLD para 30 días puede costar entre 120 y 200 dólares en el mercado formal, y pacientes mencionaron precios aún más altos en circuitos irregulares vinculados a Colombia o Perú. Para una persona trabajadora, jubilada o desempleada, ese costo mensual puede ser directamente imposible.
También aparecieron prácticas peligrosas: tomar la medicación día por medio para que dure más. No se trata de una decisión médica, sino de una reacción forzada por el desabastecimiento. En VIH, cortar o alterar el tratamiento puede provocar rebote viral, pérdida de control de la infección y mayor riesgo clínico.
La salud pública existe justamente para evitar eso. No para que una persona tenga que elegir entre comprar comida, pagar alquiler o conseguir una medicación que el Estado debe garantizar. Cuando el sistema falla, la carga cae sobre el cuerpo del paciente.
La misma receta: ajuste, desfinanciación y después faltantes
Ecuador atraviesa una crisis sanitaria más amplia. Durante el gobierno de Daniel Noboa, el presupuesto para medicamentos e insumos del Ministerio de Salud cayó más de 100 millones de dólares entre 2023 y 2025. También se verificó una fuerte reducción del presupuesto sanitario codificado a fines de 2024. La consecuencia no queda en una planilla: se ve en hospitales sin insumos, pacientes sin medicación y familias obligadas a resolver por fuera del sistema.
La derecha suele presentar estos recortes como orden, eficiencia o responsabilidad fiscal. Pero en salud pública, cuando se corta demasiado, alguien paga el costo. Y casi nunca lo paga quien firma el ajuste.
Uruguay tuvo una señal parecida al cierre del gobierno de Luis Lacalle Pou. La nueva administración de ASSE denunció deudas millonarias con laboratorios, prestadores y servicios asistenciales. Álvaro Danza, al asumir la presidencia del organismo, habló de unos 6.500 millones de pesos, cerca de 150 millones de dólares. Una auditoría también ubicó obligaciones pendientes por unos 127 millones de dólares a enero de 2025.
Según informó Danza, existían unidades ejecutoras con stock cero de medicamentos y la cadena de pago a proveedores estaba dañada. Meses después, ASSE informó que había restablecido buena parte del suministro y que trabajaba sobre listas de espera que rondaban las 400.000 solicitudes.
No son casos idénticos, pero sí muestran una lógica común: cuando la salud pública se subordina al ajuste, primero se habla de números y después aparecen los pacientes sin remedios, sin consulta o sin respuesta. En Ecuador, esa lógica hoy golpea a personas con VIH que dependen de una pastilla diaria. En Uruguay, dejó a ASSE con deuda, faltantes y demoras que el nuevo gobierno debió salir a ordenar.