Foto ; Militares ecuatorianos durante el conflicto armado interno.Ceibos, CC0, via Wikimedia Commons
Un nuevo toque de queda en Ecuador, el cuarto en lo que va de 2026, vuelve a colocar a las Fuerzas Armadas en el centro de la vida cotidiana. Bajo el argumento de combatir el narcotráfico, el gobierno de Daniel Noboa profundiza una política de militarización que coincide con la expansión de la presencia estratégica de Estados Unidos en América Latina. La sucesión de acuerdos militares, acercamientos económicos y restricciones de derechos permite observar un proceso regional en el que la seguridad funciona como puerta de entrada para ampliar la influencia de Washington sobre territorios, recursos y decisiones soberanas.
La guerra contra las drogas que nunca termina
Ecuador volverá a vivir bajo toque de queda. El presidente Daniel Noboa firmó el 15 de octubre el Decreto Ejecutivo 519, que restringirá la circulación entre la medianoche y las cinco de la mañana, del 1.º al 10 de noviembre, en Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas. Será la cuarta vez durante 2026 que miles de ciudadanos deberán reorganizar sus vidas alrededor de una disposición extraordinaria de seguridad.
La explicación oficial es conocida: combatir el narcotráfico, recuperar territorios y enfrentar a organizaciones criminales que han convertido amplias regiones del país en escenarios de violencia. Las extorsiones, los asesinatos, el reclutamiento de jóvenes y el control de determinadas economías locales constituyen una realidad dolorosa para la población ecuatoriana. Esa realidad termina justificando una militarización permanente y una subordinación creciente de las decisiones nacionales a los intereses estratégicos estadounidenses.
La llamada guerra contra las drogas lleva más de medio siglo ofreciendo una explicación para la intervención de Estados Unidos en América Latina. Cambian los gobiernos, los nombres de las operaciones y los enemigos señalados, pero permanece una misma lógica: identificar una amenaza, convertirla en asunto de seguridad nacional, ampliar la cooperación militar y presentar la presencia estadounidense como una condición indispensable para resolverla.
Colombia conoció esa dinámica mediante el Plan Colombia. México la experimentó con una militarización que no consiguió desarticular definitivamente las estructuras del narcotráfico. América Central ha atravesado décadas de operaciones y estrategias represivas sin que desaparecieran las economías criminales que justificaron su implementación. El balance histórico plantea una contradicción: cuanto más se prolonga la guerra, más se consolida la necesidad de mantener los dispositivos creados para combatirla.
Ecuador parece transitar ahora un camino semejante. Desde enero de 2024, cuando Noboa declaró la existencia de un conflicto armado interno, la excepcionalidad se fue incorporando progresivamente a la gestión política. Los militares ocuparon nuevos espacios, se multiplicaron las operaciones y las restricciones de derechos comenzaron a repetirse. Cada nueva medida es presentada como indispensable para alcanzar una seguridad que continúa siendo una promesa.
Mientras tanto, las grandes estructuras financieras que permiten lavar las ganancias del narcotráfico y los mercados internacionales que sostienen su rentabilidad permanecen mucho menos visibles en el discurso de guerra. Estados Unidos, uno de los mayores mercados consumidores de drogas ilegales, continúa proyectando buena parte de su estrategia represiva sobre los países latinoamericanos donde se produce, transporta o comercializa esa mercancía.
El resultado es una distribución particularmente desigual de las consecuencias: los consumidores y los circuitos financieros internacionales sostienen buena parte del negocio, mientras las sociedades latinoamericanas soportan la militarización, la violencia y la restricción de sus libertades.
Una soberanía que se negocia entre uniformes
Una secuencia política ayuda a comprender el lugar de Ecuador en el nuevo escenario continental. En noviembre de 2025, el pueblo ecuatoriano rechazó en referéndum la propuesta de eliminar la prohibición constitucional de instalar bases militares extranjeras. El 60,82 % votó por el no. La voluntad popular estableció un límite concreto a la presencia militar extranjera permanente.
Sin embargo, durante 2026 la cooperación militar con Estados Unidos continuó profundizándose. En marzo, el comandante del Comando Sur estadounidense, general Francis Donovan, se reunió con Noboa y las autoridades militares ecuatorianas. En mayo, el mandatario mantuvo encuentros en Washington con el vicepresidente JD Vance, en los que se abordaron seguridad, comercio, energía e inversiones. En junio, Noboa se reunió en el Pentágono con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, para analizar operaciones coordinadas, interoperabilidad militar e inversiones vinculadas a la lucha contra el narcoterrorismo y la minería ilegal.
En agosto, el jefe del Comando Sur regresó a Ecuador para continuar la coordinación dentro de la denominada Coalición contra los Carteles de las Américas, una estructura impulsada por Washington para articular operaciones regionales de seguridad. En septiembre, el secretario de Estado Marco Rubio se reunió con Noboa en Quito para reafirmar una agenda que combinó defensa, inversiones, comercio y combate al crimen organizado.
Finalmente, en octubre, el Gobierno anunció un nuevo toque de queda.
La secuencia describe una orientación política mucho más amplia. Ecuador se integra progresivamente a una arquitectura de seguridad regional promovida por Estados Unidos, mientras su población continúa sometida a medidas extraordinarias para enfrentar una violencia que no ha sido resuelta.
El rechazo popular a las bases militares no impidió el crecimiento de esa cooperación. La distinción jurídica entre una instalación militar extranjera permanente y un acuerdo de operaciones conjuntas no agota la discusión sobre soberanía. También comprende quién establece las prioridades estratégicas, quién define las amenazas, quién proporciona la inteligencia, quién dispone de capacidad operativa y hasta dónde llega la autonomía de las autoridades nacionales.
Washington tampoco oculta que su política hemisférica excede el combate al narcotráfico. El propio Comando Sur ha vinculado sus alianzas regionales con objetivos de seguridad, control migratorio y limitación de la influencia de otras potencias en el continente.
El narcotráfico aparece así integrado en una disputa geopolítica mayor, que excede el terreno policial e involucra el control estratégico de una región decisiva por sus recursos naturales, sus rutas marítimas, su biodiversidad, sus fuentes energéticas y su posición en el comercio mundial.
La soberanía no se pierde únicamente cuando un ejército extranjero instala una base. También puede debilitarse cuando las decisiones fundamentales de un país comienzan a depender de prioridades definidas fuera de sus fronteras.
Los recursos, los derechos y el verdadero objetivo
América Latina posee petróleo, gas, minerales estratégicos, agua dulce, tierras fértiles y una biodiversidad de importancia mundial. También concentra corredores comerciales fundamentales para la economía internacional. La expansión de los acuerdos de seguridad estadounidenses ocurre en una región donde se disputa el acceso a esas riquezas.
En Ecuador, la cooperación militar y las conversaciones sobre inversiones, minería, energía y comercio avanzan dentro de una misma relación bilateral, revelando la convergencia entre seguridad e intereses económicos que caracteriza la política exterior estadounidense.
La historia latinoamericana ofrece numerosos antecedentes. Durante décadas, Washington presentó sus intervenciones como respuestas a amenazas que fueron cambiando de nombre: el comunismo, la subversión, el terrorismo y, posteriormente, el narcotráfico. Cambiaron los argumentos, mientras persistieron las disputas por la orientación económica y política del continente.
Una sociedad sometida permanentemente a situaciones de emergencia dispone de menores márgenes para ejercer sus derechos. Los controles militares se naturalizan, las protestas quedan condicionadas por restricciones extraordinarias y la autoridad civil comienza a compartir crecientes espacios con instituciones armadas.
En Ecuador, Human Rights Watch ha documentado denuncias de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y otras violaciones graves atribuidas a integrantes de las fuerzas de seguridad. La desaparición y muerte de cuatro niños detenidos por militares en Guayaquil, en diciembre de 2024, se convirtió en uno de los episodios más estremecedores de esta etapa.
La seguridad que debería proteger a la población termina amenazando las libertades que pretende defender.
Los encuentros diplomáticos son públicos, los acuerdos de cooperación se anuncian oficialmente y los decretos que restringen derechos llevan la firma de los presidentes.
La hipótesis de una nueva arquitectura de subordinación continental, construida bajo el lenguaje de la guerra contra las drogas, adquiere sentido al observar cómo se articulan la expansión militar, las alianzas políticas, los intereses económicos y las facultades excepcionales.
El peligro es que los pueblos terminen aceptando un sistema que les exige resignar libertades en nombre de una seguridad siempre postergada, mientras las decisiones estratégicas se alejan de su control democrático.
Ecuador es uno de los escenarios donde esa tensión se manifiesta con mayor claridad. Pero la discusión atraviesa América Latina: quién controla sus recursos, quién define su política de seguridad, quién se beneficia de sus riquezas y quién paga el costo de las decisiones.
El próximo toque de queda durará diez días. La presencia militar podrá disminuir temporalmente algunos delitos y el Gobierno presentará sus balances operativos. Pero cuando finalice la restricción seguirán pendientes las preguntas centrales: qué se hizo para desarticular las estructuras económicas del narcotráfico, qué derechos recuperaron los ciudadanos y cuánto poder de decisión conserva el país sobre su destino.
La guerra contra las drogas puede convertirse en interminable cuando su continuidad sirve a intereses que van mucho más allá de combatirlas. La historia latinoamericana enseña que, cuando la seguridad se transforma en argumento permanente para subordinar a los pueblos, los recursos encuentran nuevos beneficiarios mientras los derechos encuentran nuevos límites.
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