Elena Zaffaroni participó en Durazno de una jornada de memoria a pocos días de la Marcha del Silencio. La actividad incluyó un homenaje a Óscar Fernández Mendieta, trabajador rural y militante asesinado bajo tortura en el Regimiento de Caballería N.º 2 en mayo de 1973, un mes antes del golpe de Estado.

Una jornada de memoria en Durazno

Durazno volvió a colocar en el centro el reclamo por memoria, verdad y justicia. A pocos días de una nueva Marcha del Silencio, vecinos, familiares, militantes sociales y dirigentes políticos participaron este domingo 24 de mayo de una jornada de homenaje a Óscar Fernández Mendieta, trabajador rural y militante político asesinado bajo tortura en el Regimiento de Caballería N.º 2 de Durazno.

La actividad tuvo dos momentos cargados de sentido. Uno se realizó junto a la placa instalada afuera del antiguo cuartel, señal que recuerda que en ese lugar funcionó un centro de detención y tortura. El otro se desarrolló en la necrópolis local, donde el homenaje volvió a reunir el nombre de Fernández Mendieta con una pregunta que sigue atravesando al país: qué pasó con las víctimas del terrorismo de Estado, quiénes fueron responsables y por qué Uruguay todavía necesita seguir exigiendo respuestas.

Entre quienes participaron estuvo Elena Zaffaroni, histórica integrante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y una de las voces más reconocidas de la lucha por los derechos humanos en Uruguay. Su presencia en Durazno no fue solo un gesto de acompañamiento. Fue también una forma de unir la memoria nacional con una memoria departamental que tiene nombres, lugares y heridas propias.

La jornada contó además con la presencia de una prima de Fernández Mendieta, del diputado suplente del Frente Amplio Raúl Licandro, integrantes del Partido Comunista Revolucionario y militantes vinculados a organizaciones sociales y políticas. El homenaje se realizó en una semana marcada por movilizaciones en Uruguay y en distintas ciudades del exterior, bajo el mismo reclamo que cada mayo vuelve a las calles: memoria, verdad y justicia.

Días antes, Zaffaroni había resumido el sentido de esa continuidad con una frase directa: “No vamos a dejar solos a los desaparecidos”. Esa idea sostuvo también la jornada en Durazno. La memoria no apareció allí como un acto del pasado, sino como una responsabilidad del presente.

El crimen de Fernández Mendieta

Óscar Felipe Fernández Mendieta tenía 26 años. Había nacido en Durazno, era trabajador rural, estaba casado y su esposa cursaba un embarazo. Militaba en el Partido Comunista Revolucionario. La tarde del 24 de mayo de 1973 fue detenido en su domicilio por efectivos del Regimiento de Caballería N.º 2. Su esposa lo vio salir esposado en la parte trasera de una camioneta militar.

Fue llevado al cuartel de Durazno. Allí lo condujeron al sótano. Según la reconstrucción incorporada por Sitios de Memoria Uruguay y por la causa judicial, fue interrogado y sometido a torturas hasta morir. Su asesinato ocurrió un mes antes del golpe de Estado del 27 de junio de 1973, en una etapa en la que la represión política ya funcionaba con fuerza bajo el autoritarismo previo a la dictadura formal.

Durante décadas, el caso de Fernández Mendieta fue parte de esa memoria sostenida por familiares, compañeros, organismos de derechos humanos y militantes que se negaron a dejar su nombre en el silencio. En 2016, el Ministerio de Defensa instaló una placa en el Regimiento de Caballería Blindado N.º 2 para señalar el lugar donde fue asesinado. Aquella marca fue colocada al amparo de la Ley 18.596, que reconoce la responsabilidad del Estado en hechos de persecución, prisión, tortura, desaparición forzada y asesinato por razones políticas.

La Justicia también avanzó, aunque tarde. En 2021 fueron procesados con prisión militares retirados vinculados al crimen. En 2025, dos exmilitares, Gustavo Mieres y Alberto Ballestrino, fueron condenados en primera instancia por el homicidio muy especialmente agravado de Fernández Mendieta. Otros militares señalados en la causa murieron antes de poder ser juzgados.

Ese recorrido muestra una verdad dura: la justicia llegó después de demasiados años, pero llegó porque hubo memoria organizada. Sin familiares, sin testigos, sin organismos de derechos humanos y sin militancia persistente, muchos de estos crímenes habrían quedado definitivamente encerrados detrás de los muros donde ocurrieron.