El gobierno de Abelardo De la Espriella asegura que recibió una UNGRD con apenas $30.000 millones disponibles para enfrentar el terremoto. Sin embargo, durante el empalme la administración de Gustavo Petro sostuvo que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo tenía más de $7 billones disponibles. En medio de una catástrofe que exige respuestas inmediatas, la enorme diferencia entre ambas cifras todavía necesita una explicación pública y documentada.
Colombia enfrenta una de las mayores tragedias naturales de los últimos años y, junto a la búsqueda de sobrevivientes, la atención de miles de damnificados y la reconstrucción de viviendas, hospitales y escuelas, comienza a instalarse una pregunta inevitable: ¿qué ocurrió con los recursos que el gobierno de Gustavo Petro aseguró dejar disponibles en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres?
La pregunta surge de dos versiones oficiales que, al menos hasta ahora, parecen difíciles de conciliar.
Durante el proceso de empalme, Javier Pava, quien había dirigido la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) durante el gobierno de Petro y quedó transitoriamente al frente después del terremoto, afirmó que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) contaba con más de $7 billones disponibles. Tras el sismo, Pava precisó además que había aproximadamente $35.000 millones para la respuesta humanitaria inmediata.
Pocos días después, el nuevo director designado por Abelardo De la Espriella, David Santiago Tamayo, presentó una situación radicalmente diferente: aseguró que encontró aproximadamente $30.000 millones disponibles para atender directamente la emergencia y sostuvo que una parte importante de los restantes recursos de la entidad estaba comprometida en obligaciones, deudas y contratos.
La diferencia no es menor. Entre los más de $7 billones señalados durante el empalme y los $30.000 millones que ahora el nuevo gobierno dice tener disponibles existe una distancia de dimensiones enormes.
Dos cifras diferentes que necesitan una explicación
Existe, sin embargo, una precisión indispensable: no necesariamente se está hablando de exactamente la misma caja.
Los más de $7 billones mencionados por Pava correspondían al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, una estructura financiera que atiende diferentes programas, proyectos, compromisos y emergencias. Los $30.000 millones señalados por Tamayo corresponden, según su explicación, a los recursos inmediatamente utilizables por la UNGRD para afrontar específicamente el terremoto.
Por eso sería incorrecto concluir simplemente que “desaparecieron $7 billones”.
Pero la diferencia tampoco puede cerrarse con esa aclaración.
Si el gobierno anterior sostuvo públicamente que dejaba más de $7 billones disponibles en el FNGRD, corresponde conocer cuánto de ese dinero estaba realmente libre, cuánto tenía destinación específica, cuánto estaba comprometido contractualmente, cuánto correspondía a obligaciones anteriores y cuánto podía movilizarse ante una catástrofe nacional como la que finalmente ocurrió.
El actual gobierno, por su parte, debería presentar esa contabilidad completa y no limitar la explicación a afirmar que recibió una institución sin dinero.
Hasta ahora esa conciliación pública, peso por peso, no aparece.
El otro problema: los contratos no aparecían
La cuestión adquirió mayor dimensión a partir de una investigación publicada el 13 de agosto por Cuestión Pública.
El medio revisó el sistema de contratación pública colombiano y afirmó que no encontró contratos en ejecución de la UNGRD ni de Fiduprevisora específicamente vinculados con la atención del terremoto en SECOP. La observación fue realizada después de que el nuevo gobierno ya hubiera declarado la situación de desastre nacional.
El presidente De la Espriella había firmado el Decreto 1171 del 11 de agosto, que habilitó mecanismos especiales de contratación para responder rápidamente a la emergencia y creó dentro del FNGRD una nueva subcuenta denominada “SISMO 2026”.
Es decir: jurídicamente se habían abierto mecanismos para acelerar el gasto.
Pero al momento de la revisión realizada por Cuestión Pública, esos contratos para la emergencia no aparecían publicados.
Una búsqueda posterior realizada por Quatroges hasta este 16 de agosto tampoco permitió localizar públicamente en SECOP documentación que cierre aquella observación inicial. Esto no permite afirmar que no exista ninguna ejecución estatal por otros mecanismos, pero mantiene abierta una pregunta fundamental sobre la trazabilidad contractual del dinero destinado específicamente al terremoto.
De la Espriella prometió un «Fondo Milagro»
Ante la magnitud de la destrucción, De la Espriella anunció además la creación de un «Fondo Milagro», destinado a canalizar aportes nacionales e internacionales para la reconstrucción.
El mandatario prometió subsidios para damnificados, ayudas para alquileres, alivios tributarios y financieros, apoyo a comerciantes y recursos para las familias más vulnerables. También declaró la emergencia económica para ampliar las herramientas con las que el Ejecutivo puede intervenir frente a la crisis.
Paralelamente, el gobierno seleccionó políticamente parte de la cooperación internacional que aceptaría para las tareas de rescate. Inicialmente formalizó solicitudes de equipos de Estados Unidos, Israel, Ecuador y El Salvador, mientras otras ofertas internacionales quedaron fuera o demoradas, una decisión cuestionada incluso por Petro, quien reclamó que la ayuda humanitaria no tuviera filtros ideológicos.
La cooperación internacional comenzó después a materializarse. Estados Unidos elevó su asistencia hasta US$26,5 millones, destinada a alimentos, refugio, salud, protección y evaluación de daños. También llegaron especialistas internacionales y otras formas de asistencia.
Además, el Banco Mundial informó el desembolso de US$200 millones para apoyar la emergencia y la posterior recuperación.
Por tanto, el problema ya no puede plantearse simplemente como ausencia absoluta de dinero extranjero.
La cuestión más importante está dentro de Colombia.
¿Dónde están los recursos que Petro dijo dejar?
El gobierno de De la Espriella construyó rápidamente un relato según el cual recibió una administración financieramente devastada. Tamayo aseguró que la UNGRD dispone de apenas $30.000 millones para la emergencia y habló de recursos comprometidos y obligaciones acumuladas.
La administración saliente dejó otra versión.
Pava sostuvo públicamente durante el empalme que el FNGRD tenía más de $7 billones disponibles. Esa afirmación fue hecha antes de conocerse la magnitud del terremoto y quedó registrada públicamente.
Ambas versiones deben poder confrontarse con documentos.
¿Cuál era el saldo exacto del FNGRD al 7 de agosto? ¿Cuánto estaba comprometido? ¿En qué? ¿Cuánto estaba efectivamente disponible para nuevas emergencias? ¿Cuánto permanecía en Fiduprevisora? ¿Qué recursos podían trasladarse a la subcuenta SISMO 2026? ¿Cuánto ingresó desde entonces? ¿Cuánto se contrató y cuánto se pagó?
No son preguntas contables menores.
Mientras miles de familias necesitan vivienda, alimentación, atención sanitaria, agua y reconstrucción, una diferencia de semejante magnitud entre lo declarado por una administración y lo encontrado por la siguiente debe ser explicada públicamente.
Y también existe una responsabilidad para el gobierno que acaba de asumir: si sostiene que el dinero que Petro dijo dejar no está disponible, debe mostrar dónde está comprometido y por qué no puede utilizarse.
No alcanza con decir que no hay plata.
Una catástrofe no admite una guerra de relatos
Colombia no comenzó desde cero el 7 de agosto. El sistema de gestión de riesgos, los equipos de rescate, los organismos locales y buena parte de la estructura que respondió al terremoto existían antes del cambio de gobierno. Especialistas han destacado que esas capacidades acumuladas durante décadas permitieron una respuesta inmediata, aunque la escala del desastre terminó superando numerosos recursos locales.
Tampoco puede atribuirse automáticamente al nuevo gobierno todo lo que funciona mal apenas días después de asumir.
Pero precisamente por tratarse de una transición ocurrida prácticamente al mismo tiempo que una catástrofe, la transparencia sobre los recursos es indispensable.
El gobierno de Gustavo Petro dijo dejar más de $7 billones en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo.
El gobierno de Abelardo De la Espriella dice haber encontrado $30.000 millones inmediatamente disponibles para el terremoto.
Mientras no aparezca una conciliación pública y verificable entre ambas cifras, la pregunta seguirá siendo la misma:
¿Dónde están los más de $7 billones que el gobierno anterior dijo dejar y cuánto de ese dinero puede utilizarse hoy para quienes perdieron todo?