La Comisión de Población y Desarrollo de Diputados resolvió avanzar con celeridad en el proyecto presentado por el nacionalista Pablo Abdala para impedir que personas que ya ingresaron al sistema penitenciario de adultos vuelvan posteriormente al Inisa a completar medidas pendientes por delitos cometidos durante la adolescencia. La discusión tomó nuevo impulso después de la comparecencia del sindicato del organismo ante el Parlamento y de nuevas agresiones contra trabajadores. El gobierno de Yamandú Orsi comparte la necesidad de modificar la normativa y elaboró una propuesta propia, aunque el Poder Ejecutivo todavía no la envió al Parlamento.
Una situación que volvió a poner al Inisa en el centro
El debate se aceleró después de una nueva agresión contra un trabajador del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. El 22 de setiembre, un funcionario del Centro de Ingreso de Adolescentes Masculino sufrió fracturas en el rostro tras ser atacado por un interno mayor de edad y debió ser atendido en el Hospital del Banco de Seguros del Estado. El sindicato volvió entonces a reclamar una solución para una situación que viene señalando desde hace meses: personas que cometieron delitos cuando eran adolescentes, recibieron medidas socioeducativas, posteriormente ingresaron al sistema penitenciario por nuevos delitos cometidos ya siendo adultas y, una vez cumplida esa etapa, pueden regresar al Inisa porque todavía mantienen medidas pendientes. La comparecencia sindical ante la Comisión de Población y Desarrollo terminó empujando a legisladores del oficialismo y de la oposición a acelerar el análisis del proyecto presentado por Abdala el 19 de marzo. La iniciativa modifica los artículos 91 y 92 del Código de la Niñez y la Adolescencia y establece que una persona que, siendo mayor de edad, ingrese al sistema penitenciario por disposición judicial no vuelva posteriormente a un centro del Inisa. El saldo de la medida juvenil debería cumplirse dentro del sistema para adultos, mediante coordinación entre la Justicia de adolescentes, la Justicia penal y la administración penitenciaria. La reforma no implica que todo adolescente que cumpla 18 años dentro del Inisa sea enviado automáticamente a una cárcel. El cambio apunta específicamente a quienes, después de alcanzar la mayoría de edad, ingresaron al sistema penitenciario por un nuevo delito y luego deben continuar una medida anterior.
Una normativa que dejó abierta una puerta difícil de sostener
La situación actual surge de una sucesión de cambios legales. El Código de la Niñez y la Adolescencia establece que quienes cumplen 18 años mientras ejecutan una medida socioeducativa no deben ser trasladados automáticamente a establecimientos penitenciarios de adultos. La Ley de Urgente Consideración de 2020 mantuvo esa separación, pero elevó hasta diez años la privación de libertad para determinados delitos graves cometidos por adolescentes, lo que hizo posible que algunas personas permanezcan dentro del Inisa varios años después de alcanzar la mayoría de edad. En 2022, una modificación incorporada en la Rendición de Cuentas agregó otra disposición al artículo 92 y permitió que determinadas medidas pudieran ejecutarse en establecimientos para adultos cuando la persona hubiera permanecido allí por otra medida de privación de libertad. La coexistencia de esas normas terminó generando casos en los que una persona puede pasar por una cárcel de adultos y posteriormente regresar al sistema juvenil. El proyecto de Abdala busca eliminar esa circulación entre ambos regímenes. La discusión también alcanza las condiciones de funcionamiento del propio Inisa, donde conviven adolescentes con personas que ya superaron ampliamente los 18 años. La Institución Nacional de Derechos Humanos ha advertido anteriormente sobre los problemas jurídicos y prácticos que aparecen cuando se conectan el sistema penal adolescente y el de adultos. El ministro del Interior, Carlos Negro, señaló además que no se trata de una población numerosa, aunque los casos existentes generan dificultades concretas dentro de los centros. La discusión parlamentaria se concentra ahora en establecer en qué momento debe considerarse definitivamente cerrado el vínculo de una persona con el sistema juvenil cuando ya ingresó al régimen penitenciario común.
El Ejecutivo coincide con el cambio, pero Diputados decidió no esperar
El gobierno comenzó a trabajar en una modificación después de los episodios registrados durante este año dentro del Inisa. El presidente del organismo, Jaime Saavedra, planteó públicamente la necesidad de cambiar la normativa y el presidente Yamandú Orsi respaldó la búsqueda de una solución. El Ministerio del Interior, el Inisa y Presidencia trabajaron posteriormente en una propuesta propia. Carlos Negro también manifestó que una persona que ya pasó por una cárcel de adultos no debería regresar después a un establecimiento destinado al cumplimiento de medidas socioeducativas. Saavedra informó en julio ante el Parlamento que existía un anteproyecto que había sido remitido a Presidencia, pero al comenzar octubre el texto todavía no había ingresado a la Cámara de Diputados. Esa demora terminó colocando nuevamente en primer plano la iniciativa de Abdala. Dentro del Frente Amplio también se plantearon matices sobre la forma concreta que debe adoptar la reforma. La diputada Inés Cortés sostuvo que el análisis no debería quedar limitado únicamente a la edad y que deben considerarse también la gravedad de las conductas y las características de cada caso. Con el impulso dado ahora por la comisión parlamentaria, la discusión deja de depender exclusivamente del proyecto que prepara el Ejecutivo. Oficialismo y oposición comenzaron a moverse sobre un punto en el que existe una coincidencia creciente: una persona que ya ingresó al sistema penitenciario adulto no debería volver después al Inisa. La definición pendiente será cómo instrumentar ese pasaje sin mezclar dos regímenes que fueron creados con objetivos, condiciones y poblaciones diferentes.
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