La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo busca promover el trabajo digno y decente para personas que enfrentan mayores obstáculos para acceder al mercado laboral. La Cámara de Representantes la aprobó con cambios, por lo que deberá volver al Senado antes de su sanción definitiva.
La Cámara de Representantes aprobó este martes el proyecto de Ley de Empleo Integral, una iniciativa del Poder Ejecutivo orientada a mejorar las condiciones de acceso al trabajo para personas que enfrentan mayores obstáculos o restricciones para ingresar al mercado laboral.
Aunque algunas versiones presentaron la votación como una aprobación cerrada, la información oficial del Parlamento marca un dato central: Diputados aprobó el texto con modificaciones, por lo que el proyecto será remitido nuevamente a la Cámara de Senadores para su consideración.
El texto apunta a promover el trabajo digno y decente, generar oportunidades de inserción laboral, fortalecer la formación profesional y articular políticas de empleo, educación y capacitación. En su definición oficial, el proyecto busca atender a sectores de la población que suelen quedar más expuestos a la precariedad, la informalidad o la exclusión laboral.
Una política para quienes tienen más dificultades de acceso al trabajo
La ficha parlamentaria del asunto 171629 señala que el proyecto tiene como objeto promover el trabajo digno y decente de las personas que enfrentan mayores obstáculos o restricciones para acceder al mercado laboral.
El enfoque no se limita a facilitar contrataciones. También incluye instrumentos orientados a la inserción laboral en relación de dependencia, la promoción del trabajo independiente mediante emprendimientos de calidad y la mejora de las condiciones laborales. La iniciativa propone articular políticas de empleo, educación y formación profesional desde una perspectiva de derechos fundamentales.
El trámite parlamentario
El proyecto fue remitido por el Poder Ejecutivo el 19 de marzo de 2026. Primero ingresó al Senado, donde fue aprobado el 6 de mayo. Luego pasó a la Cámara de Representantes, donde entró el 12 de mayo y fue derivado a la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social.
En comisión, Diputados recibió a autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, entre ellas el ministro Juan Castillo, el subsecretario Hugo Barretto, el director nacional de Empleo, Federico Araya, la subdirectora Mariana Chiquiar y el director general de INEFOP, Miguel Venturiello.
También compareció la Asociación Uruguaya de Enfermedades Raras, que presentó propuestas específicas vinculadas al proyecto. Ese punto muestra que el debate no se limitó al intercambio entre partidos, sino que incorporó planteos de organizaciones sociales con interés directo en la política de inclusión laboral.
El 10 de junio, la comisión aprobó el proyecto y designó como miembro informante a la diputada Sol Maneiro. El 16 de junio, el tema llegó al plenario de la Cámara de Representantes, donde fue discutido en general y en particular. Finalmente, Diputados lo aprobó con modificaciones.
Vuelve al Senado
Como la Cámara de Representantes introdujo cambios, el proyecto no queda todavía sancionado como ley. Ahora debe volver al Senado, que tendrá que considerar las modificaciones realizadas por Diputados.
Este punto es importante para informar con precisión. No se trata simplemente de una norma aprobada y terminada, sino de un proyecto que avanzó un paso decisivo, pero que todavía requiere una nueva instancia parlamentaria.
Una señal política sobre empleo y derechos
La aprobación en Diputados deja una señal política clara: existe respaldo parlamentario para avanzar en una ley que atienda el acceso al trabajo desde una perspectiva integral. En un país donde el empleo sigue siendo una preocupación central, la discusión no puede reducirse solo a números generales de ocupación o desempleo.
El problema también está en quiénes acceden al trabajo, en qué condiciones lo hacen, qué oportunidades reales tienen las personas con trayectorias laborales más frágiles y qué herramientas ofrece el Estado para evitar que la exclusión se reproduzca.
Desde esa mirada, la Ley de Empleo Integral intenta ordenar instrumentos de inserción, formación y apoyo al trabajo independiente. Su desafío será pasar del enunciado a la aplicación concreta: recursos suficientes, coordinación institucional, seguimiento de resultados y control público.