El caso comenzó en junio de 2020, Cendoya fue formalizado en 2022 y acusado en 2023, pero recién ahora llegará al juicio oral. Fiscalía pide 22 meses de prisión para el exdirector frenteamplista de la Ursec por tres delitos de abuso de funciones, mientras su defensa sostiene que el expediente nació de un enfrentamiento político y denuncia una persecución. Tras años de titulares, apelaciones y más de un centenar de audiencias, será finalmente una jueza la que deberá determinar qué parte de la acusación resiste la prueba.
De los papeles triturados a un proceso que lleva seis años
El juez de garantías Emilio Baccelli dictó el auto de apertura a juicio y remitirá el expediente a la jueza Sol Bellomo, quien dispondrá de hasta tres meses para fijar el comienzo del debate oral y público. Allí serán juzgados Nicolás Cendoya, su exasesora María Luján Varela y el exsecretario general de la Ursec Óscar Mecol. La Fiscalía, encabezada por Diego Pérez, acusa a Cendoya de tres delitos de abuso innominado de funciones y reclama 22 meses de prisión, una multa de 2.500 Unidades Reajustables y tres años de inhabilitación especial; para Varela pide 18 meses y para Mecol 14 meses. El expediente atravesó más de cien audiencias de control de acusación y numerosos recursos, incluidos pedidos de sobreseimiento y de prescripción que fueron rechazados por el Tribunal de Apelaciones.
Qué acusa la Fiscalía
El episodio que dio origen al caso ocurrió el 1º de junio de 2020, cuando Gustavo Sorrentino, antiguo colaborador de Cendoya que ya no trabajaba en la Ursec, ingresó al organismo y fue visto revisando documentación y destruyendo papeles en una trituradora. La acusación sostiene además que, una vez descubierto el hecho, Cendoya, Varela y Mecol realizaron maniobras para retrasar una investigación administrativa y que Cendoya mantuvo encuentros fuera del organismo con Mecol y posteriormente con Sorrentino, uno de ellos dentro de un vehículo próximo al Club Atenas; también llegó al teléfono de Cendoya información de la denuncia penal que había sido filtrada desde Fiscalía. A esas actuaciones se suman dos episodios anteriores: la devolución de equipos incautados a radio Palmitas, en Soriano, y la situación de Bemba FM, en Salto, que funcionaba con una potencia muy superior a la autorizada y que, según Fiscalía, Cendoya ordenó no inspeccionar. En esta misma investigación ya hubo otros desenlaces: el expresidente de la Ursec Gabriel Lombide aceptó en 2023 un proceso abreviado y fue condenado por abuso de funciones por el caso Palmitas, mientras Luis Abascal recibió una condena por su actuación vinculada a Bemba FM; Sorrentino, por su parte, fue destituido como funcionario del Poder Judicial después del sumario administrativo por la destrucción de documentación.
La defensa habla de persecución política y cuestiona la construcción del caso
Cendoya niega haber ordenado destruir documentos y sus abogados, Diego Camaño y Rodrigo Martínez, ubican el origen de la causa en el duro enfrentamiento que mantuvo con Mercedes Aramendía cuando esta asumió la presidencia de la Ursec en abril de 2020. La defensa recuerda que cuestionó públicamente su designación —Aramendía había trabajado durante siete años en Telefónica Uruguay— y sostiene que los encuentros de Cendoya con otros funcionarios fueron legales, que su oposición inicial a una sesión extraordinaria respondió al reglamento y que posteriormente votó tanto la denuncia penal como la investigación administrativa. También ha cuestionado la cadena de custodia de los papeles triturados y señala que buena parte de la documentación estaba respaldada digitalmente. Respecto de Palmitas y Bemba, afirma que existieron razones administrativas y técnicas para las decisiones adoptadas y rechaza que hubiera intención de perjudicar al Estado.
El caso llega así al lugar donde debió terminar dirimiéndose siempre: un juicio público con pruebas, acusación y defensa, y no únicamente en el terreno político o mediático. El Tribunal de Apelaciones entendió que existía material suficiente para que la acusación llegara a esta instancia, pero eso no equivale a una condena. Después de seis años de exposición pública y más de cien audiencias previas, corresponderá a la Justicia determinar si los actos que Fiscalía presenta como abuso de funciones constituyeron efectivamente delitos o si, como sostiene Cendoya, se criminalizaron decisiones administrativas en el marco de una confrontación política que comenzó apenas asumió el gobierno de Luis Lacalle Pou.