Revolución Ciudadana y el movimiento Amigo fueron apartados temporalmente del registro electoral mientras avanzan investigaciones que todavía no terminaron en condenas. A pocas semanas de la inscripción de candidaturas, los partidos ecuatorianos temen que nuevas decisiones judiciales terminen definiendo quiénes podrán presentarse en las elecciones locales.
La campaña para las elecciones seccionales de Ecuador comenzó bajo una pregunta que debería resultar inquietante para cualquier democracia: ¿serán los ciudadanos quienes elijan entre todas las fuerzas políticas o serán las instituciones judiciales y electorales las que determinen previamente quiénes pueden competir?
El Consejo Nacional Electoral convocó el 23 de julio a las organizaciones políticas habilitadas para discutir el proceso de inscripción de candidaturas. Sin embargo, el encuentro quedó atravesado por las suspensiones de Revolución Ciudadana y del movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades, conocido como Amigo.
Ambas organizaciones quedaron imposibilitadas de participar con sus propios nombres y listas en los comicios previstos para el 29 de noviembre de 2026. El período para presentar las candidaturas comenzará el 2 de agosto y finalizará el 17 de ese mes.
Dos organizaciones suspendidas antes de las elecciones
El Tribunal Contencioso Electoral suspendió durante nueve meses a Revolución Ciudadana el 6 de marzo. La medida fue dispuesta mientras la Fiscalía investiga el denominado caso Caja Chica, relacionado con un supuesto financiamiento ilegal extranjero y un eventual lavado de activos durante la campaña presidencial de 2023.
La suspensión fue provisional, pero su duración coincidió con buena parte del calendario electoral y dejó a una de las principales fuerzas opositoras sin posibilidad de presentar candidatos bajo su propia identificación. No existe todavía una sentencia penal firme que determine la responsabilidad de la organización o de sus dirigentes por los hechos investigados.
Revolución Ciudadana buscó entonces acuerdos con otros partidos para presentar sus candidaturas. Uno de los principales entendimientos fue alcanzado con Amigo, que había aceptado respaldar a dirigentes correístas en distintas provincias.
Pero el 17 de julio, cuando faltaban apenas dos semanas para el inicio de las inscripciones, el Tribunal Contencioso Electoral también suspendió a Amigo durante nueve meses. La decisión surgió de otra investigación fiscal por presunto lavado de activos y volvió a dejar al correísmo sin el instrumento electoral que había encontrado para competir.
La sucesión resulta difícil de ignorar: primero fue suspendida Revolución Ciudadana y luego la organización que había acordado recibir a sus candidatos. Aunque las medidas fueron adoptadas por jueces electorales a partir de actuaciones de la Fiscalía, su efecto político concreto favorece al oficialismo y debilita a una parte importante de la oposición.
Los partidos temen revelar sus candidatos
El temor a nuevas suspensiones marcó el consejo consultivo organizado por el CNE. Representantes de partidos de distintas tendencias cuestionaron el funcionamiento del sistema de inscripción y plantearon que informar anticipadamente sus candidatos podría exponerlos a impugnaciones o acciones destinadas a impedir su participación.
Creo, Pachakutik, Sociedad Patriótica, Futuro, Unidad Popular y el Partido Socialista expresaron dudas o reparos sobre las condiciones en las que se desarrollará la inscripción.
El representante de Creo, Juan Fernando Flores, evitó incluso mencionar posibles alianzas o candidaturas. Argumentó que su partido prefiere mantener sus decisiones bajo reserva para impedir que los postulantes comiencen a ser atacados o eliminados de la competencia antes de la inscripción definitiva.
El Partido Socialista se encuentra en conversaciones con Revolución Ciudadana para recibir a parte de sus candidatos. Sin embargo, dirigentes correístas temen que esta organización pueda convertirse en el próximo objetivo de una suspensión.
La situación llegó a un punto en el que algunas fuerzas políticas consideran peligroso anunciar con quiénes se aliarán. Una democracia en la que los partidos esconden sus acuerdos por miedo a quedar fuera de la elección presenta un problema que excede cualquier discusión administrativa.
Las organizaciones solicitaron que el CNE flexibilice el sistema de inscripción para permitir que las listas se carguen sin un orden obligatorio y puedan mantenerse en reserva hasta el cierre del plazo. También reclamaron garantías de que la plataforma informática no colapsará durante la última jornada.
Noboa acusa antes de que exista una condena
El presidente Daniel Noboa intervino directamente en el debate al afirmar que Revolución Ciudadana podía presentarse con cualquier partido que no se hubiera “prestado para lavado de activos” y que hubiera cumplido con sus primarias, cuentas y reportes financieros.
La declaración resulta especialmente grave porque presenta como acreditadas acusaciones que todavía forman parte de investigaciones. Noboa no integra el Tribunal Contencioso Electoral ni tiene competencia para establecer la culpabilidad de una organización política.
El mandatario también comparó a dirigentes correístas con ladrones que cambian de vehículo, pero continúan cometiendo delitos. De esa manera, el presidente no se limitó a defender la actuación de las instituciones: etiquetó públicamente a una fuerza opositora como criminal antes de la existencia de una sentencia.
El gobierno puede sostener que no ordenó las suspensiones y que las decisiones corresponden a la Fiscalía y al Tribunal Contencioso Electoral. Sin embargo, la separación formal de funciones no elimina el problema político generado cuando el jefe del Ejecutivo celebra o justifica medidas que reducen la competencia electoral y luego acusa de delincuentes a quienes resultaron afectados.
El oficialista Acción Democrática Nacional, ADN, no participó del consejo consultivo en el que las demás fuerzas expresaron sus temores. Revolución Ciudadana y Amigo tampoco fueron convocados porque se encuentran suspendidos. También estuvieron ausentes SUMA, Renovación Total y Centro Democrático.
Dentro del propio CNE existen diferencias. La consejera Elena Nájera cuestionó que las decisiones del Tribunal Contencioso Electoral puedan vulnerar la presunción de inocencia. El consejero Enrique Pita respondió que el CNE no puede desconocer los fallos del Tribunal, porque estos son obligatorios.
Esa discusión refleja el centro del conflicto: una medida puede encontrarse formalmente respaldada por una norma y, al mismo tiempo, producir consecuencias profundamente restrictivas para la competencia política.
Organizaciones ecuatorianas de derechos humanos solicitaron a la Organización de Estados Americanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a Naciones Unidas que observen la situación. También pidieron evaluar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, al considerar que existe una afectación progresiva de la participación de la oposición.
Hablar de una democracia tutelada no significa afirmar que Daniel Noboa haya firmado personalmente las suspensiones. Significa advertir que la competencia electoral está quedando condicionada por decisiones tomadas durante investigaciones preliminares, sin condenas firmes y en fechas capaces de alterar completamente la participación de una fuerza opositora.
En una democracia plena, la legalidad debe aplicarse sin privilegios, pero también sin convertirse en una herramienta para sustituir la voluntad popular. Investigar eventuales delitos es necesario. Impedir que una organización compita antes de demostrar esos delitos exige controles, transparencia y garantías especialmente rigurosas.
De lo contrario, Ecuador podría llegar a las urnas con una papeleta formalmente legal, pero previamente depurada por decisiones judiciales que los ciudadanos nunca tuvieron oportunidad de votar.