La Intendencia de Maldonado paralizó la construcción del edificio Delamar Lofts, en la zona de La Barra, luego de que surgieran advertencias técnicas sobre la cercanía de la obra con el oleoducto de Ancap que transporta petróleo crudo desde José Ignacio hasta la refinería de La Teja. El caso expone fallas de contralor, autorizaciones urbanísticas con excepciones y una pregunta central: cómo avanzó un emprendimiento inmobiliario en un área atravesada por infraestructura energética crítica.
Un edificio junto a una infraestructura estratégica
El conflicto se originó cuando compradores y copropietarios vinculados al entorno del complejo Delamar advirtieron que el predio estaba afectado por el paso del oleoducto de Ancap. La situación derivó en comunicaciones con el ente petrolero y luego en actuaciones ante la Intendencia de Maldonado.
Los datos técnicos difundidos hasta ahora indican que el ducto se ubica a unos 65 centímetros del muro frontal de la obra y a una profundidad aproximada de 1,70 metros. No se trata de una instalación menor: el oleoducto es parte de la infraestructura que permite trasladar el crudo desde el Terminal del Este, en José Ignacio, hacia la refinería de La Teja.
Ancap define ese oleoducto como un activo crítico para el país. Fue construido en 1978, tiene 168 kilómetros de longitud y transporta el petróleo que se refina en Uruguay. La propia empresa pública señala que su traza requiere recorridas, inspecciones, mantenimiento, controles de protección y protocolos de respuesta ante derrames.
La normativa vigente no trata estos ductos como simples cañerías enterradas. La Ley 17.389 y el Decreto 120/012 establecen servidumbres, limitaciones y restricciones para obras o actividades en las cercanías de oleoductos, poliductos y gasoductos de Ancap. En zonas urbanas y suburbanas, la faja de servidumbre para oleoductos y poliductos tiene un ancho total de 15 metros, con distancias específicas respecto del eje del ducto.
La autorización de 2019 y el punto ciego del contralor
El antecedente administrativo más relevante aparece en la Resolución 8.984/019 de la Intendencia de Maldonado, publicada en el Diario Oficial. Esa resolución, firmada el 13 de noviembre de 2019 durante el gobierno departamental de Enrique Antía, desafectó del dominio público un pasaje peatonal entre los padrones 17.637 y 15.001 de la localidad catastral El Tesoro.
La operación permitió incorporar ese pasaje al padrón 15.001, permutarlo por el padrón 16.044 y fijar una compensación de 105.000 dólares a favor de la Intendencia. Además, estableció la viabilidad de una consulta para construir un proyecto de 3.325 metros cuadrados en el padrón 15.001.
Ese punto es clave: la resolución de 2019 habilitaba una solución urbanística condicionada, no una autorización irrestricta para ocupar cualquier área ni para desconocer servidumbres legales. El propio texto establecía condiciones previas al permiso de construcción y señalaba que la Intendencia no podía autorizar inicio anticipado de obra hasta que se cumplieran determinados extremos.
La información conocida luego agrega otra capa al problema. Las actuaciones posteriores indican que la obra habría avanzado sobre padrones o sectores no comprendidos en la autorización original, y que la mensura presentada no se correspondía con lo efectivamente construido. También se denunció una posible invasión de retiros laterales y un avance de 19 metros sobre áreas de separación obligatorias.
Riesgo público, negocio privado y expediente abierto
La paralización de Delamar Lofts coloca a la Intendencia ante una decisión de fondo. No alcanza con corregir papeles si la obra afecta una faja legalmente protegida, si invadió retiros o si no puede garantizarse que los trabajos de cimentación no dañaron el ducto ni su revestimiento.
Ancap reclamó estudios técnicos más precisos: ubicación tridimensional certificada del oleoducto, análisis geotécnicos, evaluación de cargas y monitoreo permanente durante la obra y frente al uso futuro del edificio. Esos requisitos no son formalidades burocráticas. Un daño en un ducto que transporta crudo puede derivar en derrames, afectaciones ambientales, riesgo para trabajadores y residentes, y problemas para la seguridad energética nacional.
El antecedente reciente del oleoducto refuerza la preocupación. En 2024 Ancap debió actuar por pérdidas de hidrocarburos en la traza del ducto y activó protocolos de contención, reparación y remediación. La empresa pública también recordó entonces que la Ley 17.389 establece prohibiciones para acciones y construcciones cercanas a estas instalaciones.