Nuevas Ideas ratificó, sin competencia interna, la candidatura presidencial de Nayib Bukele para las elecciones de febrero de 2027. La postulación fue posible después de que la mayoría oficialista modificara la Constitución, habilitara la reelección indefinida, extendiera los mandatos y adelantara los comicios. La fuerte caída de los homicidios sostiene su popularidad, pero detrás del llamado “modelo Bukele” quedan más de 90.000 detenciones, denuncias de torturas, encarcelamientos arbitrarios y al menos 500 muertes bajo custodia estatal.
Una candidatura sin competencia y una elección adelantada
El partido oficialista Nuevas Ideas confirmó a Nayib Bukele como candidato a la Presidencia de El Salvador para el período 2027-2033. La elección interna se realizó el domingo 12 de julio y tuvo un resultado anunciado de antemano: Bukele fue el único aspirante presidencial y el actual vicepresidente, Félix Ulloa, volverá a acompañarlo en la fórmula.
El partido comunicó el triunfo, pero no divulgó públicamente cuántos afiliados participaron ni el número de votos recibido por la fórmula. La legislación salvadoreña exige que una candidatura única sea respaldada por al menos la mitad más uno de los afiliados que participen en la interna.
El paso siguiente será la inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral. El calendario oficial establece que las solicitudes para presidente y vicepresidente podrán presentarse entre el 1.º de octubre y el 19 de noviembre de 2026. Las elecciones generales se celebrarán el 28 de febrero de 2027, junto con la renovación de la Asamblea Legislativa y los gobiernos municipales.
Bukele gobierna desde junio de 2019. En su primera elección consiguió el 53,10% de los votos y puso fin a tres décadas de alternancia entre la derechista ARENA y el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. En 2024 obtuvo un segundo mandato con el 84,65% de los votos válidos, pese a que la Constitución vigente había sido interpretada durante décadas como una prohibición de la reelección presidencial consecutiva.
La habilitación llegó en 2021, después de que la nueva Sala de lo Constitucional —integrada por magistrados designados tras la destitución de sus antecesores por la Asamblea controlada por el oficialismo— reinterpretara la Carta Magna y autorizara una reelección inmediata “por una sola vez”.
Una Constitución modificada desde la mayoría oficialista
El obstáculo definitivo fue eliminado el 31 de julio de 2025. En una sola jornada y sin una discusión pública previa de fondo, la Asamblea Legislativa aprobó y ratificó reformas a cinco artículos de la Constitución.
Los cambios habilitaron la reelección presidencial indefinida, eliminaron la prohibición de postularse para quienes hubieran ejercido la Presidencia en el período anterior, suprimieron la pérdida de derechos ciudadanos para quienes promovieran la reelección y extendieron el mandato presidencial de cinco a seis años.
La reforma también eliminó la segunda vuelta electoral y adelantó para 2027 las elecciones presidenciales que originalmente debían realizarse en 2029. De esa manera, el mandato obtenido por Bukele en 2024 fue acortado para hacer coincidir todas las elecciones y permitirle competir nuevamente tres años después.
El procedimiento fue posible gracias a una modificación anterior que facilitó las reformas constitucionales. Hasta entonces, una enmienda debía ser aprobada por una legislatura y ratificada por la siguiente. El oficialismo cambió ese mecanismo y permitió que una misma Asamblea pudiera aprobar y ratificar reformas con una mayoría de tres cuartos.
Esa mayoría está garantizada. Nuevas Ideas obtuvo 54 de las 60 bancas legislativas en 2024. ARENA quedó reducida a dos diputados, mientras que el FMLN, que gobernó entre 2009 y 2019, perdió toda representación parlamentaria. Los restantes cuatro escaños quedaron en manos del PCN, el PDC y Vamos, en un escenario sin contrapesos capaces de frenar las decisiones del Ejecutivo.
Bukele sostiene que la reelección indefinida existe en numerosos países desarrollados y que las críticas responden a un doble criterio aplicado contra las naciones pequeñas. Pero la comparación omite una diferencia central: en los regímenes parlamentarios no se elige directamente a un presidente con amplios poderes ejecutivos y suelen existir instituciones, parlamentos, tribunales y partidos capaces de limitar al jefe de Gobierno.
En El Salvador, por el contrario, la modificación de las reglas electorales ocurrió después de que el oficialismo concentrara el Ejecutivo, el Legislativo, la Fiscalía y la Sala de lo Constitucional. No se trata solamente de permitir que la ciudadanía vuelva a elegir, sino de hacerlo dentro de un sistema donde casi todos los controles institucionales quedaron subordinados al mismo proyecto político.
La seguridad como legitimación de un poder permanente
La principal fuente de respaldo de Bukele es la transformación de la seguridad pública. El Salvador pasó de registrar 6.656 homicidios en 2015 —una tasa de aproximadamente 106 asesinatos cada 100.000 habitantes— a contabilizar oficialmente 82 homicidios durante 2025.
Para millones de salvadoreños, la caída de la violencia significó recuperar barrios, circular sin pagar extorsiones y dejar atrás el control territorial ejercido durante años por la Mara Salvatrucha y Barrio 18. Negar esa transformación implicaría desconocer una parte esencial de la experiencia cotidiana de la población.
Pero la reducción del crimen fue alcanzada mediante un régimen de excepción que comenzó en marzo de 2022 y se convirtió en una forma permanente de gobierno. La suspensión de garantías facilitó detenciones sin orden judicial, prolongó los plazos para presentar a los arrestados ante un juez y limitó el acceso efectivo a la defensa.
Más de 90.000 personas fueron encarceladas desde el inicio del operativo. Organizaciones salvadoreñas e internacionales documentaron detenciones basadas en denuncias anónimas, apariencia física, lugar de residencia o antecedentes familiares, además de torturas, enfermedades sin atención, desapariciones temporales dentro del sistema penitenciario y procesos colectivos sin garantías individualizadas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que al menos 500 personas habían muerto bajo custodia estatal entre el comienzo del régimen de excepción y marzo de 2026. A ellas se suman miles de personas liberadas después de pasar meses o años presas sin que se comprobara su pertenencia a organizaciones criminales.
La seguridad es un derecho humano y el Estado tiene la obligación de proteger a la población frente a la violencia de las pandillas. Pero ese deber no habilita a eliminar la presunción de inocencia, convertir las cárceles en espacios sin control público ni utilizar el miedo como justificación para desmontar la alternancia democrática.
El caso salvadoreño plantea una advertencia para toda América Latina. Una demanda social legítima —vivir sin asesinatos, amenazas ni extorsiones— puede ser utilizada para construir un poder sin límites temporales ni contrapesos institucionales. La paz no debería exigir silencio, obediencia o renuncia a los derechos fundamentales.
Bukele llegará a las elecciones de 2027 como amplio favorito y frente a una oposición profundamente debilitada. Sin embargo, la verdadera discusión supera el resultado de las urnas: consiste en determinar si una mayoría electoral puede concederle a una persona el derecho a modificar las reglas, controlar las instituciones y permanecer indefinidamente en el poder.