El abogado Raúl Estomba, que ejerció la defensa de personas vinculadas a organizaciones del narcotráfico, aprobó un concurso y fue propuesto para ingresar a la Fiscalía General de la Nación. Su solicitud de comparecer ante el Senado para defender su idoneidad moral abre una discusión que trasciende su situación particular: hasta dónde alcanza el derecho al ejercicio profesional y qué garantías de independencia, transparencia y responsabilidad ética debe ofrecer quien pretende representar al Estado en la persecución del delito.

Del ejercicio de la defensa al Ministerio Público

Raúl Federico Estomba Serrano se encuentra ante una decisión institucional que puede definir su ingreso a la Fiscalía General de la Nación. El 11 de setiembre de 2026, mediante la Resolución 692/026, la institución propuso formalmente al Ministerio de Educación y Cultura su designación como fiscal letrado adscripto. El profesional ocupa el puesto número 15 del orden de prelación surgido del concurso realizado para cubrir vacantes.

Su trayectoria como abogado penalista incluye la representación de personas vinculadas a dos organizaciones conocidas en el ámbito del narcotráfico uruguayo: Los Chingas y el clan Figueroa. Ese antecedente generó preocupación en el gobierno y en distintos sectores parlamentarios, que consideran necesario examinar las garantías institucionales antes de conceder la venia correspondiente.

El jueves 15 de octubre, Estomba solicitó ser recibido por la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado. En su comunicación sostuvo que ninguna investigación lo señaló «como partícipe de actividades criminales» y afirmó que su actuación profesional se limitó a garantizar los derechos de sus defendidos. También manifestó que se apartó del ejercicio de la defensa penal hace casi dos años.

La posición del abogado introduce un argumento jurídico de considerable importancia. Ninguna persona puede ser considerada responsable de los delitos cometidos por quienes representa ante la Justicia. Sin embargo, su aspiración a convertirse en fiscal incorpora una dimensión diferente: la responsabilidad institucional de quien pasa de ejercer una defensa particular a intervenir en la aplicación de la ley penal desde el Estado.

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, transmitió su preocupación a legisladores y señaló que el gobierno estudia posibles modificaciones legales para prevenir situaciones similares. En el Senado, integrantes del oficialismo y de la oposición manifestaron reparos ante la eventual designación, aunque el desafío consiste en determinar qué fundamentos legales y éticos permitirían adoptar una decisión sin vulnerar derechos profesionales.

El derecho a defender no equivale al derecho a ser fiscal

El derecho a la defensa constituye una garantía esencial del Estado de derecho. Su importancia se vuelve todavía mayor cuando una persona enfrenta acusaciones graves, porque precisamente en esas circunstancias el poder punitivo del Estado debe estar sometido a controles y garantías.

Un abogado que defiende a una persona acusada de narcotráfico no se convierte por ese acto en integrante de una organización criminal. Tampoco puede presumirse que comparte sus intereses o actividades ilícitas. Convertir el ejercicio legítimo de la defensa penal en una causa automática de exclusión de la función pública supondría castigar una actividad indispensable para la administración de justicia.

Pero el cargo de fiscal tiene una naturaleza distinta. Quien integra el Ministerio Público participa de una institución con acceso a información sensible, interviene en investigaciones penales y debe actuar con independencia, objetividad y respeto a los derechos de todas las personas involucradas.

La Ley 19.483, Orgánica de la Fiscalía General de la Nación, establece los requisitos para el ingreso y prohíbe incorporar a personas condenadas por delitos dolosos perseguibles mediante acción pública. No establece, en cambio, una prohibición general para quienes hayan ejercido la defensa de acusados de narcotráfico. También prevé mecanismos de apartamiento y abstención frente a circunstancias que puedan comprometer la actuación fiscal.

A su vez, el Código de Ética en la Función Pública, establecido por la Ley 19.823, exige imparcialidad, probidad y prevención de conflictos entre los intereses personales y los públicos. La responsabilidad ética de un funcionario no se reduce, por tanto, a carecer de antecedentes penales: también comprende la obligación de evitar situaciones que comprometan su independencia en el ejercicio del cargo.

La discusión adquiere entonces otra dimensión. No se trata de determinar si un abogado tenía derecho a defender a determinados acusados, porque ese derecho está reconocido. Se trata de establecer si, al asumir una función pública de particular sensibilidad, existen circunstancias concretas de su trayectoria profesional que requieran controles, declaraciones de intereses, apartamientos o garantías adicionales.

La idoneidad moral y la responsabilidad del Senado

La designación de fiscales requiere la intervención del Poder Ejecutivo y la venia del Senado, conforme a la Constitución y a la Ley Orgánica de la Fiscalía. La aprobación de un concurso acredita que el aspirante superó las etapas de selección correspondientes, pero no sustituye el procedimiento constitucional de designación.

En el caso de Estomba, el debate sobre la idoneidad moral no debería resolverse mediante sospechas generales ni mediante una interpretación que convierta a los abogados defensores en responsables de las actividades de sus clientes. Una decisión de semejante importancia exige argumentos verificables, criterios transparentes y respeto al debido proceso.

El Senado tiene ante sí la posibilidad de examinar la trayectoria del candidato, escuchar sus explicaciones y determinar si existen conflictos de intereses concretos o circunstancias jurídicamente relevantes para el desempeño del cargo. También corresponde evaluar qué mecanismos institucionales permitirían prevenir una eventual intervención en asuntos relacionados con personas a las que anteriormente representó.

Las interrogantes alcanzan a la propia Fiscalía. ¿Qué controles existen sobre los antecedentes profesionales de quienes aspiran a ingresar? ¿Cómo se identifican y gestionan los conflictos de intereses derivados de actividades anteriores? ¿Son suficientes las disposiciones legales actuales para proteger la independencia de la institución frente al crimen organizado?

La preocupación por la penetración del narcotráfico en las instituciones del Estado es legítima y exige respuestas firmes. Pero esa preocupación debe traducirse en controles objetivos, procedimientos transparentes y decisiones fundadas, no en presunciones de culpabilidad por asociación profesional.

La idoneidad moral tampoco puede transformarse en una expresión arbitraria cuyo significado dependa exclusivamente de la voluntad política de quienes conceden una venia. Si el Estado pretende establecer nuevas incompatibilidades para acceder a funciones estratégicas, deberá hacerlo mediante normas claras, generales y compatibles con los derechos fundamentales.

El caso Estomba coloca al sistema político ante una responsabilidad que supera la designación de un funcionario. La cuestión es cómo preservar una Fiscalía independiente y protegida frente a las organizaciones criminales sin debilitar las garantías democráticas que está obligada a defender. La respuesta debe encontrarse en la transparencia, el control institucional y la aplicación igualitaria de la ley.

Quatroges