Estados Unidos volvió a endurecer desde el 30 de septiembre las restricciones económicas y financieras contra Cuba, eliminando autorizaciones bancarias, limitando operaciones internacionales, reduciendo determinados intercambios académicos y alcanzando incluso mecanismos creados para emprendedores privados cubanos. El Gobierno de La Habana denunció que las medidas demuestran que la presión estadounidense no se limita al Estado ni a sus empresas, sino que impacta también sobre la población y el sector privado. La decisión llega apenas días después de que el presidente Yamandú Orsi denunciara ante la Asamblea General de Naciones Unidas el sufrimiento provocado por el “férreo bloqueo económico” contra el pueblo cubano, dentro de un discurso que también reivindicó las libertades, condenó la represión y defendió el diálogo como principio de la política exterior uruguaya.

Las nuevas sanciones alcanzan también al sector privado cubano

La nueva modificación de las regulaciones estadounidenses sobre Cuba entró en vigor el 30 de septiembre y profundizó nuevamente las restricciones financieras que condicionan desde hace décadas el acceso de la isla al sistema bancario internacional. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, OFAC, eliminó autorizaciones que habían sido recuperadas o ampliadas en años anteriores y volvió a cerrar mecanismos que permitían determinadas operaciones vinculadas con Cuba sin que el origen ni el destino final del dinero estuvieran en Estados Unidos.

Entre las decisiones más significativas se encuentra la eliminación de las denominadas operaciones U-Turn. Ese mecanismo permitía que bancos bajo jurisdicción estadounidense procesaran ciertas transferencias internacionales relacionadas con Cuba cuando tanto el origen como el destino final del dinero estaban fuera de Estados Unidos. Desde el 30 de septiembre esas instituciones ya no pueden procesarlas bajo la autorización general que existía y quedan habilitadas únicamente para rechazarlas, salvo que exista otra autorización específica aplicable.

El endurecimiento alcanza directamente al sector privado cubano. Estados Unidos eliminó también la autorización que permitía a determinadas instituciones financieras abrir y mantener cuentas exclusivamente a nombre de ciudadanos cubanos definidos como emprendedores independientes del sector privado. Las cuentas y fondos que dependían exclusivamente de esa autorización quedaron sometidos nuevamente a las restricciones generales, y para desbloquearlos será necesaria una licencia específica cuando no exista otra excepción.

Ese elemento adquiere particular importancia porque durante años Washington sostuvo que una parte de su política hacia Cuba buscaba diferenciar al aparato estatal de los trabajadores privados y pequeños empresarios. La regulación que acaba de entrar en vigor reduce precisamente uno de los canales financieros que habían sido creados para ese sector. Las medidas también amplían restricciones sobre operaciones indirectas relacionadas con entidades incluidas en la lista estadounidense de organizaciones cubanas restringidas.

El nuevo paquete afecta además determinados intercambios entre las dos sociedades. Se redujeron las autorizaciones para actividades educativas y fueron eliminadas las autorizaciones generales que permitían a personas sujetas a jurisdicción estadounidense asistir u organizar determinadas reuniones y conferencias profesionales en Cuba. Washington mantiene excepciones y períodos transitorios para situaciones específicas, pero la orientación general de la modificación vuelve a ser de mayor cierre.

Desde La Habana la reacción fue inmediata. Granma informó que el presidente Miguel Díaz-Canel interpretó las medidas como una demostración de que la política estadounidense busca provocar el “máximo sufrimiento” al pueblo cubano y obstaculizar las transformaciones económicas que el país intenta desarrollar. El mandatario señaló especialmente que las restricciones al sector privado contradicen el argumento estadounidense de que la presión se dirige exclusivamente contra el Gobierno y determinadas estructuras estatales.

El canciller cubano Bruno Rodríguez siguió la misma línea. Según recogió Granma, sostuvo que las nuevas disposiciones limitan los intercambios académicos e investigativos, dificultan los negocios directos de entidades privadas cubanas con Estados Unidos y bancos estadounidenses, eliminan las operaciones U-Turn y amplían las prohibiciones vinculadas con las entidades incluidas en las listas restrictivas de Washington.

La posición oficial estadounidense es diferente. La administración sostiene que el sistema de sanciones pretende aumentar la presión sobre las estructuras políticas, militares y de seguridad cubanas, limitar los recursos económicos que puedan beneficiarlas y favorecer cambios políticos internos. Washington continúa describiendo sus medidas como instrumentos dirigidos contra el Gobierno cubano y determinadas entidades vinculadas con él.

La cuestión que plantean las modificaciones del 30 de septiembre es que una parte de sus consecuencias puede comprobarse fuera de esas estructuras. Cuando se elimina una autorización bancaria creada específicamente para emprendedores privados, cuando se impiden determinados movimientos financieros internacionales o cuando se restringen intercambios académicos y profesionales, los efectos potenciales alcanzan también a actores civiles que no forman parte del aparato estatal.

Es allí donde la discusión deja de ser exclusivamente ideológica y entra en el terreno de los derechos humanos. Las libertades civiles y políticas constituyen una dimensión esencial de esos derechos, pero también lo son las condiciones materiales que permiten a una población trabajar, acceder a bienes, comerciar, estudiar y desarrollar su vida cotidiana. Señalar una dimensión no debería exigir silenciar la otra.

Uruguay y Cuba: una relación atravesada por rupturas, reencuentros y autodeterminación

La relación de Uruguay con Cuba tiene una profundidad histórica que antecede incluso a la independencia de la isla. La propia Cancillería uruguaya recuerda que José Martí fue designado cónsul honorario de Uruguay a fines del siglo XIX, mientras desarrollaba su actividad política e intelectual vinculada al proceso independentista cubano. La Habana fue además un mercado de particular importancia para productos uruguayos durante las primeras décadas del siglo XX.

La Revolución Cubana de 1959 modificó completamente el escenario continental. Cuba se convirtió rápidamente en uno de los grandes puntos de tensión de la Guerra Fría y las relaciones latinoamericanas comenzaron a quedar condicionadas por la confrontación entre Washington y La Habana. Uruguay no permaneció al margen de ese proceso.

En septiembre de 1964, el Gobierno uruguayo dispuso la ruptura de relaciones diplomáticas y consulares con Cuba, siguiendo las decisiones adoptadas en el ámbito interamericano. El decreto no se limitó a las embajadas: también estableció la interrupción del intercambio comercial directo e indirecto y del transporte marítimo con la isla.

Dos décadas después, la recuperación democrática produjo un cambio significativo. En octubre de 1985, durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, Uruguay reanudó formalmente sus relaciones diplomáticas y consulares con Cuba. El decreto que tomó aquella decisión dejó establecido como fundamento el interés del país en mantener relaciones con todos los Estados sobre principios de respeto mutuo y no injerencia en los asuntos internos.

La relación volvió a atravesar dificultades durante el gobierno de Jorge Batlle. En mayo de 2002 Uruguay rompió nuevamente las relaciones diplomáticas después de un fuerte enfrentamiento entre ambos gobiernos, relacionado con la posición uruguaya en organismos internacionales sobre derechos humanos en Cuba y con declaraciones posteriores de autoridades cubanas. Fue uno de los momentos más tensos de una relación que durante décadas había oscilado entre la cooperación y el conflicto político.

El vínculo fue restablecido el 1.º de marzo de 2005, coincidiendo con la llegada de Tabaré Vázquez al Gobierno. A partir de entonces comenzó una nueva etapa de cooperación que incluyó acuerdos políticos, comerciales, culturales, científicos y sanitarios. Entre las experiencias más conocidas estuvo la cooperación oftalmológica desarrollada a partir de aquel año, mediante la cual ciudadanos uruguayos accedieron a tratamientos y operaciones con participación de personal médico cubano.

Las relaciones bilaterales continuaron después con diferentes gobiernos y se desarrollaron en áreas como educación, deporte, biotecnología, producción agropecuaria, transporte y comercio. Uruguay y Cuba mantienen actualmente relaciones diplomáticas plenas y durante 2026 realizaron una nueva ronda bilateral de conversaciones migratorias y consulares.

La historia también demuestra que la posición uruguaya respecto de Cuba no puede reducirse automáticamente a una adhesión a su sistema político. Uruguay ha formulado críticas y ha atravesado enfrentamientos diplomáticos con La Habana, pero al mismo tiempo ha mantenido históricamente una posición crítica frente al aislamiento económico como herramienta para resolver las diferencias políticas.

Un ejemplo significativo ocurrió en diciembre de 2014, cuando Barack Obama y Raúl Castro anunciaron el comienzo de un proceso de normalización entre Estados Unidos y Cuba. Uruguay saludó oficialmente aquella decisión y sostuvo que el diálogo, la apertura comercial y financiera y el restablecimiento de relaciones diplomáticas constituían un avance para la paz continental.

Aquella etapa abrió expectativas sobre el abandono progresivo de una lógica nacida durante la Guerra Fría. Doce años después, el escenario vuelve a desplazarse en la dirección contraria. Las regulaciones estadounidenses recuperan restricciones financieras que habían sido levantadas, limitan canales creados para actores privados y vuelven a reducir intercambios que habían servido como puentes entre ambas sociedades.

Desde una perspectiva humanista, existe una cuestión que atraviesa toda esa historia: los desacuerdos con un Gobierno no eliminan los derechos de su población. Es posible examinar críticamente el funcionamiento político cubano, reclamar libertades y garantías y, simultáneamente, preguntarse por la legitimidad y los efectos humanos de utilizar durante décadas el peso financiero de una potencia mundial para condicionar la economía de otro país. Son discusiones diferentes y ninguna debería utilizarse para cancelar la otra.

Orsi llevó a Naciones Unidas una posición que vuelve a adquirir actualidad

La nueva ofensiva restrictiva estadounidense llegó apenas seis días después de una definición particularmente clara de Uruguay. El 24 de septiembre, ante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, Yamandú Orsi incluyó expresamente a Cuba al hablar de situaciones de sufrimiento frente a las cuales la comunidad internacional no debería permanecer indiferente.

El presidente uruguayo construyó su planteo alrededor de una concepción amplia de los derechos humanos. Mencionó las guerras, los desplazamientos, la pobreza, el crimen organizado, el terrorismo y la represión surgida de las tiranías. Dentro de esa misma enumeración señaló el sufrimiento provocado por un “férreo bloqueo económico como el que sufre el pueblo cubano”.

La formulación permite precisar la posición del actual Gobierno uruguayo sin necesidad de atribuirle aquello que no dijo. Orsi no presentó la defensa de las libertades y el cuestionamiento al bloqueo como conceptos incompatibles. En el mismo discurso condenó las tiranías y defendió el respeto de los derechos humanos, pero también rechazó que las poblaciones deban soportar las consecuencias de confrontaciones políticas sin salida.

Uruguay reafirmó además una tradición diplomática basada en el multilateralismo, el derecho internacional, la negociación y la solución pacífica de las controversias. Orsi sostuvo ante Naciones Unidas que alinearse automáticamente con uno de los lados de una confrontación no necesariamente ayuda a resolverla y reivindicó, en cambio, la apertura de espacios de entendimiento.

Hasta el momento no existe una declaración pública específica de Presidencia o Cancillería uruguaya dedicada exclusivamente a las medidas estadounidenses que entraron en vigor el 30 de septiembre. Pero tampoco existe un vacío acerca de cuál es la posición general del Gobierno frente al bloqueo: el presidente la expresó públicamente ante Naciones Unidas menos de una semana antes.

La coincidencia temporal vuelve especialmente significativa esa definición. Mientras Uruguay señalaba en el principal foro multilateral el sufrimiento provocado por la presión económica contra Cuba, Washington preparaba una nueva modificación que volvió a cerrar operaciones financieras, cuentas vinculadas con emprendedores privados y determinados espacios educativos y profesionales.

Granma presenta esas medidas como una demostración de que el objetivo estadounidense es profundizar la presión sobre el conjunto de la sociedad cubana. Washington sostiene que pretende presionar al Gobierno y a sus estructuras de poder. Entre ambas posiciones aparece un dato que puede analizarse sin aceptar integralmente el relato de ninguna de las dos partes: las nuevas normas afectan también operaciones que habían sido habilitadas específicamente para actores privados y civiles.

Ahí se encuentra probablemente la cuestión de fondo para Uruguay. La defensa de los derechos humanos pierde consistencia cuando se aplica selectivamente. No debería ser necesario callar frente a restricciones de libertades dentro de un país para cuestionar medidas externas que pueden deteriorar las condiciones de vida de su población, del mismo modo que rechazar las sanciones económicas no debería implicar indiferencia frente a los derechos civiles y políticos.

La posición expresada por Orsi en Naciones Unidas intenta transitar precisamente por ese espacio: condenar la represión, defender las libertades y, al mismo tiempo, afirmar que el sufrimiento económico impuesto sobre una población tampoco puede aceptarse como un efecto secundario irrelevante de una disputa internacional.

Cuba vuelve así a quedar en el centro de una confrontación que lleva más de seis décadas y que sucesivas aperturas diplomáticas no consiguieron clausurar. El lenguaje cambia, las regulaciones se modifican y los gobiernos se suceden, pero la presión económica vuelve una y otra vez como instrumento de política exterior. Las medidas del 30 de septiembre demuestran que esa lógica no pertenece solamente al pasado y que ahora vuelve a alcanzar incluso espacios privados que habían sido expresamente exceptuados.

Para Uruguay, que conoce en su propia historia regional el valor de la soberanía, la autodeterminación y los derechos humanos, la cuestión no resulta distante. Días antes de esta nueva vuelta de sanciones, su presidente dejó planteado ante el mundo un principio que adquiere ahora una dimensión concreta: ningún debate sobre sistemas políticos debería convertir en invisible el sufrimiento de los pueblos.

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