Miguel Díaz-Canel rechazó las acusaciones difundidas desde Washington y defendió el derecho de Cuba a la legítima defensa. La tensión creció tras un reporte de Axios sobre supuestos drones militares cubanos y nuevas sanciones de la administración Trump.

Cuba rechaza las acusaciones y denuncia una escalada de Washington

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtió que cualquier agresión militar de Estados Unidos contra la isla provocaría un “baño de sangre” y tendría consecuencias incalculables para la paz y la estabilidad regional.

La declaración llegó en medio de una nueva escalada entre La Habana y Washington, luego de que un reporte del portal Axios, basado en supuesta inteligencia clasificada estadounidense, afirmara que Cuba habría adquirido más de 300 drones militares y que autoridades cubanas habrían discutido posibles usos contra objetivos de Estados Unidos, entre ellos la base naval de Guantánamo, buques militares y Key West, en Florida.

Díaz-Canel rechazó el encuadre de amenaza construido desde Estados Unidos y sostuvo que Cuba no representa un peligro para ningún país. Según el mandatario, la isla no tiene planes ni intenciones agresivas contra Estados Unidos, algo que, afirmó, es conocido por las agencias de defensa y seguridad nacional de ese país.

El presidente cubano calificó las amenazas de Washington como un crimen internacional incluso antes de que se materialicen. El planteo coloca el debate en un terreno que excede la disputa bilateral: una potencia militar que endurece su política contra un país bloqueado, con severas dificultades económicas y sometido desde hace décadas a medidas de presión.

El reporte sobre drones y la respuesta diplomática cubana

La nueva tensión se apoyó en un informe de Axios que citó a funcionarios estadounidenses y supuesta información de inteligencia. Según ese reporte, Cuba habría adquirido drones de Rusia e Irán desde 2023 y habría analizado escenarios de uso ante una eventual confrontación.

El dato central, sin embargo, es que el propio reporte difundido por otros medios señaló que la inteligencia estadounidense no indicaba un ataque inminente. Reuters también aclaró que no pudo verificar de forma independiente la información publicada por Axios.

Desde La Habana, el canciller Bruno Rodríguez respondió que Estados Unidos construye un “caso fraudulento” para justificar sanciones económicas y una posible intervención militar. También sostuvo que Cuba no amenaza ni desea la guerra, pero se prepara para enfrentar una agresión externa en ejercicio del derecho a la legítima defensa reconocido por la Carta de las Naciones Unidas.

En la misma línea se pronunció el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío, quien afirmó que las acusaciones se vuelven cada vez más inverosímiles y que Estados Unidos actúa como país agresor, mientras Cuba se ubica como país agredido. Su argumento central fue que, como cualquier Estado, Cuba tiene derecho a defenderse frente a una agresión externa.

La discusión sobre los drones aparece así en un marco más amplio. No se trata solo de una denuncia tecnológica o militar, sino de la construcción de un relato de amenaza. Para Cuba, ese relato busca presentar como peligro regional la preparación defensiva de un país que vive bajo presión económica, política y diplomática permanente.

Sanciones, guerra económica y riesgo regional

La tensión no empezó con el reporte sobre drones. El 1.º de mayo, la Casa Blanca anunció una orden ejecutiva de Donald Trump para imponer nuevas sanciones contra funcionarios, entidades y personas vinculadas al gobierno cubano. El texto oficial de Washington justificó la medida en razones de seguridad nacional y amplió restricciones bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

La administración Trump también viene endureciendo la presión energética contra Cuba. En enero de 2026 había firmado una orden ejecutiva para establecer un proceso de tarifas contra países que vendieran o proveyeran petróleo a la isla. Para La Habana, esas medidas forman parte de una guerra económica destinada a agravar la crisis interna y condicionar la soberanía cubana.

El Congreso estadounidense también ingresó en el debate. A fines de abril, el Senado bloqueó una resolución impulsada por demócratas que buscaba impedir una acción militar contra Cuba sin autorización legislativa. La votación fue 51 a 47 y la mayoría republicana sostuvo que no existían hostilidades activas contra la isla. Del otro lado, el senador Tim Kaine argumentó que los esfuerzos de Estados Unidos para interrumpir suministros de combustible a Cuba podían ser considerados una forma de acción militar.

En paralelo, Donald Trump había dicho que “Cuba es la próxima”, después de operaciones previas de su administración contra Venezuela e Irán. Ese antecedente vuelve más grave cualquier insinuación de intervención. No es una frase aislada ni un gesto retórico menor: se inscribe en una política exterior que combina sanciones, presión diplomática, amenazas militares y construcción de enemigos regionales.

El punto de fondo es la soberanía. Cuba tiene derecho a defender su territorio y a denunciar una política de asedio que afecta a su población. Estados Unidos, en cambio, vuelve a colocar a América Latina y el Caribe bajo una lógica de tutela imperial, donde cualquier país que no se subordine a sus intereses puede ser presentado como amenaza.