Andrés Alsina
Pedro Sánchez disolvió el Parlamento y adelantó las elecciones generales en España para el 29 de noviembre, tras comprobar que no cuenta con una mayoría parlamentaria ni siquiera para aprobar medidas de emergencia sobre vivienda. Estas se convirtieron en objeto de especulación de los fondos financieros, con la triplicación de los alquileres.
La chispa que encendió la protesta social fue el desalojo de Maricarmen Abascal Martín, de 87 años, hecho por la fuerza policial en el cuarto intento de que se fuera del apartamento donde vivía desde hacía más de 70 años. Esto sucedió el 23 de setiembre, a instancias del fondo de inversión, o «fondo buitre», que compró la vivienda de Maricarmen y le triplicó el alquiler. La señora tiene 87 años, padece una discapacidad, se mueve en silla de ruedas y no tenía alternativa habitacional. Se la sacó en camilla a una ambulancia que la trasladó a un hospital.
Ese mismo día comenzó una protesta social que continuó en los días subsiguientes. El 26 de setiembre, la protesta social se congregó en una gran marcha y, el viernes 2, el presidente del Gobierno no logró que le aprobaran dos decretos para encarar la crisis de vivienda provocada por el aumento irrefrenable de los alquileres en el país.
Esto habilitó la continuación de la protesta, ahora con una acampada en Puerta del Sol, en el centro de Madrid, que fue creciendo día a día. La televisión española mostró protestas sociales también en Barcelona, y los dos grandes sindicatos, Unión General de Trabajadores, UGT, y Comisiones Obreras, CCOO, decretaron una huelga general sin fecha por vivienda y salario —con aumentos inferiores a la inflación—, que se realizaría en este otoño boreal. «No puede ser que un trabajador destine la mitad de su salario a alquilar una vivienda», dijo el secretario general de CCOO, Unai Sordo, en el canal 24 Horas.
Pedro Sánchez no la tiene fácil con las elecciones. PP y Vox rozan los 200 escaños y suman mayoría en nueve de cada diez simulaciones del modelo de EL PAÍS. Para evitar un gobierno de derechas, la izquierda tendría que remontar bastante más de lo que está. Por las expresiones parlamentarias de la izquierda la semana pasada, no hay conformidad con el Gobierno del PSOE.
Un editorial de El País justifica el adelanto de las elecciones, inicialmente previstas para marzo de 2027: «El parlamento, por sus divisiones y bloqueos, se muestra incapaz de dar respuesta a las urgencias de un país y entonces eso significa que es la hora de dar la voz a los ciudadanos. España vive uno de estos momentos.»
La situación, se afirma en el editorial, es que «el debate va mucho más allá del desahucio de Maricarmen Abascal, y toca cuestiones existenciales como la promesa constitucional de ‘una digna calidad de vida’. Llegados al actual punto de parálisis parlamentaria, con un Gobierno sin mayoría y acechado por casos judiciales, y una oposición de derecha y extrema derecha que ha tensionado el Congreso hasta límites insólitos, la democracia dispone de un mecanismo para deshacer el nudo: el adelanto electoral.»
La derecha que conforman el Partido Popular, PP, y Vox, con probable resultado en las urnas capaz de sumar la mayoría parlamentaria, centraría su campaña en la corrupción que realmente afecta al PSOE y el hecho de que las fuerzas de frontera fueran sobrepasadas por las 70.000 personas que entraron a Ceuta, una ciudad autónoma española situada en la península tingitana, en la orilla africana del estrecho de Gibraltar. El riesgo para Alberto Núñez Feijóo, cabeza del PP y aspirante a suceder a Pedro Sánchez en La Moncloa, es que, en su afán de ampliar su base hacia la derecha, radicalice tanto sus posiciones como para asustar a los votantes moderados.
El PSOE y la izquierda han llegado al final de la legislatura con los sondeos en contra, pero en las protestas en las plazas tras el desahucio de Maricarmen Abascal han encontrado un punto de apoyo para movilizar a sus bases. Tras meses absorbidos por casos judiciales, el Gobierno y la izquierda («que no va más allá de una socialdemocracia; bolcheviques ya no hay», apuntó el secretario general de CCOO, Unai Sordo) pueden devolver el debate al terreno de las políticas sociales dirigidas a las necesidades cotidianas de la ciudadanía, como son la vivienda, la educación y la sanidad, asuntos en los que los socialistas han impulsado cambios decisivos durante las décadas de democracia.
No olvidar que las elecciones son en España y la derecha franquista de Vox viene creciendo. España es un país que, a esta altura de los acontecimientos, está lejos de superar los vestigios de la dictadura de Francisco Franco, que murió en noviembre de 1975. Hay muertos para desenterrar, pero por arriba de sus tumbas hoy pasan rutas, y los deudos, que estaban presentes cuando los fusilaron y saben dónde están, no logran que el Estado se los devuelva.
La posibilidad de que una coalición de extrema derecha vuelva a gobernar España no debe ser descartada. El PP está aliado con Vox, que no es un partido cualquiera. Para calificarlo, basta con escuchar su retórica xenófoba, su proximidad con formaciones racistas de otros países, como Argentina, y su programa, que contradice a la Constitución española. Su dirigente Santiago Abascal es más radical, de lejos, que Marine Le Pen, Giorgia Meloni o de lo que se muestra en Flavio Bolsonaro. Todo puede pasar.