El cooperativismo de vivienda por ayuda mutua atravesó seis años de restricciones presupuestales, dificultades de financiamiento, demoras administrativas y problemas para acceder a terrenos. Al finalizar el gobierno de Tabaré Vázquez, existía una programación de 2.000 cupos para 2020, reducida durante el primer año de la administración de Luis Lacalle Pou. Sin embargo, entre 2020 y 2024 se terminaron 8.883 viviendas cooperativas. Detrás de esa cifra está la organización, resistencia y trabajo de miles de familias que, frente a las dificultades impuestas por las políticas públicas, continuaron construyendo sus hogares. El movimiento no solamente sobrevivió a un período adverso: sostuvo su producción y sus reivindicaciones. Hoy, con un nuevo gobierno, mantiene sus reclamos por financiamiento, tierras y condiciones para ampliar un modelo cuyo principal sostén son sus propios integrantes.

Del impulso cooperativo al comienzo de las restricciones

El sistema cooperativo de vivienda uruguayo tiene sus fundamentos en la Ley Nacional de Vivienda de 1968, que reconoció la ayuda mutua como modalidad de construcción colectiva. Las familias organizadas construyen sus hogares, administran recursos, reciben asistencia técnica y acceden a financiamiento estatal. En las cooperativas de usuarios, la propiedad permanece en manos de la organización y sus integrantes tienen derecho de uso y goce, una característica que limita la especulación inmobiliaria.

La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), fundada en 1970, ha sido una de sus principales impulsoras. Según información difundida por la organización en octubre de 2026, reúne más de 750 cooperativas afiliadas y el modelo acumula más de 35.000 viviendas construidas. Es una experiencia sostenida durante décadas mediante la participación de las familias trabajadoras y la defensa de la vivienda como derecho.

Hacia el final del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, la política cooperativa mostraba una expansión significativa. En julio de 2019, el Ministerio de Vivienda informó que, desde 2015 hasta junio de ese año, se contabilizaban 13.166 viviendas cooperativas terminadas o en ejecución, de las cuales 6.733 estaban en obra.

En diciembre de 2019, la ministra Eneida de León aprobó el calendario de financiamiento para 2020, con dos sorteos y 2.000 cupos. La administración saliente también había mantenido una política de acceso al suelo mediante la Cartera de Inmuebles para Vivienda de Interés Social. En octubre de 2019 abrió un llamado con 20 terrenos en diez departamentos, capaces de albergar unas 811 viviendas, según los proyectos finalmente aprobados.

Ese era el escenario cuando Luis Lacalle Pou asumió la Presidencia en marzo de 2020. La pandemia de COVID-19 alteró las condiciones económicas y operativas de numerosos programas públicos, pero las dificultades sanitarias coincidieron con decisiones gubernamentales de restricción del gasto que afectaron el financiamiento cooperativo.

En abril, el nuevo Ministerio de Vivienda estableció 1.000 cupos para el sorteo primario, la mitad de los previstos para sorteo en la programación anterior, aunque mantuvo adjudicaciones directas a cooperativas con tres participaciones previas. En diciembre, el Ministerio informó que 117 cooperativas, con proyectos para 3.299 viviendas, estaban habilitadas para participar, una demanda muy superior a los cupos disponibles.

La reducción de sorteos continuó en 2021. Según el balance oficial 2020-2024, durante esos dos años se realizó uno por año. El documento también identifica las restricciones e incertidumbres presupuestales vinculadas al Decreto 90/2020 como factores que afectaron la escrituración de préstamos.

Para las familias organizadas, cada sorteo representa una oportunidad después de años de reuniones, aportes económicos, trámites y proyectos arquitectónicos. Reducirlos significó prolongar la espera de quienes ya habían asumido compromisos para construir sus viviendas.

Desde 2022 se retomaron los dos sorteos anuales y el ritmo habitual de escrituración, pero el sistema acumulaba demoras adicionales. Lo que permaneció activo durante aquellos primeros años no fue consecuencia de una expansión de oportunidades estatales, sino de la persistencia de organizaciones que continuaron trabajando pese a las restricciones.

Lo que las cooperativas construyeron pese al gobierno de coalición

El balance oficial de 2020-2024 registra 8.883 viviendas cooperativas terminadas, pertenecientes a 273 cooperativas. Al finalizar 2024 había otras 5.714 en construcción, distribuidas en 182 organizaciones. Son cifras importantes, pero es necesario distinguir los resultados del trabajo cooperativo de las decisiones del gobierno de coalición.

Las viviendas terminadas fueron fruto de procesos colectivos que, en numerosos casos, habían comenzado mucho antes. Detrás de cada obra hubo años de organización, aportes económicos, financiamiento y trabajo de las familias. Las restricciones presupuestales y las demoras administrativas no explican esa producción: fueron obstáculos que las cooperativas debieron superar.

El mérito principal corresponde a sus integrantes, quienes sostuvieron compromisos, administraron recursos y construyeron proyectos que no podían interrumpirse sin consecuencias económicas y sociales. Que miles de viviendas hayan sido terminadas durante un período restrictivo no convierte esas restricciones en una política favorable al cooperativismo. Por el contrario, permite dimensionar el esfuerzo necesario para enfrentarlas.

El propio informe oficial revela las dificultades. Durante el quinquenio se realizaron ocho sorteos de préstamos frente a los diez previstos. Se asignaron créditos a 271 cooperativas, correspondientes a 7.916 viviendas, mientras que las escrituras concretadas alcanzaron a 265 cooperativas, con 7.568 viviendas.

La disponibilidad de terrenos fue otro problema. Durante 2020-2024 se realizó un solo llamado nacional para adjudicar inmuebles de la cartera pública destinada a cooperativas. Ocurrió en 2022, cuando se ofrecieron diez predios y únicamente dos fueron adjudicados. La comparación con los 20 terrenos ofrecidos en octubre de 2019 muestra la menor actividad de ese instrumento durante el quinquenio siguiente.

El balance también reconoce que los cambios en los cronogramas administrativos redujeron las oportunidades de presentar trámites previos al sorteo y prolongaron las escrituras. Obtener financiamiento, aprobar proyectos y conseguir terrenos puede llevar años antes de comenzar una obra.

A esas dificultades se sumó el conflicto por las tasas de interés. La controversia había comenzado durante gobiernos frenteamplistas, cuando FUCVAM reclamó aplicar una tasa anual del 2 % a cooperativas que pagaban intereses superiores. A fines de 2019, algunas organizaciones comenzaron a retener cuotas al Estado como protesta.

En 2020, el Ministerio anunció una tasa del 2 % para cooperativas al día, pero la solución no cerró el conflicto. En 2023 se dispuso un beneficio para buenos pagadores con efectos retroactivos a marzo de 2020 y, durante 2024, mecanismos para reincorporar a las cooperativas a la cadena regular de pagos. Algunas habían recurrido a procedimientos judiciales de oblación y otras depositaban las cuotas en cuentas bancarias propias.

En febrero de 2025, todavía durante la administración de Lacalle Pou, el Ministerio y FUCVAM firmaron un convenio para resolver diferencias relacionadas con el cálculo de subsidios. Sin embargo, su aplicación siguió generando dificultades. En julio de 2026, la federación sostuvo que las familias habían mantenido resguardados los fondos correspondientes a las cuotas y cuestionó la lentitud administrativa para reintegrarlos al Estado.

Mientras discutían intereses, subsidios y procedimientos, las cooperativas debían continuar construyendo y atendiendo las necesidades de sus integrantes. Esa doble tarea caracteriza el período: sostener las obras y defender las condiciones necesarias para que otras familias pudieran acceder al mismo derecho.

El contraste resulta significativo: 8.883 viviendas terminadas y, simultáneamente, menos sorteos de los previstos, escasa adjudicación de tierras y conflictos financieros prolongados. La primera cifra refleja la capacidad productiva del movimiento; las demás muestran las dificultades que enfrentó bajo la administración de Lacalle Pou.

Un nuevo gobierno y los desafíos de un modelo que siguió adelante

Con la llegada de Yamandú Orsi a la Presidencia en marzo de 2025, el cooperativismo volvió a ocupar un lugar destacado entre los compromisos del Ministerio de Vivienda. El Plan Quinquenal 2025-2029 incorporó su fortalecimiento, la reducción de tiempos administrativos, la revisión de subsidios y la ampliación del acceso a tierras urbanizadas.

Durante 2025 se realizaron dos sorteos que comprendieron 1.500 cupos de financiamiento. Entre enero y octubre, según el balance presentado por la ministra Tamara Paseyro en diciembre, finalizaron sus obras 67 cooperativas, con más de 2.100 viviendas. Otras 175 continuaban construyendo más de 5.400 unidades.

Estas entregas no corresponden necesariamente a proyectos iniciados durante el actual gobierno. La construcción cooperativa abarca varios años y refleja financiamientos, aprobaciones y trabajos acumulados durante diferentes administraciones. Por eso, las inauguraciones no pueden atribuirse automáticamente al gobierno de turno.

Para 2026, el Ministerio previó financiar otras 1.500 viviendas. El primer sorteo, celebrado el 6 de agosto, reunió a 33 cooperativas que representaban 1.032 unidades y adjudicó 440 cupos.

La administración introdujo un sistema ponderado para priorizar a quienes llevan más tiempo esperando: 50 % de los cupos para cooperativas que participan por tercera vez, 30 % para las que concurren por segunda oportunidad y 20 % para quienes se presentan por primera vez, con procedimientos diferenciados para ayuda mutua y ahorro previo.

Otra medida fue la propuesta de exonerar del IVA los costos directos de construcción cooperativa, una reivindicación histórica del movimiento. El Poder Ejecutivo la incorporó a la Rendición de Cuentas y, en agosto, Diputados aprobó el artículo correspondiente. El Gobierno anunció su intención de aplicar el beneficio desde enero de 2027, sujeto al proceso legislativo y reglamentario.

FUCVAM valoró favorablemente la iniciativa, aunque advirtió que la exoneración tributaria no resuelve por sí sola la insuficiencia de recursos. Es una reivindicación sostenida durante años cuya eventual concreción también debe entenderse como resultado de la persistencia del movimiento.

En septiembre, durante su Asamblea Nacional Ordinaria, el presidente de FUCVAM, Enrique Cal, sostuvo que la inversión pública habitacional continúa por debajo del medio punto porcentual del producto interno bruto y reclamó mayores recursos. La federación también cuestionó los beneficios fiscales destinados a determinados emprendimientos inmobiliarios privados.

El acceso a la tierra sigue siendo una dificultad central. El 21 de septiembre, FUCVAM se movilizó en Canelones para reclamar una cartera departamental de terrenos, denunciando demoras en permisos y trámites. Cal afirmó que más de 100 cooperativas esperaban préstamos y que algunos grupos llevaban entre cinco y siete años buscando terrenos. También estimó el déficit habitacional nacional en unas 70.000 viviendas.

En Maldonado se anunció un avance diferente. A fines de septiembre, FUCVAM y la Intendencia departamental comunicaron la reactivación de un acuerdo para facilitar terrenos urbanizados a diez cooperativas, con una población potencial de entre 350 y 400 familias. Las primeras adjudicaciones se prevén para comienzos de 2027; todavía no se trata de viviendas construidas.

Una cooperativa puede contar con familias organizadas, voluntad de trabajo y asesoramiento técnico, pero sin terreno ni préstamo no puede comenzar a construir. La organización colectiva es indispensable, aunque no sustituye las responsabilidades estatales de financiar el acceso a la vivienda.

También permanece el desafío de conservar los conjuntos habitacionales existentes. En agosto de 2026, FUCVAM difundió un protocolo técnico para prevenir deterioros y organizar el mantenimiento de viviendas y espacios comunes, especialmente relevante para los conjuntos más antiguos, cuyas reparaciones requieren recursos que no siempre pueden aportar sus habitantes.

Después de seis años y dos administraciones nacionales, el cooperativismo continúa produciendo viviendas y defendiendo un modelo colectivo de acceso a un derecho fundamental. Las restricciones del gobierno de coalición no lograron detenerlo. Los miles de hogares terminados entre 2020 y 2024 expresan el trabajo de familias que siguieron adelante en condiciones adversas.

Ese es su doble mérito: haber resistido las dificultades y continuado construyendo mientras defendían los mecanismos públicos necesarios para sostener su actividad. No solamente conservaron sus organizaciones; mantuvieron una capacidad de producción que permitió concretar miles de proyectos familiares.

El gobierno actual tiene la responsabilidad de transformar sus compromisos en mayor financiamiento, terrenos disponibles y menores tiempos de espera. Sus medidas deberán evaluarse por los resultados efectivos para las cooperativas que todavía no han podido comenzar las obras.

La vivienda cooperativa uruguaya no nace de una decisión aislada de un gobierno. Es el resultado de décadas de organización social, trabajo compartido y reivindicaciones sostenidas. Las políticas públicas pueden facilitar ese esfuerzo o imponerle dificultades, pero sus protagonistas siguen siendo las familias organizadas.

A pesar de todo, siguieron construyendo.

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