Las patronales del transporte de carga salieron a cortar, enlentecer y ocupar rutas y accesos contra la Guía Electrónica de Carga. El mismo campo político-social que respaldó la LUC, una ley que declaró ilegítimos los piquetes que impiden la circulación, hoy reclama comprensión para sus propios piquetes.
No es un paro obrero: es una protesta patronal
El conflicto del transporte de carga no puede presentarse como si fuera una medida sindical de trabajadores camioneros. El eje de la movilización está colocado por sectores empresariales y autoconvocados del transporte, con rechazo a la Guía Electrónica de Carga impulsada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
La diferencia no es menor. El Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines respaldó la herramienta, al entender que permite mejorar la formalización, los controles y la transparencia en un sector donde existen reclamos históricos por condiciones laborales, aportes, jornadas extensas y prácticas informales.
Por eso, detrás de la consigna contra la “burocracia” aparece otro debate: quién quiere que el Estado controle y quién prefiere que algunas zonas del negocio sigan funcionando con menor fiscalización.
La protesta incluyó concentraciones, caravanas, enlentecimientos y ocupación de espacios claves de circulación. En Montevideo, la movilización llegó a la rambla portuaria y afectó el tránsito en una zona sensible para la actividad económica. En distintos puntos del país también hubo medidas sobre rutas nacionales.
Un Solo Uruguay y la derecha social del reclamo
Un Solo Uruguay no aparece en este conflicto como observador externo. El movimiento respaldó públicamente la movilización de los transportistas autoconvocados y participó de las acciones contra la Guía Electrónica de Carga y el aumento de combustibles.
Ese dato permite leer el conflicto más allá del reclamo puntual. Un Solo Uruguay surgió como una expresión política del ruralismo empresarial, con fuerte discurso contra el Estado, contra la regulación pública y contra los gobiernos progresistas. Su agenda histórica estuvo marcada por la crítica al gasto público, las tarifas, los combustibles, los controles y las políticas estatales que buscan ordenar sectores económicos concentrados o semiformales.
También fue parte del campo social que defendió la Ley de Urgente Consideración en el referéndum de 2022. La LUC fue presentada por la derecha como una herramienta de orden, autoridad y libre circulación. En particular, sus artículos contra los piquetes fueron defendidos como respuesta a las medidas sindicales y sociales que cortaban calles, rutas o accesos.
Ese es el punto político de fondo: el problema nunca fue el corte en sí mismo. El problema, para esa mirada, parece depender de quién corta.
La LUC contra los piquetes, salvo que el piquete sea propio
La Ley de Urgente Consideración declaró ilegítimos los piquetes que impidan la libre circulación de personas, bienes o servicios en espacios públicos o privados de uso público. También habilitó al Ministerio del Interior a tomar medidas para preservar la circulación y el orden público.
Durante la campaña por la LUC, la derecha usó esos artículos para señalar a sindicatos, trabajadores organizados y movimientos sociales. El piquete fue presentado como abuso, desorden, presión indebida o ataque a la libertad de trabajo.
Hoy, sectores patronales del transporte hacen cortes, enlentecen rutas, ocupan accesos y presionan al gobierno desde la calle. La reacción política y mediática ya no tiene el mismo tono. No se habla con la misma dureza de “piquetes ilegítimos”. No se exige la misma aplicación de la ley. No se construye el mismo clima de alarma.
La vara cambia según el actor. Si protesta un sindicato, se invoca la autoridad del Estado. Si protesta una patronal cercana al bloque conservador, se habla de malestar legítimo, de pequeños empresarios, de trabajadores del volante y de reclamos atendibles.
La contradicción no está en que un sector reclame. Reclamar es parte de la vida democrática. La contradicción está en haber apoyado una ley para endurecer la respuesta contra los piquetes y después utilizar la misma herramienta de presión que se quiso penalizar.
Como te digo una cosa, te digo la otra: defendieron la LUC para disciplinar la protesta social, pero ahora hacen piquetes patronales para defender sus propios intereses.