El 31 de mayo, más de 41 millones de colombianos están habilitados para elegir presidente en una campaña atravesada por violencia política, denuncias de desinformación, disputa por las garantías electorales y una discusión que va mucho más allá de las fronteras del país.

Colombia ante una elección que supera la política interna

Colombia llega a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo con una pregunta de fondo: si el ciclo iniciado por Gustavo Petro encuentra continuidad política o si el país vuelve a quedar alineado con las fuerzas de derecha que buscan recomponer el vínculo estratégico con Washington.

La Registraduría Nacional fijó la elección presidencial para el domingo 31 de mayo de 2026, entre las 8.00 y las 16.00, y confirmó una tarjeta electoral con varias fórmulas, entre ellas Iván Cepeda y Aída Quilcué, Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas, y Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.

La dimensión del proceso es enorme. Según datos divulgados a partir del censo electoral, 41.421.973 ciudadanos están habilitados para votar dentro y fuera de Colombia. No se trata solamente de elegir al sucesor de Petro. En un país clave por su ubicación geográfica, su peso político, su historia de conflicto armado y su relación histórica con Estados Unidos, la elección también mide el rumbo de América Latina.

Violencia política, audios falsos y sospechas sobre el sistema

La campaña cerró en un clima pesado. La Misión de Observación Electoral registró 63 hechos de violencia en 21 departamentos contra campañas presidenciales, con afectaciones a sedes, propaganda, movilizaciones y equipos políticos. Las candidaturas de Cepeda, Valencia y De la Espriella aparecen entre las más expuestas en ese escenario.

A ese cuadro se sumó la circulación de un audio falso que buscó vincular a Iván Cepeda con disidencias de las FARC. Las autoridades colombianas señalaron que el material habría sido producido desde una cárcel y no desde una estructura armada. Petro pidió investigar si ese episodio formaba parte de una operación de desinformación más amplia, vinculada por él al llamado “Hondurasgate”. Esa denuncia debe tratarse con precisión: existe el hecho del audio falso y existe el pedido de investigación; las responsabilidades internacionales todavía forman parte de señalamientos que deben probarse.

También persisten cuestionamientos sobre el sistema de escrutinio y el rol de empresas privadas en componentes del proceso electoral. Ese punto no puede usarse livianamente para afirmar fraude antes de que ocurra la votación, pero sí abre una discusión democrática legítima: un Estado debe poder garantizar con plena trazabilidad, control público y auditorías claras la integridad de cada voto.

Cepeda, el Pacto Histórico y el balance del gobierno Petro

Iván Cepeda llega a esta elección como el candidato de la continuidad progresista, aunque con programa propio. El Pacto Histórico presentó “El Poder de la Verdad” como plataforma de gobierno 2026-2030, con cuatro revoluciones democráticas planteadas para profundizar el proceso iniciado en Colombia.

El oficialismo defiende logros sociales y económicos del período Petro. La Agencia Nacional de Tierras informó que la Reforma Agraria superó las 763.000 hectáreas adquiridas para el Fondo de Tierras y más de dos millones de hectáreas formalizadas. El DANE registró para marzo de 2026 una tasa nacional de desocupación de 8,8%, por debajo del 9,6% del mismo mes del año anterior.

Ese balance se convierte en una parte central de la campaña. Para el progresismo colombiano, la elección no se define solo por nombres propios, sino por la posibilidad de sostener una política de derechos sociales, reforma agraria, paz territorial y autonomía regional. Para las derechas, en cambio, el debate se ordena alrededor de seguridad, mano dura, crítica al gobierno de Petro y reconstrucción de alianzas internacionales más próximas al trumpismo.

El lugar de Washington en la elección colombiana

Colombia nunca fue un país indiferente para Estados Unidos. Durante décadas ocupó un lugar central en la estrategia de seguridad, inteligencia y política exterior estadounidense en América Latina. Por eso la disputa actual no puede leerse únicamente en clave interna.

El gobierno de Petro intentó mover a Colombia hacia una posición más autónoma, con mayor cercanía a gobiernos progresistas de la región y con una mirada crítica sobre la política antidrogas tradicional. Esa orientación chocó con los sectores que defienden una relación más subordinada a Washington y con las corrientes regionales de derecha que buscan reorganizar el mapa latinoamericano bajo el liderazgo de Donald Trump.

La elección colombiana queda entonces ubicada dentro de una pulseada mayor. Brasil, México y Colombia representan, con matices, un bloque de gobiernos que incomodan la restauración conservadora regional. Una victoria progresista en Colombia reforzaría ese eje. Una victoria de la derecha abriría otro escenario: más presión sobre Venezuela y Cuba, más alineamiento con Estados Unidos y un retroceso en la agenda social construida durante el ciclo Petro.